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“Estamos sorprendidos con lo que ocurrió. No entendemos por qué el Concejo se está oponiendo a la voluntad del pueblo. La gente está brava, inconforme. Es que le hemos dicho de mil maneras que queremos hacer una consulta popular para conocer si la gente quiere o no quiere minería. Si nos niegan la posibilidad de participar, nos niegan el derecho de decidir sobre nuestra tierra”, dice Gerardo Sandoval, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Águila, en Cajamarca, Tolima.
Sandoval, campesino cultivador de verduras y árboles frutales y representante de los cerca de 200 cajamarcunos que habitan su vereda, es uno de los líderes comunitarios que se han opuesto a que su municipio se convierta en la mina de oro a cielo abierto más grande de América Latina.
Sobre Cajamarca, específicamente en 515,75 hectáreas de montaña de las veredas La Luisa, La Paloma, La Bolívar y El Diamante, la minera sudafricana AngloGold Ashanti espera comenzar a excavar a 2020 La Colosa, mina de la que podría extraer unos 29 millones de onzas de oro.
El 13 de febrero, luego de una semana de audiencias públicas en las que se escucharon argumentos a favor y en contra de la idea de convocar una consulta popular para que los habitantes del municipio expresaran su aprobación o rechazo a la posibilidad de que entre la minería a su territorio, el Concejo municipal sometió la petición a votación interna.
Como resultado, 10 de los 11 concejales citados le dijeron no a la consulta. El presidente del cabildo, Ángel Bejarano, argumentó que después de recibir diferentes conceptos de parte de entidades públicas como la Procuraduría y los ministerios de Minas y del Interior, en los cuales se les informaba que podrían ser investigados si avalaban la consulta, el Concejo había decidido votar en su contra y pedirle al Presidente de la República que sea él quien la convoque.
“En diciembre fuimos citados por la viceprocuradora general, Martha Isabel Castañeda Monroy, a Bogotá. Viajamos nueve concejales de Cajamarca. Ella nos aclaró que, en términos legales, nosotros no podíamos convocar a consultas y nos advirtió que sólo el presidente podía. También nos dijo que había funcionarios de Piedras (Tolima) que estaban siendo investigados por haber promovido las votaciones allá y que a nosotros podría pasarnos lo mismo”, dice el presidente del Concejo.
El procurador, Alejandro Ordóñez, junto con otros funcionarios públicos, así como los presidentes del gremio minero, han defendido que, según el decreto 934 de 2013 y el artículo 37 del Código de Minas, los alcaldes y concejales no podrán tomar decisiones sobre el subsuelo de sus municipios porque éste le pertenece a la Nación.
En otras palabras, y para hablar de La Colosa, según esa norma, sólo el presidente de la República tendría el poder para decir qué se hace con los recursos naturales que se esconden bajo las fincas de 20.000 cajamarcunos que habitan el área de incidencia del proyecto.
“La Procuraduría ha elegido esta estrategia de intimidación, en la que habla de que se abrirán procesos disciplinarios, para entorpecer el avance de las consultas. Pero hasta el momento la consulta popular no ha sido restringida. La Ley de Participación y las normas constitucionales la respaldan”, dice César Rodríguez Garavito, miembro de Dejusticia, una de las organizaciones que participaron en las audiencias convocadas.
Lo que no entiende la gente en Cajamarca es por qué los concejales tomaron la decisión de negarles la posibilidad de opinar sabiendo que el decreto 934 fue demandado ante el Consejo de Estado por la Alcaldía Bogotá y por la Contraloría General, al considerarlo inconstitucional, y que en septiembre del año pasado el alto tribunal ordenó suspenderlo mientras los jueces emiten sentencia.
Además, los concejales sabían que hace un año la Corte Constitucional se refirió al artículo 37 del Código de Minas, reafirmó que el subsuelo y las decisiones sobre él en efecto le pertenecen a la Nación, pero, a la vez, le exigió a la Nación que las condiciones en que se ejecute cada proyecto extractivo deberán concertarse entre el Gobierno Nacional y el local.
Basados en esta exigencia de la Corte, y argumentando que la consulta popular es un mecanismo de participación legítimo, los líderes de movimientos ciudadanos y campesinos, acompañados de decenas de habitantes de Cajamarca, anunciaron que saldrán a las calles a protestar para exigir que sean tenidos en cuenta. “Esperábamos que el Concejo apoyara al pueblo; finalmente fuimos nosotros quienes lo elegimos. Esta conducta reafirma que detrás de todo esto existen intereses oscuros. Intereses políticos y empresariales”, dice Jimmy Torres, de la organización Conciencia Campesina.
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