Parque Tayrona: documentos revelan la disputa y las investigaciones detrás de su cierre

Quienes estuvieron esta semana en el pabellón 4 de Corferias, en Bogotá, encontraron unos pasillos repletos de agencias de turismo que les recordaron el rol que juega el Caribe en ese sector que atrajo al país 6,5 millones de visitantes internacionales el año pasado. Entre los coloridos avisos, había varios stands con mensajes sobre Santa Marta. “Donde las puertas siempre están abiertas”, se leía en uno. “Turismo de naturaleza”, “turismo cultural”, señalaban otros.

Pero a más de 970 kilómetros de la “Vitrina Anato”, la feria más importante de turismo en Colombia, uno de los puntos que más atrae viajeros y que es un pilar fundamental de la economía samaria continúa cerrado: el Parque Nacional Natural Tayrona.

La “olla a presión” en la que se convirtió el Tayrona 一como prefiere llamarlo un antiguo funcionario de Parques Nacionales Naturales (PNN)一 , recibió 818.000 visitantes en 2025 y movilizó COP 330.000 millones, escribió en X la Alta Consejera para la Paz y el Posconflicto Santa Marta, Jennifer Del Toro. Una buena suma que, coinciden tres expertos en seguridad de esa región, es base fundamental de las finanzas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Para decirlo en las palabras de Leber Dimas Vásquez, director ejecutivo de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra Nevada (Pdibal), el turismo pasó a ser la tercera bonanza la Sierra Nevada de Santa Marta, después de la marimbera, en los años 80, y de la cocalera. Y el Parque Tayrona es “como una bisagra que no solamente atrae sino que distribuye el turismo hacia toda la región de la Troncal del Caribe. Al cerrar, resultan perjudicados los hostales, asociaciones, el comercio, los hoteles, restaurantes, el transporte público y las personas que viven del día a día” .

Otro experto en seguridad que conoce bien cómo operan los grupos ilegales en la región, y que pidió omitir su nombre, es más sintético: la red que hoy lidera las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada es “la empresa más rentable y que mejor funciona en todo el distrito de Santa Marta. Quien controla la Troncal del Caribe 一que conecta a los departamentos de Magdalena y La Guajira y por la que también se accede al popular Palomino一 controla la ciudad”.

“Y por eso es que a quienes nos están criticando por haber cerrado el Tayrona, yo les digo 一reclama un alto funcionario del Gobierno que está al tanto del operativo, pero pide reserva de su nombre一: es que no hay nada que les duela más a esos criminales que dejen de recibir todas las extorsiones que le cobraban tanto a los restaurantes como a los lancheros o a los que venden churros. La economía está muerta y les estamos diciendo: ‘Nosotros somos el Estado y tenemos la potestad de joderlos’”.

Nadie se aventura a dar una cifra precisa de lo que implica “joderlos”, pero frenar parte esencial de la estructura económica que controla el grupo armado, en la que cobran extorsiones por cada plato servido en los restaurantes o por cada persona que suba a Ciudad Perdida, “es quitarles algo de fuerza”, dice el funcionario.

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“Para que se haga una idea del poder de la participación de las Autodefensas Conquistadoras”, agrega otro de los especialistas en seguridad del Caribe que consultamos, “hasta tienen el monopolio de la venta de bebidas de esa región. Todo el que quiera vender cerveza o gaseosa, se las debe comprar a ellos. ¿O se le olvida qué pasó con D1 (en diciembre de 2024), cuando intentó abrir un almacén en Palomino? Los saquearon y los sacaron a tiros”.

En la otra cara de la moneda, sugiere Dimas Vásquez, no se puede desconocer que con el cierre hay cientos de familias que se han visto afectadas. “Cientos de ellas dependen del Tayrona para comer y subsistir”.

La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué, si esa situación de extorsión ha operado así desde la década de 1980 (“la gobernanza armada más longeva de Colombia”, la llama un analista, que también pide reserva de su nombre), ahora el Estado tomó la decisión de cerrar el Parque Natural?

“Porque estábamos cerca de perder el Parque. Y necesitábamos retomar el control”, responde el alto funcionario del Gobierno con el que hablamos. “Cuando empezaron a cobrar por ingresar a senderos al interior del Tayrona y a construir infraestructura dura, la situación cambió. Eso no se puede permitir, sobre todo en un Parque en el que han muerto funcionarios de la entidad”.

