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Hace un mes, el Tribunal Administrativo de Santander emitió un fallo en el que reconoció al páramo de Santurbán, ubicado entre Santander y Norte de Santander, como sujeto de derechos.
En términos generales, el reconocimiento sobre este ecosistema, que abastece de agua a más de 2.3 millones de personas, implica que deberá gozar de una protección prioritaria por parte del Estado y las comunidades que lo habitan, con el fin de garantizar su conservación, mantenimiento y restauración.
Como contamos en esta nota, si bien el fallo fue celebrado por grupos ambientalistas de la región y el país, también generó inquietudes entre varios habitantes, principalmente por una orden que obliga a los municipios de Vetas, California y Suratá a ajustar sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT) para que excluyan las áreas delimitadas como páramo del desarrollo urbano, agropecuario o minero.
“Es un poco absurdo que la sentencia les dé seis meses a los alcaldes para que tomen medidas de protección, cuando hay una sentencia de la Corte Constitucional (T-361) que obliga al Ministerio de Ambiente a hacer una nueva delimitación y a garantizar la protección del Páramo, que lleva ocho años en proceso. Le están pidiendo a los alcaldes que hagan en seis meses, lo que el Ministerio no ha podido hacer en ocho años”, nos dijo en su momento Fabio Maldonado, director de Consotonorte, agremiación de empresarios, mineros, agricultores, ganaderos, campesinos y organizaciones de la provincia Soto Norte, en Santander.
Este jueves 21 de agosto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dio a conocer que presentó ante el Tribunal Administrativo de Santander “una apelación de carácter técnico y constructivo frente a la sentencia de primera instancia”.
En un comunicado publicado por la cartera, se aclaró que el ministerio radicó una solicitud de aclaración, pero que esta fue negada por el tribunal debido a que los aspectos técnicos solicitados no eran objetos de esa herramienta procesal.
“La apelación está acompañada de insumos técnicos que precisan los conceptos utilizados en la providencia, con base en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la evolución normativa y las figuras legales de protección de este ecosistema estratégico, esencial para garantizar la seguridad hídrica de la región y, en consecuencia, de la vida”, agregó el ministerio en su pronunciamiento.
En ese sentido, la cartera destacó ocho puntos claves de la apelación, la cual aclaró, “no representa una oposición al fallo, sino una herramienta jurídica y técnica para asegurar su correcta implementación y la protección efectiva del ecosistema”.
Entre los puntos claves, el ministerio pidió que se aclare que su tutoría recae sobre el páramo y que no se extienda a las “zonas de transición o amortiguación”, ya que estas categorías no están previstas en la norma ambiental. También solicitaron armonizar el fallo con los instrumentos vigentes, como la Zona de Reserva de Recursos Naturales de carácter temporal, declarada en marzo de este año.
El ministerio también solicitó modular los plazos e implementación de las órdenes, para que las medidas se adopten una vez culmine la delimitación participativa ordenada por la Sentencia T-361 de 2017.
“Santurbán tiene voz propia desde hoy. Es un símbolo del agua, la vida y la dignidad ambiental. Como ministerio asumimos el deber de cuidarlo con la fuerza de la ley y el compromiso político con el territorio”, apunto la ministra encargada, Irene Vélez Torres.
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