Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En pocos meses en Colombia se cumplirá la primera década de la firma del Acuerdo de Paz, que contempló diferentes estrategias para lograr la paz en los diferentes territorios del país. En los años siguientes a su firma, el Estado lanzó una estrategia para apalancar la inversión privada hacia los municipios más afectados por la violencia bajo el nombre de Obras por Impuestos (OxI).
Mediante este mecanismo, las empresas contribuyentes pueden destinar hasta el 50 % de su impuesto de renta para financiar proyectos sociales y de infraestructura. Estos proyectos, que son formulados por las entidades territoriales o contribuyentes y aprobados y vigilados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART), el Departamento Nacional de Planeación y los ministerios competentes, se desarrollan en municipios priorizados del país, entre los que se encuentran los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC).
Lo invitamos a leer: Cámaras registran antílopes “muy raros” en una región donde se creía que habían desaparecido.
Según cifras oficiales de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), este mecanismo, movilizó cerca de COP 3,1 billones entre 2022 y 2025 a estas regiones del país, lo que corresponde a un total de 387 proyectos en 274 municipios, con una participación total de 237 empresas que se vincularon al mecanismo. La mayoría de los recursos se destinaron a municipios PDET, donde se financiaron 218 proyectos por cerca de COP 2,2 billones. En los municipios ZOMAC, por su parte, se aprobaron 169 iniciativas que recibieron alrededor de COP 931.821 millones.
Para 2026, el Gobierno Nacional autorizó un cupo de COP 1,1 billones, y uno de los actores privados que busca consolidar la implementación de este mecanismo es Isagen, una de las principales empresas generadoras de energía de Colombia. En particular, para 2026, esta compañía se vinculó a 11 nuevos proyectos en 9 municipios, con un valor total cercano a los COP 150.000 millones, de los cuales aportará más de COP 35 mil millones.
Se trata de una evolución significativa si se tiene en cuenta que, entre 2023 y 2025, la compañía alcanzó un total de 9 proyectos aprobados en los departamentos de Antioquia y Tolima con una inversión global superior a los COP 80 mil millones, de los cuales Isagen ha aportado COP 54.500 millones; esto equivale al 64 % del total.
“Ha sido una apuesta de largo plazo, a la que esperamos darle continuidad, pues es un mecanismo ganador. No es solamente una inversión, sino que podemos direccionar qué se hace con este impuesto y saber que estamos contribuyendo al desarrollo sostenible y la calidad de vida de los municipios, así como a la construcción de paz”, sostiene Claudia Echeverri, directora ambiental en Isagen.
¿Puede una vía consolidar la paz?
En el municipio de San Carlos, ubicado en el oriente antioqueño, la vía que conecta al corregimiento de El Jordán y la vereda La Holanda ha sido para los habitantes de la zona históricamente una necesidad, como cuenta Santiago Daza, alcalde del municipio. El mal estado de la infraestructura vial, así como su susceptibilidad en épocas de lluvias, han complicado frecuentemente la movilidad en el sector.
“Este tramo vial, que actualmente es en tierra, suele deteriorarse gravemente durante las temporadas de lluvias, lo que dificulta la movilidad de los campesinos y el transporte de sus productos. Además, limita la conexión entre el Oriente antioqueño y el Magdalena Medio, afectando el intercambio comercial y la circulación de personas”, detalla Daza, alcalde de San Carlos.
Esta será una de las situaciones que se abordarán a través del mecanismo de Obras por Impuestos que, con un presupuesto de COP 55.000 millones y en el que participó Isagen como estructurador del proyecto, se avanzará en el mejoramiento de 6.1 kilómetros de este corredor vial para beneficiar a alrededor de 16.000 personas en esta zona del país, cuyas obras empezarán en los próximos meses y contarán, entre otras, con la financiación de empresas aliadas como Argos, EPM, Hidroituango y Mineros.
“Con la pavimentación se fortalecerá la integración regional, se facilitará el transporte de bienes, materiales de construcción y productos de consumo, y se impulsará el turismo en municipios como Doradal, San Carlos y Guatapé. También mejorará el acceso a servicios como la educación y la salud, beneficiando a las comunidades de la zona”, indica Daza, alcalde de San Carlos, que es el municipio del país en el que más se han aprobado recursos de este mecanismo.
“Algo clave para entender estos proyectos es que tienen que estar alineados con las necesidades de los municipios, en particular con sus planes de desarrollo. Vale señalar que muchas de estas prioridades fueron identificadas en el Acuerdo de Paz, y ahora se están implementando a través de este mecanismo”, explica José Leónidas Tobón, director de proyectos especiales de la Gobernación de Antioquia.
Lo cierto es que estos proyectos pueden enfocarse en distintos sectores, como saneamiento básico, energía, salud, educación pública, infraestructura vial, conectividad, iniciativas productivas y de infraestructura cultural y deportiva, entre otros. Según Tobón, Antioquia es uno de los departamentos en los que más tipos de proyectos se han implementado.
