8 Aug 2015 - 12:00 a. m.

Cómo reordenar la vida en un parque nacional

Por primera vez los pobladores de dos pueblos del Meta estigmatizados por la violencia, se sentaron a planear su territorio, a pensar cómo armonizar sus vidas en zonas protegidas.

Sergio Silva Numa

El sol abrasador de Uribe (Meta), ese pueblo que en Google aparece ligado a los campos minados, a las bombas, a los plomazos, a los helicópteros caídos y, por sobre todas las cosas, a las Farc, le produce a Alirio un sopor ineludible. A ratos lo esquiva saliendo de esa sala de diez por diez y techo de zinc en la que lleva dos horas conversando con unos cuarenta campesinos. Es medio día y cada tanto lanza unas sonrisas bonachonas con pizcas de incredulidad. “Pero todo esto vale la pena”, dice refugiándose en una sombra diminuta. “Es la primera vez que nos dan la oportunidad de organizar nuestro territorio después de muchísimos años y de muchísimos problemas. Usted sabe de qué hablo. Afuera todos lo saben también. Por primera vez nos están teniendo en cuenta y eso acá, en Uribe, es histórico”.

Alirio, presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos Ambientalistas de los parques Tinigua y Macarena (Acatamu), se refriega la frente para frenar un par de gotas de sudor. Está colorado. De sus poco más de 60 años, el 75% los ha vivido en ese municipio, a donde solo entra señal de Claro, donde cada tanto se va la luz y en el que dos, tres o cuatro militares patrullan cada esquina apoyados en fusiles galil 556.

La vida de este santandereano resume buena parte de la particularidad de estas tierras. Siendo aún adolescente se fue de Florián (Santander), embebido y embobado con los espejismos del Llano. Supo de la bonanza de las pieles de tigrillo. Supo de la marihuana y de la explotación maderera y del ganado.

Alirio, con sus maneras amabilísimas, supo también, hace muchos años, que todo eso estaba despelotando la selva. Incluso su casa de colono, su finquita de cien hectáreas que se abrió paso en el Parque Nacional Natural Tinigua. Claro, primero fue su casa y luego apareció el parque. A otros les pasó al revés.

“Soy consciente de que le hacemos daño. Por eso creamos la asociación. Tenemos reglas claras: ya no dejamos colonizar y está prohibido talar más de 10 hectáreas anuales. Allá, como es área protegida, no nos llega nada: ni salud, ni escuelas. Nada. Si solo me legalizan 30 hectáreas yo le devuelvo a la selva las otras 70”.

Su historia es la misma de cientos de colonos que llegaron al Meta hace décadas. Su trasegar y sus peleas con el Estado son igualitas a las que, como cuenta Beatriz Niño, abogada de PNN, se vive en 37 de los 59 parques de Colombia. En esas zonas, en las que nadie puede intervenir, hay cientos de familias que arribaron siguiendo el rumor de una tierra prometida o huyéndole a las metrallas. Eso implica que por estar ahí, en unos lugares que a toda costa deben ser resguardados, el Estado no les puede brindar servicios. Ellos, por su parte, no podrían cazar ni hacer proyectos productivos.

Ese, de forma muy resumida, ha sido un eterno tire y afloje en el que apenas ahora se empiezan a buscar las salidas. Unos reclaman leyes más flexibles, otros velan solo por la protección.

“Como se ordenó en 2012, hoy ya existe una mesa de concertación nacional con estos pobladores. La idea es crear una ruta concertada. Hay acuerdos como una relocalización voluntaria de esas familias en zonas aptas y en condiciones dignas. O hay desacuerdos como cambiar el régimen del uso de los parques. Algunos –como Alirio– quieren parques con gente”.

Pero Uribe tiene además varias particularidades: ha estado en medio de ciertos episodios que a los ojos de algunos no lo han dejado muy bien parados. Como la tregua del 84 que Belisario Betancur firmó con las Farc. O la zona de distensión en tiempos de Pastrana.

“Por todo eso es que Uribe fue sinónimo de guerrilla”, dice Alirio. “Teníamos ese estigma, cargábamos con él. Era tan fuerte que en un momento ya no querían ni bautizar a sus hijos. ¿Ser de Uribe? ¡No, ni por el putas! Eso era dañarle el futuro al niño. Pero ahora empezamos a ser un ejemplo en la protección del ambiente, en la construcción de paz”.

***

A Uribe llegamos un miércoles de junio. La avionetica destartalada que brincaba cuando se le atravesaba una nube nos dejó en la pista y huyó en una carrera corta. De ahí salimos a pie por un pequeño barrizal para comprobar por qué ese municipio estaba al borde de trazar una línea gruesa en su historia. Sus habitantes habían decidido hacer un alto para que, como contaba uno de ellos, los gobernantes no les volvieran a meter los dedos en la boca.

En términos técnicos, los líderes de este pueblo al norte del Meta estaban planeando su Esquema de Ordenamiento Territorial. En palabras simples, por primera vez les estaban dando la oportunidad de decidir cómo querían organizar su casa. Gracias a la ayuda de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, se habían reunido para pactar un documento que le sirviera de base a los próximos tres alcaldes para ejercer su gobierno. Para decidir qué o no hacer en torno a las necesidades reales. Hasta el momento los 8.813 habitantes se habían atenido a las órdenes de algún funcionario de escritorio en cualquier ciudad. Y estaban cansados. “MA-MA-DOS de bregar con los políticos”.

