Concesión turística en el Tayrona tendría los días contados
Tras el fallo del Consejo de Estado indígenas pedirán que se retire toda la infraestructura turística del Parque Nacional Natural.
Angélica María Cuevas Guarnizo
En 2005, a las cuatro comunidades indígenas que habitan el Parque Tayrona (Arhuacos, Wiwas, Kogui y Kankuamos) sí se les debió preguntar si estaban o no de acuerdo con que algunos de sus sitios de sagrados, de reunión o de tránsito se convirtieran en nodos de explotación turística administrados por privados.
Pero ese año la Unidad de Parques Nacionales no realizó ninguna consulta previa. Argumentando que en Cañaveral (la zona donde estaban construidas los 14 pequeños ecohabs que se entregaría en concesión) no habitaban indígenas, el Gobierno le entregó el poder de administrar una zona de playa, comedores, algunos senderos y la taquilla a la firma Unión Temporal Concesión Tayrona, cuyo socio mayoritario es Aviatur.
Pero el Gobierno se equivocó al ignorar la presencia indígena y este lunes, en una decisión considerada “histórica” por las comunidades, el Consejo de Estado ratificó la orden que Tribunal Administrativo del Magdalena entregó en febrero pasado: obligar a la Unidad de Parques Nacionales a realizar las consultas previas.
“Creemos en la justicia, este es un reconocimiento a nuestras diferencias culturales, a la diversidad. Nunca pensé que nos costaría tanto esfuerzo que reconocieran nuestros derechos”, dice emocionado el indígena Gelver Zapata Izquierdo, coordinador de Territorio Arhuaco en la Sierra Nevada. (Lea: Fallo prohíbe el turismo en sitios sagrados del Tayrona)
Durante años las comunidades tradicionales habían reclamado el derecho a ser reconocidos como habitantes de ese territorio e incluso demostraron que los ecohabs se construyeron muy cerca de un lugar sagrado conocido como Uleillaka (sitio donde vivía el mama Teiku con animales domésticos de varias clase) donde se realizan pagamentos.
Pero sólo hasta enero de este año, cuando estalló el escándalo por la posible construcción del hotel Los Ciruelos dentro de la reserva, esta petición llegó a los altos tribunales. A través de dos acciones de tutela -una contra de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y otra contra de la Unidad de Parques Nacionales Naturales- la presidenta del Polo Democrático, Clara López Obregón y la Fundación Misión Colombia, le pidieron al Tribunal Administrativo del Magdalena que se les respetara el derecho a la consulta a los indígenas.
En febrero el tribunal les dio la razón. Ordenó que se restringirá el acceso de turistas a seis sitios sagrados (incluyendo a Uleillaka) y que se detuviera la prestación de servicios turísticos en los ecohabs hasta que no se surtieran la consulta previa con las comunidades.
En su momento, Jean Claude Bessudo, presidente de Aviatur, suspendió los servicios y aclaró que la decisión de hacer consulta previa le correspondía a Parques Nacionales (que adelantó el negocio sin pedir este requisito) y no a la concesión. Por su parte, la Unidad de Parques Nacionales apeló la decisión del tribunal. (Lea: ¿En vilo concesión en el Tayrona?)
Este lunes finalmente el Consejo de Estado confirmó la sentencia al determinar que la entrega del Parque Tayrona a un concesionario privado quebrantó el derecho fundamental a la consulta que tienen las minorías étnicas y le entregó un plazo de 30 días a Parques Nacionales para que se reúna las opiniones de los indígenas sobre cómo los ha afectado el proyecto y cual sería la forma de compensar el daño. (Lea: Fallo del Consejo de Estado ordenó nueva delimitación al parque Tayrona)
Sobre el tema, la directora de Parques Nacionales evitó pronunciarse sin antes conocer los detalles del fallo. (Lea: ¿Qué le espera a Los Ciruelos?)
Por su parte, el proyecto turístico Los Ciruelos a través de Twitter apoyó que se abra consulta previa con comunidades indígenas locales del Parque Tayrona para que expresen su opinión con respecto a los proyectos ecoturísticos en la zona. “Beneficiar y obtener la aprobación de las comunidades locales e indígenas es uno de los objetivos principales de todo proyecto ecoturístico”, aseguraron.