La mayoría de estos surgen de la articulación de diferentes actores, a través del apoyo que presta Proantioquia, una fundación empresarial que promueve iniciativas de desarrollo sostenible y fortalecimiento institucional en el departamento. En este se reúnen diferentes actores del territorio para estructurar y desarrollar bancos de proyectos a los cuales se pueden adherir actores del sector privado.
“El mecanismo tiene tres vías para presentar un proyecto, bien sea por el contribuyente, por los municipios o por la Gobernación. Y para esto es fundamental tener una plataforma de obras por impuestos que es coordinada por Proantioquia, en la que podemos saber a qué contribuyente le interesa qué proyecto y cómo lo vamos a articular en el territorio”, precisa Tobón.
Desde Isagen comentan que su entrada a este mecanismo ha sido progresiva. Empezaron en 2023 con cinco proyectos de dotación escolar en instituciones educativas y centros de desarrollo infantil en municipios de Tolima y Antioquia, junto a otros aliados. Desde entonces han participado en otros proyectos, en torno al mejoramiento vial; entrega de maquinaria amarilla; adecuación, construcción y dotación de centros de desarrollo infantil y dotación escolar.
Estos últimos, a través de alianzas con múltiples actores en el territorio, buscan enfrentar uno de los principales cuellos de botella del sistema educativo: la deserción escolar, a través del mejoramiento de los implementos, mobiliario, equipos y menaje de espacios como bibliotecas escolares para la promoción de la lectura, restaurantes escolares y laboratorios de física y química para la experimentación científica.
“En el desarrollo de estos proyectos es central el tema de cómo apoyamos a que los municipios sean sostenibles, y esto se logra con, por ejemplo, centros para la primera infancia con espacios en buenas condiciones, sanos, limpios y en condiciones ergonómicas que redundan en la salud de los más jóvenes”, sostiene Echeverri, de Isagen.
Desde la compañía sostienen que gran parte de la sostenibilidad de estas iniciativas , y su impacto en los territorios, está ligada con el respaldo institucional del Estado. “Cuando dotamos una escuela, no se trata de un elefante blanco, sino de una institución educativa que cuenta con profesores y estudiantes que necesitan mejoras en sus colegios”, agrega Echeverri.
A través de este enfoque, aseguran desde Isagen, los proyectos ejecutados entre 2023 y 2025 han beneficiado a más de 131.000 estudiantes, cerca de 2.800 niños en primera infancia y más de 65.000 personas en comunidades rurales de Antioquia y Tolima. Para los nuevos proyectos aprobados en 2026, se espera que estas inversiones impacten positivamente a más de 40 mil personas.
Prevenir desastres
Otro de los campos en los que ha incidido la compañía a través de este mecanismo es la gestión del riesgo de desastres. Según cifras del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, para finales de 2025 se habían presentado más de 621 emergencias, de las cuales más de 490 están asociadas a las lluvias.
Para hacer frente a esto, Isagen avanza en la ejecución de proyectos para la entrega de maquinaria amarilla en el departamento en los municipios de San Carlos, Alejandría, San Rafael y San Luis para mejorar la atención de emergencias, en particular en las zonas más alejadas del territorio.
“Para nadie es un secreto que la geografía del departamento es accidentada, lo que genera vulnerabilidades para múltiples centros poblados. Y en esto ayuda mucho la entrega de maquinaria amarilla, que al principio se pensaba que bastaba con tener bancos subregionales, pero que la experiencia ha mostrado que no es suficiente para la limpieza de quebradas y, entre otras cosas, la remoción de taludes”, afirma Tobón, de la Gobernación.
Lo que viene para las obras por impuestos
Isagen señala que actualmente la alternativa más utilizada es la fiducia —en la que los recursos no entran directamente al Estado, sino que se depositan en una cuenta bancaria manejada por entidades—, pero también se ha comenzado a implementar el mecanismo de convenio, el cual se considera una alternativa viable y complementaria para aplicar el mecanismo.
Podría interesarle: Las iniciativas comunitarias para conservar la naturaleza que surgieron tras el Acuerdo de Paz.
En concreto, de los 11 proyectos de Isagen para 2026, la empresa aportará a siete por fiducia y a cuatro a través de convenios con entidades nacionales como la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Educación, para la ejecución de proyectos en gestión del riesgo, mejoramiento vial y dotación escolar en los municipios de Granada, San Luis y San Rafael, en Antioquia, así como Norcasia en Caldas.
A ojos del alcalde de San Carlos, Santiago Daza, este mecanismo logra justicia tributaria y fiscal para municipios de sexta y quinta categoría. “Para mejorar, considero, es clave que se avance en decretos reglamentarios; se le da mayor fluidez al proceso y se abre la posibilidad de involucrar otros sectores de inversión que han venido reclamando participación, como el de vivienda, donde existen importantes necesidades por atender debido al déficit habitacional”.
Desde la Gobernación de Antioquia e Isagen aseguran, además, que se debería abrir una discusión en el país para que el mecanismo de Obras por Impuestos no solo se implemente en municipios declarados como más afectados por el conflicto, sino que se abra a más zonas del país con necesidades básicas insatisfechas y brechas socioeconómicas por atender.