A lo que se refiere es a que en enero de 2004, grupos paramilitares asesinaron a Marta Hernández, entonces directora del Parque Tayrona. Y en esta oportunidad, dijo PNN el pasado 17 de febrero, han circulado amenazas contra guardaparques. Los han intimidado en los puntos de acceso e, incluso, les pidieron no portar sus uniformes después de tumbar varias construcciones no autorizadas dentro del área protegida.

Julia Miranda, quien fue directora de PNN durante 16 años y ahora es representante a la Cámara, lo ve de otra manera: dice que el Gobierno de Gustavo Petro perdió la gobernabilidad en el territorio y eso se ha reflejado en los Parques Nacionales Naturales del país. A sus ojos, el director de la entidad, Luisz Olmedo (con quien tratamos de conversar, pero no lo logramos), debería acudir a las instancias competentes para “ejercer control y proteger a los guardaparques, a los visitantes y a los investigadores. En vez de lograr el concurso de todas las autoridades para recuperar el Tayrona, prefiere cerrarlo dejándolo en manos de los criminales y cediendo la autoridad que tiene dentro del Parque Nacional”.

“Sí, eso no se puede negar”, señala, por su parte, el alto funcionario. “Hay una falta de gobernabilidad en los Parques Nacionales. Y si eso no existe, por más que metamos un batallón entero al interior del parque, los problemas van a continuar pasando”.

La investigación que dio origen al cierre del Tayrona

Luego de que el 11 de febrero funcionarios de PNN destruyeran las construcciones que se habían hecho en algunos puntos del Parque Tayrona (ver mapa), se empezaron a presentar bloqueos en algunas entradas principales, como en El Zaino y Neguanje. En medios de comunicación se popularizaron las declaraciones de dos personas: de Atanasio Moscote Gil, representante de la Asociación de Autoridades Tradicionales Kogui del Magdalena, y de Pablo Roberto Sánchez Hernández, Presidente de la Junta De Acción Comunal de la Vereda El Zaino, que se encuentra al interior del área protegida del Tayrona.

Sánchez Hernández señaló, a través de un comunicado, que el cierre había vulnerado los derechos fundamentales de los pobladores que “residen dentro del parque”. También que el cierre se había realizado sin “ningún proceso previo de información, concertación o diálogo” y que había sido “impuesto de manera unilateral”. Pedía “diálogo, respeto y concertación institucional, (...) justicia social y el cumplimiento estricto de la ley”.

Pero en sus declaraciones, Sánchez Hernández contó solo un pedazo de la historia. Un documento elaborado por PNN y conocido por El Espectador muestra que las tensiones con él y con las actividades que empezó a desarrollar al interior del Parque Tayrona, entre las que están esas construcciones que derribó la entidad, vienen de meses atrás y ya habían originado varias alertas de los guardaparques.

En ese Auto (005), del pasado 30 de enero, PNN inició una “investigación de carácter administrativa - ambiental” contra Sánchez Hernández por “haber violado la normatividad ambiental” al interior del Tayrona.

La historia había iniciado el 20 de noviembre de 2025. Ese día, se lee en el Auto, “Sánchez Hernández emitió un comunicado público en el que anunció de manera unilateral la apertura del caserío ‘Duñguinarrua’ y el desarrollo de actividades en el interior del PNN Tayrona, sin que dichas actuaciones hubiesen sido objeto de concertación o aval por parte de la autoridad ambiental”.

El 1 de diciembre, añadieron, la Asociación de Autoridades Tradicionales Kogui del Magdalena, representada legalmente por el señor Atanasio Moscote Gil, difundió otro comunicado en el que advertía sobre la reapertura del Sendero de las Nueve Piedras y el uso de la infraestructura en ese punto. Lo hacía, indicó el informe de PNN, sin concertar con la entidad y saltándose los acuerdos establecidos con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Era una intervención que, escribieron los funcionarios de PNN, “compromete la integridad ecológica del área protegida y contraría las medidas de manejo concertadas para la protección de valores espirituales, culturales y ambientales” del Tayrona.

