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Después de una enramada de discusiones y dilataciones, que se vienen dando desde inicios de este año, el Consejo de Estado le dio luz verde a la consulta popular minera en la capital tolimense. La decisión la tomó la Sección Cuarta, con ponencia del magistrado Hugo Bastidas, quien también pidió que se modificara la pregunta por considerar que “coarta la libertad del elector, es negativa sobre las actividades mineras y, además, no cumple con los requisitos de claridad, imparcialidad y objetividad”.
El Alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, con aval del Concejo municipal, decidió consultarles a los ibaguereños si están de acuerdo o no con la minería en sus territorios, teniendo en cuenta los impactos ambientales de esta actividad, con especial atención en el proyecto La Colosa donde la empresa Anglo Gold Ashanti espera extraer 33 millones de onzas de oro en Cajamarca.
La pregunta propuesta por Jaramillo era: “¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?”. Interrogante que iba a ser respondido el pasado 30 de octubre y fue aplazado por segunda vez.
En su defecto, el Consejo de Estado sugirió que la pregunta a someter a consulta popular debería ser: ¿Está usted de acuerdo SÍ o NO que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras?. Esto con el objetivo de que se de en un escenario más democrático donde los promotores de ambas partes puedan informar responsablemente sobre las ventajas y desventajas de la actividad minera en Ibagué.
La sentencia aclara que, de ganar el Sí, el resultado no puede frenar los proyectos mineros que actualmente se están desarrollando en el municipio, dado que la aprobación para su puesta en marcha fue concebida antes de la consulta popular, por lo que tendrán que respetarse las concesiones, permisos, autorizaciones y licencias otorgados hasta la fecha en el municipio. Los resultados de la consulta popular, agrega el ente, tendrán que ser "definitivos y de obligatorio cumplimiento".