SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA QUE CONSTRUYEN PAZ

PDET

Foto: CORTESÍA

La magnitud global de los problemas ambientales se confirmó en el reciente informe de Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica que reportó el precario avance frente a las metas acordadas por los gobiernos en el año 2010, para detener la pérdida de biodiversidad. Según el informe, ninguna de las metas se logró y es necesaria una acción conjunta y coordinada entre varios sectores para revertir esa tendencia antes del año 2030.

A pesar de que las noticias no son muy alentadoras, el mismo informe señala que las soluciones basadas en la naturaleza, es decir, acciones para enfrentar desafíos del desarrollo mediante la gestión y la protección sostenible de los ecosistemas, combinadas con otras más tradicionales, tienen el potencial de generar desarrollo sostenible y evitar más pérdida de biodiversidad, así como el cambio en el clima hasta niveles intolerables para muchas especies, incluyendo la humana.

Abordar esa estrategia de protección ambiental con soluciones basadas en la naturaleza, sumando la adaptación y la mitigación del cambio climático y el uso sostenible de la biodiversidad, requiere al menos de tres cosas: en primer lugar, una agenda propia suficientemente legítima en la que concurra la voluntad nacional y local; en segundo lugar, una coordinación interinstitucional estrecha entre el desarrollo rural y la protección ambiental; y finalmente, contar con la financiación que permita la implementación de dicha agenda.

Colombia está, aún, en una buena posición para aportar a ese modelo de desarrollo que, en el marco de la recuperación económica, cumpla el doble propósito de mejorar las condiciones de vida de las personas y de proteger el medio ambiente, especialmente en esos territorios alejados del centro del país, con las mayores brechas sociales y económicas que, paradójicamente, presentan la mayor oferta de biodiversidad y servicios ecosistémicos, y las mayores oportunidades para mitigar las causas del cambio climático.

Esos lugares de grandes valores ambientales de Colombia son, en su mayoría, municipios en donde se ha priorizado la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que son, quizá, uno de los principales puntos derivados del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la antigua guerrilla de las FARC-EP. Estos son instrumentos de planificación y gestión participativa, que reflejan la visión colectiva de los actores del territorio para lograr la transformación real, integral, incluyente y sostenible en el tiempo, construidos participativamente entre las entidades estatales y las comunidades.

LOS MUNICIPIOS PDET Y SU IMPORTANCIA AMBIENTAL

En estos 170 municipios prioritarios para la paz, que cubren un área de 30 millones de hectáreas, es decir, el 34 % del territorio nacional, se encuentra, además, el 40 % de los bosques del país con casi 24 millones de hectáreas y el 79 % de las áreas que generan gran parte del recurso hídrico para cubrir las necesidades de los hogares, la industria y el campo. Estas características ambientales, entre otras, han llevado a que un poco más del 86 % del área de las zonas PDET tengan alguna figura de protección o de regulación de uso, siendo, por ejemplo, el 18 % de parques nacionales, el 8,9 % de manejo especial en la Macarena, el 22 % de reserva forestal, casi el 6 % declarado como reserva de la biosfera y más de un 28 % de territorios colectivos, afros o indígenas.

En contraste, estas zonas tienen también grandes retos ambientales como la deforestación. En 2019, el 83 % de las áreas reportadas con este problema correspondieron a municipios PDET. Y según el IDEAM, 9 de los 10 municipios de mayor deforestación, donde se concentra el 53 % del total nacional, son zonas PDET (San Vicente del Caguán, Cartagena del Chaira, La Macarena, San José del Guaviare, Mapiripán, Tibú, el Retorno, Riosucio y Calamar).

Esta deforestación ha contribuido al aumento de las emisiones de gases efecto invernadero causantes del cambio climático. En 18 municipios PDET, que históricamente han sido los de mayores emisiones, se producen cerca del 60 % de las emisiones totales del país.

¿CUÁL ES LA PROPUESTA AMBIENTAL DE LAS COMUNIDADES EN LOS PDET?

Al analizar los contenidos de los PDET es posible identificar una agenda ambiental local que, si bien pudo ser más ambiciosa, es, al menos, un punto de partida importante sobre el cual se puede construir un futuro más sostenible. La ventaja de apegarse a esa agenda PDET tiene que ver, entre otras cosas, con que su legitimidad ha sido bien reconocida no solo por los diferentes niveles del gobierno, sino también por las organizaciones de base territorial y comunitaria (aproximadamente 200.000 personas participaron en su construcción), y con que incluye opciones de desarrollo en el marco de la sostenibilidad.

Por ejemplo, de acuerdo a un análisis del PNUD, se ha encontrado que más de 7.000 solicitudes (21 % de las totales) hechas por las comunidades para atender los retos locales en el proceso de formulación de los PDET, pueden considerarse soluciones basadas en la naturaleza.

Entre ellas, hay más de 670 solicitudes relacionadas con programas de conservación, restauración, reforestación de fuentes hídricas y pago por servicios ambientales, 240 peticiones sobre emprendimientos de bienes y servicios de turismo, 200 propuestas para ampliar la cobertura de energía con fuentes no convencionales, cerca de 200 propuestas relacionadas con formulación o actualización de instrumentos de ordenamiento territorial; otro tanto que tienen que ver con resolución de conflictos de tierras, cerca de 250 relacionadas con la conservación y el uso de semillas nativas, autóctonas y criollas; entre otras más que tienen una relación directa o indirecta con la gestión ambiental.