Según PNN, desde la dirección del Caribe, hubo varias comunicaciones a las entidades de control y a las autoridades nacionales y le pidieron a Sánchez Hernández que se detuviera. También le recordaron que lo que estaba haciendo no estaba contemplado en el “Plan de Manejo del área protegida”. Su respuesta, de nuevo, fue que todas las acciones desarrolladas habían sido “orientadas, autorizadas y acompañadas” por Atanasio Moscote Gil, con quien PNN se comunicó el 19 de diciembre.

Sin embargo, se lee en el Auto, “las conductas irregulares no solo continuaron, sino que se ampliaron progresivamente”. Hubo cobro ilegal a carros por parquear en el sector Cañaveral y por ingresar a un sendero no permitido; ocupación de una zona de camping; ingreso de materiales de construcción y obras como “un kiosco contiguo a la infraestructura del Museo Chayrama, sin autorización ambiental”.

“Las acciones del presunto infractor han seguido un patrón progresivo de ocupación territorial (...) Este comportamiento demuestra reiteración, desconocimiento deliberado de la autoridad ambiental, y una clara intención de consolidar control material y económico sobre bienes y servicios del área protegida”, señaló PNN en Auto que dio inicio a la investigación.

Para PNN, esa forma de actuar debilita la autoridad ambiental y la gobernabilidad. Además, “expone a funcionarios y contratistas a tensiones, confrontaciones y escenarios de intimidación indirecta”, y “confusión en los visitantes, quienes creen estar realizando pagos legítimos”.

Pero la investigación no paró ahí. Como pudo constatar El Espectador, Sánchez Hernández ya fue denunciado ante la Fiscalía por los delitos de “contaminación ambiental e invasión de áreas de especial importancia ecológica”.

Esa denuncia, conocida por este diario y aún bajo reserva, indica que Sánchez Hernández ha construido infraestructura en los sectores de Parqueadero, Auditorio, ingreso al sendero Nueve piedras y al Camping Cañaveral, y que sus acciones han generado “vertimientos líquidos provenientes de instalaciones sanitarias con tanque séptico sin tratamiento adecuado, descargados directamente sobre la Quebrada Mazón, fuente hídrica que desemboca en un sitio sagrado de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta”.

También ha habido “tala de árboles, uso de productos químicos contaminantes y disposición inadecuada de residuos sólidos”, además, de presencia de gasolina y ACPM. En la denuncia le piden al Fiscal adoptar medidas cautelares inmediatas para garantizar la protección del PNN Tayrona y vincular a Sánchez Hernández a la investigación penal.

Una decisión que causó discordia

Al otro lado de la línea, Sánchez Hernández (que no hace parte de la comunidad indígena, sino campesina) reitera que es inocente de todo lo que se le acusa y que siempre ha hecho un llamado a PNN para “hacer un trabajo de manera conjunta. Lo que yo he hecho ha sido concertado con la máxima autoridad Kogui del Magdalena, el señor Atanasio Moscote Gil. Ellos son los dueños ancestrales del territorio”.

Según su versión, la historia es al revés: “PNN siempre hace acusaciones en contra de nosotros, que estamos dentro del área protegida y, además, me desconoce como presidente de la Junta de Acción Comunal El Zaino”.

Recuerda, además, que esa junta fue constituida de manera legal ante la “Secretaría de Gobierno” de la Alcaldía de Santa Marta en el año 2025, aunque su familia, según él, ha estado en esos predios desde la década de 1960.

La Alcaldía de Santa Marta confirmó a este diario que, efectivamente, la comunidad El Zaino “llevó a cabo todo el proceso organizativo” y cumplió “con todos los requisitos establecidos por la ley”, así que obtuvo “el auto de reconocimiento que la acredita formalmente como Junta de Acción Comunal”. Es una de las 50 Juntas de Acción Comunal que están en la zona rural de Santa Marta.

Pero para algunos abogados, una cosa es estar en la zona rural y otra permitir que se cree una Junta de Acción Comunal al interior de un área protegida. A Julia Miranda, exdirectora de PNN, por ejemplo, le parece “muy raro” que esté al interior del Parque Tayrona. “El parque no tiene habitantes. Hay operadores turísticos pero no hay población que viva en él. Ni siquiera de los cuatro pueblos indígenas (Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo). Es territorio ancestral de ellos pero no hay comunidad viviendo dentro del parque”.

