Falta poco más de un mes para que en la amazónica ciudad de Belén, en Brasil, se reúnan los líderes mundiales de más de 190 países, así como cientos de científicos, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil que, durante 12 días, estarán discutiendo las acciones necesarias para hacerle frente a una de las tres crisis planetarias —además de la pérdida de biodiversidad y la contaminación— que amenaza a la humanidad: el cambio climático.
La 30.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), más conocida como la COP30, será especial por una razón: se espera que la mayoría de los más de 190 países que asistirán presenten las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), un documento que, pese a su nombre técnico, es clave en la lucha contra el cambio climático.
En pocas palabras, cada cinco años desde que se firmó el Acuerdo de París, en 2015, los países entregan este documento en el que presentan su plan para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para adaptarse a los cambios. Lo que se espera es que, a nivel global, las NDC de todos los países lleven a que el aumento de la temperatura global no supere los 1,5 °C para finales de siglo.
Hace unos días, en la Cumbre del Clima, que se celebró en el marco de la Asamblea General de la ONU, el Secretario General de la Organización, resaltó la relevancia de estos planes, al asegurar que “en los últimos diez años, el aumento proyectado de la temperatura global pasó de 4 °C a menos de 3 °C, si las NDC actuales se implementan plenamente. Ahora necesitamos nuevos planes para 2035 que avancen mucho más lejos y mucho más rápido”. La declaración de Gutérres fue complementada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien señaló que “sin el conjunto de las NDC, el planeta camina a ciegas. Solo con el panorama completo sabremos hacia dónde y a qué ritmo estamos yendo”.
Sin embargo, resalta Carola Mejía, Coordinadora de Justicia Climática, Transiciones y Amazonía de la Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática (LATINDADD), que de la mano de estos planes hay otro tema que no se puede perder de vista en la COP30: el financiamiento climático. “Los países se comprometen a temas de mitigación, adaptación y transición energética, siempre y cuando se garanticen los recursos financieros para poder lograrlo, sobre todo los países del Sur Global, que enfrentan problemas y limitaciones para acceder a ese dinero”, agrega la economista boliviana.
El asunto no será menor durante la cumbre de Brasil si se tiene en cuenta que la reunión en Bakú (Azerbaiyán), durante 2024, cerró con una nueva meta de financiamiento que decepcionó a varios de los países en desarrollo. Mientras estos últimos pedían 1.3 billones de dólares, los países más desarrollados, y quienes más han contribuido al cambio climático, proponían una meta de 300.000 millones de dólares que finalmente fue adoptada.
Para Margarita Flórez, directora de la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), si bien se reconoce una mayor provisión de recursos, teniendo en cuenta que la anterior meta establecida en 2009, era de 100.000 millones de dólares, “no es lo suficiente ni lo procedente de los países que más generan emisiones que contribuyen al cambio climático”.
Mientras ambas expertas esperan que en Brasil se presenten avances en temas financieros, que le permitan a los países de la región avanzar en la implementación de sus planes climáticos, recuerdan el complejo panorama que atraviesan las naciones de América Latina y el Caribe, al tiempo que presentan alternativas para un financiamiento climático más justo.
El “círculo vicioso” de América Latina y el Caribe
Desde hace algunos años, varios académicos e investigadores han calificado la situación de varios países en desarrollo, incluyendo la mayoría de las naciones de nuestra región, como un “círculo vicioso”, en materia de financiamiento y crisis climática.
Así lo explica el informe final de la ‘Revisión de Expertos sobre la deuda, la naturaleza y el clima’, publicado en abril de este año: “Las crisis y tensiones medioambientales, cada vez más frecuentes y graves, están obligando a muchos países a pedir más préstamos para financiar la respuesta a los desastres y la recuperación. Esas mismas crisis y tensiones limitan el crecimiento económico y los ingresos públicos, lo que reduce el margen fiscal para perseguir el desarrollo sostenible y pagar la deuda existente. Los riesgos relacionados con el clima y la naturaleza, el aumento de la carga de la deuda y la ralentización del crecimiento también contribuyen a encarecer los préstamos, lo que a su vez dificulta aún más sufragar los costos incrementales de un desarrollo climáticamente inteligente y positivo para la naturaleza”.
Esto, sin contar, como agregaron este grupo de científicos, convocados en 2023 por los gobiernos de Colombia, Kenia, Francia y Alemania, para que elaboraran una evaluación independiente, que los países de ingresos bajos y medios sólo representan una pequeña fracción del consumo y las emisiones de gases de efecto invernadero.
También hay que tener en cuenta que si bien hay una retórica alrededor de subir las metas de financiamiento, “esto es más una aspiración que una meta obligatoria, pues “hasta el momento nadie puede declarar un incumplimiento de los países y menos aplicar sanciones”, explica Flórez.
Para agregar un componente adicional al “círculo vicioso”, Mejía, de LATINDADD, menciona que estos países se ven presionados a seguir explotando sus recursos naturales, lo que en ocasiones contempla combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón o el gas.
Organizaciones como LATINDADD y AAS, entre otras de la región, han recopilado algunas cifras que permiten evidenciar esta situación en los países de América Latina y el Caribe. Un análisis del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) encontró, por ejemplo, que durante 2021 estos países recibieron poco más de 51.500 millones de dólares para financiamiento al desarrollo. Sin embargo, solo el 17.85 % de ese dinero se destinó a iniciativas para combatir el cambio climático, mientras que solo el 2.15 % fue para la protección de la biodiversidad.