‘No queremos hoteles en el Tayrona’
La presidenta del Polo Democrático, Clara Lopez, y el abogado y representante de la Fundación Misión Colombia, Alejandro Arias, aplaudieron el anuncio y coincidieron en que de esta manera se protegerán los territorios de quienes fueron los primeros habitantes de la Sierra Nevada.“De manera inexplicable Parques Nacionales apeló una decisión que busca defender los derechos de los indígenas. Esta es una lección para esa institución que quiso poner los intereses de particulares por encima de los intereses de las comunidades ancestrales. El Tayrona es un parque que no ha sido protegido de la manera adecuada y que es hora de decidir que las explotaciones turísticas se realicen por fuera de la reserva”, dijo Clara Lopez.
En esta última posición coinciden tanto el abogado Alejandro Arias como el líder indígena arahuaco Gelver Zapata Izquierdo. Después conocer las opiniones presentadas por los mamos y otras autoridades ancestrales durante este año –en el que se han realizado al menos cuatro encuentros de consultas previas citados por Parques Nacionales en cumplimiento del primer fallo-, tanto Arias como Zapata concluyen que los indígenas no permitirán que se renueve el contrato de concesión de los ecohabs (que vence en 2015) y que tampoco avalarán la presencia de infraestructura turística de alojamiento dentro del parque.
“El alto número de turistas sigue impidiendo que los indígenas vuelvan tranquilos a los lugares donde realizaban pagamentos, los indígenas van a decidir que los ecohabs no continúen”, asegura Arias.
Por su parte, el arhuaco Gelver Zapata admite que los indígenas no quieren infraestructura hotelera en el parque, “creemos que el área de la reserva no se diferencia de nuestras áreas de resguardo, y estos lugares deben estar bajo el cuidado de los pueblos indígenas. Si los sitios turísticos se trasladan afuera del parque nosotros estamos dispuestas a contribuir con el desarrollo de lugares que quieran preservar nuestros saberes tradicionales”.
Lea además dos editoriales de El Espectador al respecto:
En 2005, a las cuatro comunidades indígenas que habitan el Parque Tayrona (Arhuacos, Wiwas, Kogui y Kankuamos) sí se les debió preguntar si estaban o no de acuerdo con que algunos de sus sitios de sagrados, de reunión o de tránsito se convirtieran en nodos de explotación turística administrados por privados.
Pero ese año la Unidad de Parques Nacionales no realizó ninguna consulta previa. Argumentando que en Cañaveral (la zona donde estaban construidas los 14 pequeños ecohabs que se entregaría en concesión) no habitaban indígenas, el Gobierno le entregó el poder de administrar una zona de playa, comedores, algunos senderos y la taquilla a la firma Unión Temporal Concesión Tayrona, cuyo socio mayoritario es Aviatur.
Pero el Gobierno se equivocó al ignorar la presencia indígena y este lunes, en una decisión considerada “histórica” por las comunidades, el Consejo de Estado ratificó la orden que Tribunal Administrativo del Magdalena entregó en febrero pasado: obligar a la Unidad de Parques Nacionales a realizar las consultas previas.
“Creemos en la justicia, este es un reconocimiento a nuestras diferencias culturales, a la diversidad. Nunca pensé que nos costaría tanto esfuerzo que reconocieran nuestros derechos”, dice emocionado el indígena Gelver Zapata Izquierdo, coordinador de Territorio Arhuaco en la Sierra Nevada. (Lea: Fallo prohíbe el turismo en sitios sagrados del Tayrona)
Durante años las comunidades tradicionales habían reclamado el derecho a ser reconocidos como habitantes de ese territorio e incluso demostraron que los ecohabs se construyeron muy cerca de un lugar sagrado conocido como Uleillaka (sitio donde vivía el mama Teiku con animales domésticos de varias clase) donde se realizan pagamentos.