Algo similar cree el alto funcionario del Gobierno con el que conversamos. “¡¿Cómo es que la Alcaldía de Santa Marta va a crear una Junta de Acción Comunal al interior del Parque?! ¡Eso no puede ser!”, protesta. “Ese fue el origen de este conflicto y eso ha desatado estas tensiones porque se sienten con la autoridad de tomar esas decisiones”.

Al consultar a PNN, la entidad indica que, según las normas colombianas, sí “pueden existir figuras como las juntas de acción comunal (...) en áreas aledañas al parque o, inclusive, al interior”.

Y pese a que Sánchez Hernández insiste que siempre le ha pedido el permiso a Atanasio Moscote Gil, representante de la Asociación de Autoridades Tradicionales Kogui del Magdalena, no toda la comunidad indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta ve en él a la persona indicada para tomar esas decisiones.

Jaime Enrique Arias, Asesor Mayor del pueblo kankuamo y del Consejo Territorial de Cabildos (CTC), el cual reúne a los cuatro pueblos de la Sierra Nevada, es claro cuando le preguntan por él: “Él no representa al CTC. Lo hemos invitado a reuniones pero no viene. Él es discriminador y es excluyente. Es un estratega y le gusta figurar y hacerse el importante. Varias veces lo han llamado al orden, pero él dice que le vulneran los derechos. Lo que nos recomiendan los mamos (máximas autoridades indígenas), en cambio, es no pelear públicamente sino resolver esos asuntos internos”.

Para Arias también fue un error haber permitido la creación de la Junta de Acción Comunal El Zaino y ahora teme que este nuevo capítulo desemboque en señalamientos y más tensiones entre las comunidades indígenas.

¿Qué viene para el Tayrona?

La otra pregunta que hoy todos se hacen es qué sucederá, entonces, con el PNN Tayrona. Al cierre de esta edición, las mesas de diálogo que se habían establecido y a las que asisten, entre otros actores, Atanasio Moscote Gil (a quien llamamos y escribimos, pero no logramos contactar), otras autoridades indígenas, la Alcaldía de Santa Marta, Parques Nacionales Naturales, los ministerios de Ambiente y del Interior y la Procuraduría, no habían llegado a ninguna conclusión.

Al preguntarle, la Alcaldía de Santa Marta prefirió dejar los pronunciamientos oficiales en manos de PNN, que, a su vez, optó por mantener la prudencia mientras establecen un acuerdo. Mientras avanza ese diálogo, fuentes cercanas a ese proceso le confirmaron a El Espectador que una posibilidad es que empiecen a autorizar la apertura del Parque Tayrona de manera escalonada.

Cuando eso suceda, una de las cosas que piden los expertos en seguridad de la región es que el Gobierno no retire el cuerpo de carabineros que hizo presencia en el Parque Tayrona desde la semana pasada, pues creen que la ausencia de fuerza pública en el lugar es uno de los factores que ha permitido que la autoridad la asuman las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, herederas de Hernán Giraldo.

Sin embargo, analistas como Lerber Dimas Vásquez, director ejecutivo de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra Nevada ( Pdibal), no cree que, una vez superado este episodio, la Autodefensas Conquistadoras vayan a dejar de “ejercer un control y la gobernanza armada sobre los territorios ni sobre el Parque Tayrona”.

Pese a que sospecha que el cierre del Parque no era algo que estuviera en los planes del grupo armado, no confía en que represente un gran cambio. “Aunque el Gobierno diga que no abrirá el Parque hasta que el grupo se comprometa a algo, ellos dirán: ‘Me comprometo’, pero será solo de palabra”, reflexiona. “El turismo es la pirámide económica que mueve tanto el motor del actor armado como la legalidad en el territorio. Pactarán unos acuerdos, definirán unos porcentajes y unos mecanismos de coadministración, y la situación seguirá tan ‘normal’ como ha venido funcionando desde los años ochenta”.

Para otros funcionarios del Estado, en cambio, puede ser una posibilidad para que haya nuevos consensos entre las comunidades indígenas divididas y se restablezca la “gobernanza”, pues, si hay otra cosa en la que concuerdan es que, ahora, más que nunca, la comunidad está bajo presión de actores armados que los “instrumentalizan” mientras las ACSN está sentada en la mesa de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.

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