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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció, por medio de un comunicado, la expedición de la Resolución 0799 de 2025, que reglamenta los Sistemas de Recolección y Gestión de Baterías Usadas Plomo-Ácido (BUPA).
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Según la cartera, la medida busca “prevenir la contaminación ambiental y proteger la salud pública frente a los riesgos derivados del manejo inadecuado de estos residuos peligrosos”, en particular por la exposición al plomo y al ácido sulfúrico que contienen estos artefactos.
Las baterías plomo-ácido, utilizadas principalmente en automóviles y motocicletas, cuentan con altos niveles de estas sustancias tóxicas, capaces de causar daños irreversibles al ambiente y a la salud humana si no se gestionan de manera adecuada.
La resolución establece que productores, comercializadores, usuarios y gestores tendrán responsabilidades específicas, y deberán garantizar la trazabilidad de las baterías a través de certificados de gestión emitidos por operadores con licencia ambiental.
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En el caso de los productores, estarán obligados a implementar sistemas de recolección, tanto individuales como colectivos; habilitar centros de acopio adecuados; realizar campañas informativas dirigidas a los consumidores; y cumplir con indicadores mínimos de gestión: 90 % para baterías de vehículos y 60 % para motocicletas.
Los comercializadores, por su parte, deberán recibir sin costo las baterías usadas, apoyar la logística inversa y brindar información en sus puntos de venta. En cuanto a los usuarios, tendrán que entregar las baterías únicamente a canales autorizados, evitando manipulaciones riesgosas o la entrega a terceros no certificados.
Finalmente, la resolución establece que los gestores deberán contar con licencia ambiental y emitir certificados de gestión bajo los parámetros definidos en la norma.
Para la ministra (E) de Ambiente, Irene Vélez Torres, esta resolución “representa un hito en la gestión de residuos peligrosos en Colombia. Con ella consolidamos una visión de economía circular, fortalecemos la trazabilidad de las baterías usadas y defendemos la salud de las comunidades vulnerables frente a la contaminación por plomo”.
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La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) será la entidad encargada de evaluar, aprobar y hacer seguimiento a los sistemas de recolección y gestión implementados por los productores. A su vez, las autoridades ambientales urbanas y regionales deberán reforzar el control en los establecimientos comerciales.
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