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Hoy, en Colombia se producen 2.376 megavatios (mW) a partir de fuentes renovables no convencionales, como el sol y el viento, que ya están conectados al sistema eléctrico y representan más del 10 % de toda la capacidad del país. Para que se haga una idea, esto es suficiente para darles energía a dos ciudades como Cali y Barranquilla, que suman más de 3,5 millones de habitantes.
Esta cifra, que hace parte del más reciente informe de SER Colombia —gremio que reúne a las empresas de energías renovables en el país—, superó la barrera de los 2.000 mW gracias a la entrada en operación de 14 proyectos durante el primer semestre de 2025. Además, si se suman los pequeños proyectos de generación que hay en empresas, veredas y barrios, como las comunidades energéticas, la cifra está por encima de los 3.000 mW.
“Superamos la meta del Plan Nacional de Desarrollo (PND)”, afirmó Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, quien celebró la noticia el miércoles en la noche. Al inicio del gobierno Petro se estableció el objetivo de cerrar el 2026 con 2.297 mW de energías renovables, meta que quedó en el PND y a la que se refería Palma. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro cambió esos planes en 2023, cuando pidió que la meta fuera más ambiciosa. Como respuesta, esa cartera lanzó la estrategia “6GW+”, buscando casi triplicar el objetivo inicial.
Aunque las cifras publicadas por SER Colombia dan un parte positivo, pues significa que el país ha incrementado 10 veces la capacidad de energías renovables que tenía en 2022, el balance es agridulce, pues las proyecciones del gremio indican que el país se quedará lejos de lograr los 6.000 mW en lo que resta de Gobierno.
En el mejor de los escenarios, con todos los proyectos que se encuentran en construcción y que se espera operen para 2026, se alcanzarían los 4.000 mW. El problema para avanzar al ritmo que se contemplaba sigue siendo el mismo que en 2022: los proyectos de energía eólica que se quiere construir en La Guajira siguen estancados y algunos trámites ambientales se demoran más de lo previsto.
La transición energética avanza contra el viento
De los 85 proyectos de energías renovables no convencionales que están funcionando en Colombia, tres son eólicos, uno genera energía a partir de materia orgánica (biomasa) y los 81 restantes son parques solares, que son el 98 % de este tipo de capacidad. Algunos de los más grandes son Guayepo III, en Ponedera, Atlántico, que empezó a funcionar durante los primeros meses de este año, y La Loma, en El Paso, Cesar, que entrega energía desde 2022. Los nueve proyectos que entrarían en operación antes de terminar el año también son solares. Así como la mayoría de los otros 12 que se esperan entre 2026 y 2027.
Que la transición energética esté siendo impulsada principalmente por energía solar tiene una doble cara. Es un buen síntoma por la cantidad de proyectos que han empezado a funcionar, pero también refleja “unos cuellos de botella importantes”, explica Alexandra Hernández, presidenta de SER Colombia. Se refiere a los 17 proyectos de energía eólica que están listos para construirse a lo largo de La Guajira, pero que no han podido iniciar obras debido a los conflictos entre las empresas, las comunidades locales y el Gobierno, lo cual ha generado que no se aprueben algunas licencias ambientales.
Como hemos explicado en diferentes artículos en El Espectador, la falta de aceptación social de muchos de los proyectos ha llevado a que las comunidades rechacen su construcción o pidan acuerdos para compensar los impactos que estos tendrían en su territorio. Para resolverlo, “es necesario ponderar las expectativas de las comunidades y fortalecer el acompañamiento integral del Estado, que también tiene que cumplir con unas obligaciones”, dice Hernández. Por ejemplo, en comunidades que no tienen acceso al agua, brindar este servicio es una obligación del Estado, pero que las comunidades ponen sobre la mesa en las negociaciones con las empresas, esperando una solución.
