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Un grupo de investigadores se hizo una pregunta que es posible que muchos nos hayamos hecho: ¿cuánto le cuesta a la sociedad el impacto ecológico generado por las personas que más consumen en el mundo? Las respuestas se acaban de publicar en la revista Nature.
El estudio, liderado por investigadores de las universidades de Leiden y Oxford, parte de una premisa: el 10 % más rico de la población mundial utiliza una proporción desmesurada de recursos, genera más emisiones y ejerce una presión mucho mayor sobre los ecosistemas que el resto de la humanidad. Sin embargo, los costos derivados de esos daños suelen distribuirse entre toda la sociedad y, dicen, rara vez se reflejan en los precios que pagan quienes los generan.
Es decir, en esa lógica, cuando una persona compra un tiquete aéreo, consume determinados alimentos o utiliza combustibles fósiles para sus carros, buena parte de los costos asociados a las emisiones, la pérdida de biodiversidad o el agotamiento de recursos naturales termina siendo asumida colectivamente.
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Para estimar ese impacto, los autores analizaron la huella ambiental de ese 10 % de mayores consumidores y calcularon los daños asociados a cuatro dimensiones: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la alteración de los ciclos de nitrógeno y fósforo (fundamentales para el funcionamiento de los ecosistemas) y el uso excesivo de agua dulce. Luego asignaron un valor económico a esos daños utilizando una metodología que estima cuánto cuesta para la sociedad cada tonelada adicional de CO₂ emitida, cada ecosistema degradado o cada forma de contaminación ambiental.
Los resultados sugieren que el costo anual de esos daños oscila entre 1,7 y 5,7 billones de dólares (trillions, en inglés), lo que equivale a entre 2.300 y 7.500 dólares por persona dentro de ese grupo de altos consumidores.
Según los investigadores, esta cifra supera incluso las brechas globales de financiación que hoy existen para enfrentar dos de las mayores crisis ambientales del planeta: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. En otras palabras, si esos costos se trasladaran efectivamente a quienes los generan mediante impuestos o mecanismos similares, podrían movilizarse recursos comparables o superiores a los que actualmente faltan para financiar la transición ecológica.
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Uno de los hallazgos más llamativos es que la mayor parte de la “factura ambiental” no proviene del cambio climático. Entre el 47 % y el 56 % de los daños calculados está asociado a la pérdida de biodiversidad, mientras que entre el 36 % y el 45 % corresponde al calentamiento global.
Esto refuerza una idea que cada vez gana más espacio entre los científicos: aunque las emisiones de carbono concentran buena parte de la atención pública, la degradación de ecosistemas y la desaparición de especies representan una amenaza de magnitud similar, o incluso superior, para la estabilidad del planeta.
“El comportamiento de ese diez por ciento, como los viajes frecuentes en avión y los coches grandes, es lo que está causando el daño”, afirmó, citada en una nota de prensa publicada por la Universidad de Leiden, Inge Schrijver, una de las autoras. “Por lo tanto, existe una oportunidad para que los responsables políticos marquen la diferencia”.
Los autores concluyen que el consumo del 10 % más rico contribuye de forma desproporcionada a superar algo que los científicos llaman “límites planetarios”, una teoría que plantea que existen ciertos umbrales ecológicos que la humanidad no debería sobrepasar si quiere mantener condiciones ambientales estables. Entre ellos se encuentran precisamente el clima, la biodiversidad, el agua dulce y los ciclos biogeoquímicos.
En esa línea, los autores sostienen que sus cálculos ilustran el potencial de aplicar con mayor rigor el principio de “quien contamina paga”, una idea que busca que los costos ambientales de la actividad económica dejen de ser asumidos por toda la sociedad y recaigan, en mayor medida, sobre quienes los generan.
“El coste de los daños es muchas veces mayor que la cantidad de dinero que los gobiernos deben destinar a la financiación del clima y la biodiversidad”, afirmó Schrijver en la nota de prensa. “Si el contaminador pagara y ese dinero se invirtiera en soluciones, supondría una enorme contribución”. Aunque no se trata solo de dinero, reconoce Schrijver. “Lo más importante es prevenir los daños. Siguen siendo necesarias directrices y regulaciones más estrictas”.
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