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Recientemente, en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se ha venido promoviendo un decreto para la formalización de un nuevo tipo de organización de los territorios vinculados con la producción agraria, denominados Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM).
Con estos espacios se busca promover la reforma agraria, así como prácticas agrícolas más sostenibles y ajustadas a las necesidades de cada territorio.
El objetivo de los TECAM es “dar las mejores y más fértiles tierras” a las familias campesinas, reconociendo su innegable contribución a la soberanía y seguridad alimentaria del país. Según el ministerio, los TECAM son una territorialidad campesina diferente a otras como las Zonas de Reserva Campesina, donde las organizaciones, asociaciones, cooperativas y comunidades podrán desarrollar con cierta autonomía planes de vida y desarrollo agrario que se adapten a sus necesidades.
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Como comenta Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura, “los Territorios Campesinos Agroalimentarios son una de las fórmulas de territorialidades campesinas para la transformación de la agricultura de la vida. Esto lo que significa es una posibilidad de un ordenamiento y una planificación participativa surgida desde las mismas bases campesinas, que permite hacer una activación de todas las políticas públicas y del sistema de reforma agraria”.
El propósito del decreto es crear territorios autónomos para garantizar la permanencia en el territorio, afianzar los sistemas agroecológicos, la soberanía alimentaria y la conservación de los ecosistemas; así como avanzar en el cierre de la frontera agrícola y la protección de las dimensiones económicas, sociales, culturales, políticas y ambientales del campesinado.
Los TECAM ya existían de facto en los municipios del Macizo, norte de Nariño (14) y sur del Cauca (3), y en departamentos como Arauca, Cesar y Bolívar. Aun así, hasta el momento no se había podido concretar su reglamentación. Esto último se logró con el apoyo del Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (DRET II), de la Unión Europea (UE), la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que asistieron técnicamente al ministerio en los lineamientos para la reglamentación.
De hecho, desde el 2021 el programa DRET II apoya a los ministerios de Agricultura y Ambiente en la implementación de las políticas públicas de desarrollo rural y medioambiente en Colombia, a través de la sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas y el intercambio de experiencias que aporten argumentos a un mejor diálogo entre la nación y los territorios, con una agenda interministerial.
¿De dónde surgen las TECAM?
En el país, desde hace varias décadas, vienen existiendo varias figuras para la organización de los territorios campesinos. Una de las más antiguas fue la creada por la Ley 160 de 1994 —una de las últimas apuestas normativas para reformar el agro en el país—, que planteó la figura de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), inicialmente enfocadas hacia zonas de colonización y predominio de baldíos.
Con el tiempo estas también se fueron planteando hacia zonas dentro de la frontera agrícola, como pasó en el caso de la ZRC de Cabrera (Cundinamarca), del valle del río Cimitarra (Antioquia y Bolívar), Montes de María II, los municipios de Guamo, Córdoba, Zambrano y San Juan Nepomuceno (Bolívar) y recientemente en Toguí (Boyacá) y Venecia (Cundinamarca).
Según explica Germán Cardoza, asesor del Ministerio de Agricultura que apoyó el desarrollo de la normativa para las TECAM, la figura de la Zonas de Reserva Campesina no se implementó de manera oportuna y eficaz en el país. “Por esta razón, a partir del 2010, el Coordinador Nacional Agrario, organización con más de 27 años de experiencia que reúne varias organizaciones regionales y locales, empieza a apostar por los territorios agroalimentarios, pues considera que las zonas de reserva campesina no reflejaban sus propósitos”.
Estos propósitos, de acuerdo con Cardoza, estaban relacionados con la agroecología, la producción propia y la defensa de los recursos naturales en los territorios. La idea permaneció congelada durante las pasadas administraciones y fue retomada por el actual gobierno que, tras una Convención Nacional campesina a finales de 2022, plasmó esta aspiración en el artículo 359 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 sobre reconocimiento, apoyo y fortalecimiento de otras territorialidades campesinas.
Luego de varios meses de concertación con el Coordinador Nacional Agrario y la participación de actores públicos o privados, gremios e instituciones, se llegó a una versión con algunos ajustes, en particular, para potenciar los componentes de reforma agraria, agroindustrialización y asociatividad en la normativa. “Estamos dejando más fuertes los componentes de reforma agraria, de compra de tierra, sobre todo aquellas fértiles y más productivas”, expone Cardoza.
Para llegar a este punto fue fundamental la asistencia técnica del programa DRET II, que aportó orientaciones y lineamientos de la estrategia relacionados con el desarrollo rural con enfoque inclusivo y focalizado hacia los jóvenes en los territorios. Además de esto, como destaca el Ministerio de Agricultura, se impulsó una mesa intersectorial con varias entidades para la articulación interinstitucional y la coordinación para la materialización de los objetivos de estos territorios en el país.
Un futuro prometedor
El plan inicial consiste en identificar, caracterizar, formalizar y reconocer otras territorialidades campesinas, entre ellas los territorios campesinos agroalimentarios, y consolidar el procedimiento para agilizar su constitución, reconocimiento y fortalecimiento. Este proceso será coordinado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
En Colombia ya existe una cartografía construida por el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali y el Coordinador Nacional Agrario que mapeó la distribución espacial de los TECAM en el país.
“El enfoque que tienen estos territorios es la protección de la agricultura con prácticas orgánicas sostenibles, que es, a fin de cuentas, la protección de la producción nacional agroalimentaria. Hoy gran parte de la despensa agrícola de productos y de la canasta básica familiar colombiana viene de estos territorios, que además son territorios excluidos, en donde se necesita concurrencia del Estado en toda la superación de las condiciones estructurales de pobreza”, explica la ministra Mojica.
Uno de los compromisos del Gobierno es crear un sistema de abastecimiento nacional con agrologística, compras públicas y circuitos cortos de comercialización donde se comprará un porcentaje las cosechas producidas en estos territorios para el funcionamiento de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ejército.
Una parte central de la estrategia será la entrega de dotación agrícola y un mayor acceso a créditos y bienes públicos rurales para que las comunidades puedan avanzar en la “comercialización, transformación, centros de acopio, fábricas de bioinsumos, harinas, concentrados, insumos, molinos, almacenamiento, plantas lácteas y de beneficio. Con estos elementos, la gente necesitará menos zonas deforestadas para sus actividades, y esto permitiría proteger el medioambiente y el desarrollo de otras actividades, como el turismo rural”, indica Germán Cardoza.
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En estos territorios, además, se buscará, mediante instrumentos de planificación y organización para el ordenamiento territorial, dirigidos por Comités de Reforma Agraria con efectiva participación social, brindar soluciones en términos de vivienda, vías terciarias, servicios públicos domiciliarios, educación, salud, conectividad digital, mejora de la infraestructura rural, extensión agropecuaria y empresarial, asistencia técnica y tecnológica, entre otros.
En los territorios hay gran expectativa ante esta medida, pues ya existe una petición formal entregada en presencia del presidente Gustavo Petro a la ministra de Agricultura, el 7 de marzo, en San Pablo (Nariño) para la declaración de un TECAM en ese departamento y en el Cauca. “Estos territorios tienen una gran importancia para la agenda del Gobierno nacional, por lo que esta representa para resolver las conflictividades ambientales en zonas estratégicas, por lo que representa la agricultura familiar campesina y la posibilidad de trabajar con asociaciones y comunidades organizadas de productores, que son una base importante para implementar la política de agroindustrialización”, concluye la ministra Mojica.