Pero sólo hasta enero de este año, cuando estalló el escándalo por la posible construcción del hotel Los Ciruelos dentro de la reserva, esta petición llegó a los altos tribunales. A través de dos acciones de tutela -una contra de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y otra contra de la Unidad de Parques Nacionales Naturales- la presidenta del Polo Democrático, Clara López Obregón y la Fundación Misión Colombia, le pidieron al Tribunal Administrativo del Magdalena que se les respetara el derecho a la consulta a los indígenas.
En febrero el tribunal les dio la razón. Ordenó que se restringirá el acceso de turistas a seis sitios sagrados (incluyendo a Uleillaka) y que se detuviera la prestación de servicios turísticos en los ecohabs hasta que no se surtieran la consulta previa con las comunidades.
En su momento, Jean Claude Bessudo, presidente de Aviatur, suspendió los servicios y aclaró que la decisión de hacer consulta previa le correspondía a Parques Nacionales (que adelantó el negocio sin pedir este requisito) y no a la concesión. Por su parte, la Unidad de Parques Nacionales apeló la decisión del tribunal. (Lea: ¿En vilo concesión en el Tayrona?)
Este lunes finalmente el Consejo de Estado confirmó la sentencia al determinar que la entrega del Parque Tayrona a un concesionario privado quebrantó el derecho fundamental a la consulta que tienen las minorías étnicas y le entregó un plazo de 30 días a Parques Nacionales para que se reúna las opiniones de los indígenas sobre cómo los ha afectado el proyecto y cual sería la forma de compensar el daño. (Lea: Fallo del Consejo de Estado ordenó nueva delimitación al parque Tayrona)
Sobre el tema, la directora de Parques Nacionales evitó pronunciarse sin antes conocer los detalles del fallo. (Lea: ¿Qué le espera a Los Ciruelos?)
Por su parte, el proyecto turístico Los Ciruelos a través de Twitter apoyó que se abra consulta previa con comunidades indígenas locales del Parque Tayrona para que expresen su opinión con respecto a los proyectos ecoturísticos en la zona. “Beneficiar y obtener la aprobación de las comunidades locales e indígenas es uno de los objetivos principales de todo proyecto ecoturístico”, aseguraron.
‘No queremos hoteles en el Tayrona’
La presidenta del Polo Democrático, Clara Lopez, y el abogado y representante de la Fundación Misión Colombia, Alejandro Arias, aplaudieron el anuncio y coincidieron en que de esta manera se protegerán los territorios de quienes fueron los primeros habitantes de la Sierra Nevada.“De manera inexplicable Parques Nacionales apeló una decisión que busca defender los derechos de los indígenas. Esta es una lección para esa institución que quiso poner los intereses de particulares por encima de los intereses de las comunidades ancestrales. El Tayrona es un parque que no ha sido protegido de la manera adecuada y que es hora de decidir que las explotaciones turísticas se realicen por fuera de la reserva”, dijo Clara Lopez.
En esta última posición coinciden tanto el abogado Alejandro Arias como el líder indígena arahuaco Gelver Zapata Izquierdo. Después conocer las opiniones presentadas por los mamos y otras autoridades ancestrales durante este año –en el que se han realizado al menos cuatro encuentros de consultas previas citados por Parques Nacionales en cumplimiento del primer fallo-, tanto Arias como Zapata concluyen que los indígenas no permitirán que se renueve el contrato de concesión de los ecohabs (que vence en 2015) y que tampoco avalarán la presencia de infraestructura turística de alojamiento dentro del parque.
“El alto número de turistas sigue impidiendo que los indígenas vuelvan tranquilos a los lugares donde realizaban pagamentos, los indígenas van a decidir que los ecohabs no continúen”, asegura Arias.
Por su parte, el arhuaco Gelver Zapata admite que los indígenas no quieren infraestructura hotelera en el parque, “creemos que el área de la reserva no se diferencia de nuestras áreas de resguardo, y estos lugares deben estar bajo el cuidado de los pueblos indígenas. Si los sitios turísticos se trasladan afuera del parque nosotros estamos dispuestas a contribuir con el desarrollo de lugares que quieran preservar nuestros saberes tradicionales”.
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