La Corte Constitucional le ordenó al Gobierno a que en un plazo de máximo dos años deben crear una mesa de trabajo para "construir una investigación científica y sociológica en el cual se identifiquen y se precisen las conclusiones gubernamentales respecto a los impactos de la actividad minera en los ecosistemas del territorio Colombiano".
El alto tribunal criticó que el Gobierno haya construido “toda una política minera sin contar con los adecuados estudios técnicos, sociológicos y científicos que permitan evaluar los impactos que genera dicha actividad sobre los territorios”, asegura el fallo.
Esa fue la conclusión a la que llegó la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional en un fallo de tutela en el que, además, dijo que “los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera".
La mesa deberá ser constituida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio del Interior, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y la Contraloría General de la República, quienes podrán incluir a miembros de la sociedad civil y más entidades.