A esta limitación de los recursos para el financiamiento climático se suma que la mayor parte de los recursos llegan en forma de préstamos. Según Flórez, hasta “el 91% del financiamiento llega vía préstamos, lo cual conduce a aumento de la deuda externa e interna de los países”. De acuerdo con un reporte de LATINDAAD, el 81% del dinero que reciben los países de la región llega de esta manera, “lo que incrementa la deuda de manera muy injusta”. En ese mismo análisis, la organización resaltaba de algunos países como Colombia, donde el 20 % del presupuesto anual se destina al servicio de la deuda, frente al 0.5 % al gasto ambiental. En otras naciones, como Perú y Surinam, por mencionar un par de ejemplos, esta proporción es del 33 % frente al 1 %, y del 18 % frente al 1.70 %, respectivamente.
Para terminar de completar este complejo panorama, la economista Mejía llama la atención sobre una problemática adicional. En la región, dice, “se está priorizando el tema de la mitigación y no así los de adaptación, que deberían ser la prioridad en países altamente vulnerables como lo son los de América Latina y el Caribe”. En el informe de 2021, GFLAC encontró que de los 9.208 millones dólares que se destinaron para el cambio climático en la región, 6.191 millones se destinaron a actividades de mitigación, solo 2.414 millones fueron a estrategias de adaptación, mientras que 600 millones se invirtieron en iniciativas transversales.
Del “círculo vicioso” a uno virtuoso
¿Cómo transformar ese círculo vicioso de la relación entre la deuda, la conservación de la naturaleza y la acción climática, en un círculo virtuoso? Esa es la pregunta que tienen, entre otros, los expertos que elaboraron el informe de este año, e investigadoras como Mejía y Flórez. En la búsqueda de las respuestas, sin embargo, advierte la economista boliviana, hay que evitar las que considera “falsas soluciones”.
Desde la red en la que trabaja Mejía han puesto la atención en los mercados de carbono y en el canje de deuda por clima y naturaleza. Esta última, una alternativa que ha sido planteada de manera reiterada por el actual Gobierno de Colombia en diferentes escenarios internacionales.
Saltándonos varios detalles, los mercados de bonos de carbono buscan compensar las emisiones de una determinada cantidad de dióxido de carbono (CO₂), a través de su remoción o captura de la atmósfera por parte de bosques conservados o plantados. Esos mecanismos, apunta Mejía, “lo que hacen es darles a los grandes contaminadores la oportunidad de compensar sus emisiones de gases contaminantes si pagan por ellos, entonces no hay un incentivo a que reduzcan sus emisiones en la proporción que se requiere”.
Mientras tanto, el canje de deuda se entiende como una negociación entre un país deudor y su acreedor para que se reestructure una parte o la totalidad de la deuda que, idealmente, incluya la condonación de ese porcentaje. El dinero liberado debe ser invertido por parte del país deudor en la acción climática. En mayo de 2024, LATINDAAD publicó un análisis sobre el caso del canje de deuda de Galápagos, en Ecuador, “la conversión de deuda por naturaleza más grande del mundo”, según los bancos multilaterales que participaron de la operación. “Hemos visto que son sumamente insuficientes, no resuelven los problemas de endeudamiento y tampoco el acceso a financiamiento climático o para conservación”, resume Mejía sobre los hallazgos de la red.
Entonces, ¿qué hacer? La economista boliviana plantea tres ideas que pueden aportar a la transformación del círculo vicioso. La primera tiene que ver con la deuda, pero no para canjearla, si no para cancelarla, “sobre todo la de los países altamente vulnerables a la crisis climática”, dice la investigadora. De hecho, continúa Mejía, 2025 podría ser un buen momento si se tiene en cuenta que la Iglesia Católica declaró este año como el Jubileo, una tradición histórica que está vinculada al perdón y la condonación de la deuda y que, inspirada por el Papa Francisco, espera centrar el debate en la búsqueda de soluciones urgentes a la actual crisis de endeudamiento de los países más pobres.
La segunda vía podría ser la fiscal. Brasil, resalta Mejía, en el marco de la presidencia del G20, propuso cobrar impuestos a los ‘superricos’, que a su vez son quienes más contaminan frente a los grupos de la población con menores ingresos. Las empresas que explotan combustibles fósiles también deberían entrar en estas exigencias, agrega la economista, si se tiene en cuenta que “en este momento no pagan ni un peso para combatir la crisis climática”.
Finalmente, señala Mejía, desde LATINDAAD están promoviendo instrumentos que no son parte de la arquitectura de financiamiento climático. Se refiere, en particular, a las emisiones de derechos especiales de giro (DEG). Estos son un activo de reserva internacional creado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) hace medio siglo para complementar las reservas oficiales de sus países miembros. La última asignación, que también fue la mayor, se realizó en agosto de 2021 y tuvo por objeto “satisfacer la necesidad mundial de reservas a largo plazo y ayudar a los países a hacer frente a los efectos de la pandemia de COVID-19”. La idea, propone la economista, sería que estas emisiones se dieran también en el marco de la acción climática, aunque mejorando los criterios de distribución, para que se vean beneficiados en mayor medida los países del Sur Global.
Mientras estas alternativas se discuten e implementan, la atención de organizaciones como LATINDAAD y AAS durante las próximas semanas estará puesta sobre Belén. En materia de financiamiento climático, Mejía y Flórez tienen expectativas sobre los resultados de la ‘Ruta de Bakú a Belén’, un proceso liderado por los presidentes de las COP 29 y 30, en el que se discuten alternativas para escalar los recursos hasta los 1.3 billones de dólares por año, una cifra que corresponde a las necesidades que tienen los países en desarrollo.
“A pesar de los daños que están a la vista de la ciudadanía, y que impactan la vida y la economía, todavía se considera que la inclusión abierta y activa de variables climáticas en los planes de desarrollo constituyen un obstáculo para el desarrollo”, concluye Flórez, directora de AAS.
* Este texto hace parte de una alianza entre El Espectador y Ambiente y Sociedad.
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