La importancia de ese evento sería otra si estas tierras no condensaran el conflicto y no tuvieran los ingredientes ambientales que las hacen únicas. Con sus más de 630.000 hectáreas, Uribe es parte de una zona estratégica que comprende cuatro parques nacionales naturales (Tinigua, Picachos, Sierra de La Macarena y Sumapaz). Una zona enorme, vastísima –3.891.790 hectáreas, 19 municipios– que el Gobierno creó en 1989 para algún día resguardarla y ordenarla. La llamó Área de Manejo Especial La Macarena (AMEM).

Parafraseando a Juan Carlos Clavijo, jefe del PNN Tinigua, este territorio es importante porque permite una conectividad genética entre miles de especies de diveros microclimas. Pero, como también repite Betsy Barrera, directora de la Corporación Autónoma del Macarena, todos los servicios ecosistémicos han estado truncándose por diversos factores. Porque el auge maderero empezó a acabar con la selva, porque la ganadería extensiva y los monocultivos se ha ido tragando el bosque, porque los proyectos de palma de aceite están atravesándose, porque aún está entre los que más cultivan coca, porque es una zona militar y económicamente estratégica y porque hay concentración de tierra.

Tanto se han menguado estos bosques que cuando el Ideam presentó los índices de deforestación en 2014 lanzó una alerta: en Meta, junto a Caquetá y Antioquia, está el 52,7% de la deforestación. Además, buena parte del departamento está dividido en bloques petroleros. Un pedazo está en exploración. Otro, más pequeño, en explotación.

“Llevamos muchos años luchando para titular las tierras”, admite Alirio. “Muchos creen que nos las van a quitar las multinacionales. Nuestro principal miedo son las petroleras. ¿Dejar que exploten donde está el agua y la fauna? No. Ni de vainas”. Lo que él espera, como todos, es crear una zona de reserva campesina. Esa, creen, es la fórmula para solucionar muchos de estos problemas.

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En las paredes blancas Alirio y sus compañeros, que bajaron al casco urbano en motos descuidadas y camperos trajinados, han ido pegando pliegos de cartulinas. En ellos está dibujado el mapa de Uribe con frases sueltas: “El 84% de las veredas no tiene electricidad”. “El 35% de las escuelas están en mal estado”. “Necesitamos vías”. “Somos el pulmón del mundo”.

El ejercicio puede parecer una simpleza. Pero, Edwin Torrejano, uno de los facilitadores de GIZ que lo guía, nos revela que detrás de ese último encuentro hay casi dos años de trabajo, de viajes a veredas apartadas. Años de diálogos con todo tipo de posiciones para volver a entablar la confianza. Porque, dice, “hay un largo historial de promesas incumplidas. Algunos jamás habían visto un funcionario del Estado”.

A sus ojos, estar ahí es histórico porque ningún municipio en Colombia les ha dado la oportunidad a sus pobladores de involucrarse de lleno en el ordenamiento de su casa. Es una rareza que el Departamento Nacional de Planeación ha visto con buenos ojos y busca la manera de replicarla.

Pero, ¿para qué? La reflexión de Edwin es sencilla: “Crear una visión colectiva para planear un territorio en los próximos doce años, no es otra cosa que hacer paz. Abrir un espacio de reflexión con autoridades y comunidades que coinciden en puntos como la conservación del ambiente, no es otra cosa que un ejemplo de paz”. Es darle una voltereta a esa despelotada historia del Meta.

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Al volar de Uribe a La Macarena se observan dos parques naturales: Tinigua y Sierra de La Macarena. Aunque su verde es tupido, de tanto en tanto aparecen trozos de selva mordisqueados.

La Macarena, el municipio, tiene unas condiciones similares a las de Uribe y por eso fue elegido por la GIZ como el segundo sitio estratégico para hacer los talleres. Su cercanía a Caño Cristales ha convertido su zona urbana en un centro de flotadores colgantes. De pantalonetas y shorts expuestos en los techos que compran visitadores con sombreritos de turistas.

En La Macarena, también tierra de colonos, de cocaleros, de zona de despeje y de cicatrices de la violencia, el taller se repite. Con más dificultades y más tropezones. Están, por ejemplo, los Nasa y los voceros de Ascal-G, una asociación campesina de vieja data que reúne 4.600 familias y que también se ha ideado mecanismos de protección ambiental. Con vedas, con sanciones. “Porque aquí los alcaldes no hacen un jopo. Todo, escuelas, puentes, lo hemos hecho nosotros”, comenta José Canchila, vocero.

El proceso parece duro, pero al final se suavizan. Toman nota. Comparten teléfonos. Prometen no dejar que el próximo alcalde ordene el territorio como le venga en gana. Prometen hacerle seguimiento.

Más o menos por estos mismos lados estuvo Rafael Pardo en 1987 cuando era consejero presidencial. En las escenas del documental La ley del monte, aparece hablando sobre el mismo problema: “La reserva de La Macarena es un problema jurídico, político y científico. Hay miles de colonos viviendo allá, pero hay también especies vegetales y animales únicas. Los colonos tienen la responsabilidad de cuidar los recursos de la sierra”.

De repente, en este municipio de soldados, de dos calles principales, se descuaja un aguacero torrencial. Las vías se inundan. Los mototaxistas se esconden. Llueve a cántaros. Las pantaloneticas de almacén apenas se mojan.

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