Una cifra del Instituto Ambiental de Estocolmo permite dimensionar el impacto que estos proyectos tendrían en la meta del Gobierno: solo contando los parques eólicos que debieron entrar en operación entre 2024 y 2025, excluyendo los de años anteriores que tampoco se construyeron, el país sumaría 2.900 mW, superando la capacidad que se ha logrado hasta ahora, casi toda con energía solar.
Pero, esto no solo es importante por cumplir la meta trazada en los planes de un gobierno, sino porque “según las cifras de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), se espera que haya un déficit estructural de energía en 2027. Para evitarlo, tendríamos que triplicar la capacidad actual de energías renovables no convencionales”, señala Hernández. El déficit, en términos simples, se da porque el país consume cada vez más energía y los proyectos de generación no están entrando en funcionamiento al mismo ritmo al que crece esa demanda.
El otro cuello de botella, según el gremio de empresas de energías renovables, está en los trámites de licenciamiento ambiental que se han estancado tanto en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) como en las Corporaciones Autónomas Regionales. El Gobierno tiene una idea para resolverlo que es bien vista por las empresas, pero no por las autoridades ambientales locales.
Simplificar las licencias ambientales
El Ministerio de Ambiente y la ANLA presentaron un proyecto de decreto, que quedaría en firme en las próximas semanas, con el que pretende reducir en “un 70 % los tiempos de aprobación para plantas solares entre 10 y 100 megavatios (mW)”, de acuerdo con la ANLA. Según cifras de SER Colombia, esto llevaría a que los trámites de esos proyectos pasen de alrededor de 200 días a unos 50 días para tener aprobación.
Para María Aponte, abogada y consultora sénior en Holland & Knight —firma de abogados que asesora a empresas del sector energético—, una iniciativa de este tipo podría “acelerar la entrada en funcionamiento de los proyectos de cara a la necesidad energética del país”. Pero la mera propuesta no garantizaría que se resuelva el problema. “Para lograr una reducción efectiva en los tiempos de trámite de licenciamiento ambiental, la ANLA debería fortalecer sus capacidades técnicas y administrativas, de manera que cuente con los recursos y el personal suficiente e idóneo para conocer de los trámites en un tiempo razonable”, añade la abogada.
El otro problema es que el trámite de las licencias ambientales para los proyectos de energías renovables de 10 a 100 mW es competencia de las CAR y no de la ANLA. Asocars —organización que reúne a las corporaciones ambientales del país— considera que el proyecto de decreto les resta facultades a las autoridades ambientales regionales, algo que debe hacerse mediante el Congreso y no desde el Gobierno. “Al centralizar y asignar de forma exclusiva a la ANLA facultades que por ley corresponden a las CAR, vacía de contenido su misión institucional, las convierte en simples espectadoras del ordenamiento ambiental y desnaturaliza el modelo descentralizado”, explican.
Además de la tensión por las funciones que tienen las autoridades regionales, Aponte piensa que, “a pesar de que en algunos casos la ANLA cuenta con mayores recursos técnicos en la toma de decisiones, transferirle las competencias de las CAR podría percibirse como una limitación a la participación ciudadana, considerando la ausencia de presencia en el territorio de la ANLA”, en donde sí hacen presencia las corporaciones.
De acuerdo con el informe de SER Colombia, las CAR son las autoridades que más acumulan procesos, con 55 trámites de proyectos de energías renovables pendientes de respuesta; mientras que en la ANLA hay ocho trámites pendientes. No obstante, la capacidad de los 55 proyectos que solicitaron licencia a las corporaciones es de 995 mW, mientras que los ocho trámites de la ANLA acumulan 1.159 mW.
Palma, ministro de Minas y Energía, defendió la iniciativa durante la presentación del informe como parte de un paquete de “medidas concretas que destraban proyectos” de energías renovables. Aun así, en Asocars insisten en que el proyecto es una “transgresión directa” a la autonomía de las corporaciones y solicitaron que sea archivado.
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