Esta agenda ambiental de los 16 PDET tiene mayor peso en regiones como Alto Patía y Norte del Cauca, Putumayo, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, Montes de María y Chocó. Cada una de estas zonas es un tesoro ambiental de Colombia. Muchas de ellas reconocidas por el Instituto Humboldt como áreas del país con grandes reservorios de servicios ecosistémicos, entendidos como beneficios que las personas pueden recibir de la biodiversidad.

Ya se han dado los primeros pasos en varias regiones como ocurre, por ejemplo, en el área de manejo especial de la Macarena, donde a pesar de las adversidades y los rigores de la violencia, hay avances en procesos de restauración comunitaria, alternativas productivas como el turismo de naturaleza o la ganadería sostenible en marcha, bioconstrucciones con uso de materiales de bajas emisiones que generan entornos saludables y cómodos con el uso de energías renovables, desarrollados con el propio empeño de las organizaciones de defender su territorio y su legítimo derecho a elegir un futuro mejor. Esto, contando con el apoyo de instituciones como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Ambiente, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, alcaldías, universidades, centros de innovación y empresas.

El reto está en convertir estos pilotos de intervención en modelos de desarrollo territorial sostenibles que puedan ser escalados y replicados en muchas de esas regiones prioritarias para la estabilización de la paz y la protección ambiental. Esa es la única vía para evitar pérdidas irreparables de nuestro patrimonio natural.

¿CÓMO FINANCIAR LA AGENDA AMBIENTAL DEL PDET?

Colombia tiene cómo avanzar por la senda del desarrollo sostenible en esos territorios prioritarios para la vida en el planeta. Existe la voluntad de comunidades que ya han propuesto soluciones sostenibles, la institucionalidad creada para ponerlas en marcha y las fuentes de financiación para las cuales hay, al menos, dos caminos por explorar: el del impuesto al carbono y el que se abre con la reforma a las regalías.

Para septiembre de 2020, el recaudo del impuesto al carbono ascendió a $1,4 billones de pesos. Estos recursos deberían destinarse en un 100 % a programas de desarrollo bajo criterios de sostenibilidad ambiental de la siguiente forma: el 25 % al manejo de la erosión costera, la reducción de la deforestación y su monitoreo, la conservación de fuentes hídricas, la conservación de ecosistemas estratégicos, especialmente páramos; acciones en cambio climático y su respectivo monitoreo, reporte y verificación, así como al pago por servicios ambientales. El 5 % se destinará al fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y otras estrategias de conservación a través de la creación y la ampliación de áreas protegidas, manejo efectivo y gobernanza en los diferentes ámbitos de gestión.

El 70 %, que a la fecha asciende a un billón de pesos colombianos, se destinará a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y a la construcción de una paz estable y duradera, pero con criterios de sostenibilidad ambiental. Aquí es donde, claramente, la agenda ambiental y la de paz se conjugan para aportar al modelo de desarrollo que se requiere en esos territorios, según lo que las mismas comunidades han pedido en el marco de sus PDET.

El segundo camino por explorar es el que se abre con la actual reforma al Sistema General de Regalías (SGR) que, luego de nueve años, vuelve a asignar recursos con destinación específica al medio ambiente. De acuerdo con los cálculos del PNUD (BIOFIN 2020), esa asignación equivale a alrededor de $ 860.000 millones de pesos para el próximo bienio sin contar con el posible porcentaje adicional en caso de mayor recaudo.

Lo anterior, adicional a las otras fuentes existentes y al apoyo de la cooperación internacional que ha priorizado el trabajo en esos municipios PDET altamente biodiversos, conjugan un paquete importante de recursos importantes para desarrollar esas agendas ambientales en esos municipios.

¿QUÉ HACE FALTA?

Tres aspectos a destacar:

El primero es construir confianza, lo cual pasa necesariamente por procesos de rendición de cuentas, por el manejo transparente de los fondos públicos y por el cumplimiento de los acuerdos a los que se llegue sobre la gestión ambiental del territorio. Según la encuesta MAPS (PNUD/PRIO), realizada recientemente en municipios PDET, los mayores niveles de confianza los tienen las juntas de acción comunal y las autoridades indígenas. Es fundamental entonces apoyarse en ellos para construir colectivamente los lazos de confianza que tanta falta nos hacen en la gestión ambiental en esos municipios PDET.

El segundo aspecto tiene que ver con garantizar no solo la presencia de la institucionalidad ambiental, sino también su permanencia. Esa permanencia está fuertemente condicionada a las capacidades técnicas y operativas propias de esa institucionalidad, que como ellos mismos lo reconocen, es aún débil. Está condicionada a las capacidades para el cumplimiento de sus competencias, de forma que se asegure la sostenibilidad de sus esfuerzos hacia la construcción de nuevos modelos territoriales en las zonas PDET, y finalmente está también condicionada con la confianza en la aplicación correcta y justa de los instrumentos de comando y control.

Y el tercer aspecto que hace falta, como el informe global de diversidad bien lo menciona, es un alto grado de coordinación interinstitucional. La dimensión del reto va más allá de la acción del sector ambiental y las entidades territoriales. Se requiere el concurso y la sinergia con la institucionalidad del posconflicto, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia para el Desarrollo Rural, Agencia de Renovación del Territorio y la Agencia para la Reincorporación y Normalización Nacional.

La construcción de paz y la protección del ambiente conjuran en Colombia una unión indisoluble que hasta ahora ha tenido matices tensionantes. En los PDET están los puntos de encuentro en esas dos apuestas nacionales. Construir sobre ellos es el camino más efectivo para que Colombia cumpla los ambiciosos compromisos ambientales que ha acogido.