En Colombia, cuando se habla de desplazamiento forzado, se puede pensar, por lo general, en su relación con el conflicto armado. Pero desde hace años se ha buscado incluir otro factor en esa conversación: el cambio climático. Académicos, políticos, comunidades y organizaciones de la sociedad civil han llamado cada vez más la atención sobre el impacto que tienen la degradación ambiental y los desastres, como los deslizamientos o las inundaciones, en la movilidad humana.
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Sobre este tema, Colombia acaba de sentar un precedente. Se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer normativamente el desplazamiento forzado interno por causas asociadas al cambio climático. Luego de varios intentos, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en cuarto debate, hace unas semanas, la ley que busca proteger a quienes han tenido que abandonar sus hogares debido a motivos relacionados con el clima.
El representante a la Cámara Duvalier Sánchez (Alianza Verde), uno de los autores de la iniciativa, dijo durante su aprobación que con ella se “reconoce una realidad que el país ya está viviendo y obliga al Estado a actuar con responsabilidad frente a las familias que pierden todo por causa de la crisis climática”.
Por su parte, la representante Julia Miranda (Nuevo Liberalismo), la otra autora del proyecto, cuenta que no fue fácil sacarlo adelante, pues la agenda en el Congreso estaba abarrotada a finales del año 2025. No obstante, afirma que se escucharon y se discutieron las sugerencias de sus pares. “Estamos muy satisfechos”, subraya. “Creo que los congresistas de todas las bancadas reconocieron que es una ley que necesita el país y la apoyaron”.
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La normativa contempla crear un Registro Único de Desplazados Climáticos, coordinado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), para identificar, caracterizar y hacer seguimiento a las personas afectadas. Además, dicta que el Gobierno Nacional debe formular una política pública específica para prevenir, atender y dar soluciones duraderas a este tipo de desplazamiento.
Tanto Sánchez como Miranda han reiterado que, aunque el Estado responda a emergencias por desastres, no existía, hasta el momento, un marco jurídico claro para el seguimiento, la protección y “soluciones de fondo”. A ojos de Sánchez, la ley busca cerrar esa brecha.
Ponerse de acuerdo
Un reciente informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reveló que en la última década los desastres relacionados con el clima han generado alrededor de 250 millones de desplazamientos internos, lo cual equivale a unos 70.000 desplazamientos diarios.
“Las condiciones meteorológicas extremas están poniendo en mayor peligro la seguridad de las personas, están interrumpiendo el acceso a los servicios esenciales, destruyendo hogares y medios de vida y obligando a las familias (muchas de las cuales ya han escapado de la violencia) a huir una vez más”, comunicó en noviembre pasado Filippo Grandi, jefe de la agencia.
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Mauricio Madrigal, especialista en incidencia política para el desarrollo de WWF Colombia, es una de las personas que desde hace más de 10 años viene analizando este asunto. “Una de las apuestas iniciales fue no hablar de ‘desastres naturales’, sino de ‘desastres’. Lo que buscamos es una responsabilidad jurídica frente a un hecho que está vulnerando los derechos. Para nosotros el simbolismo importa”.
A lo que se refiere el especialista es a una antigua discusión del sector ambiental: calificar los desastres como “naturales” puede dar la idea de que no era posible evitarlos, reduciendo la responsabilidad del Estado en cuanto a su prevención.
“Somos muy insistentes en que al decir que son “naturales” estamos desconociendo la desigualdad estructural en términos económicos, políticos, entre otros aspectos, que influyen en que, cuando se presentan desastres, algunas personas se afecten y otras no”, agrega, por su parte, Andrés Aristizábal Isaza, abogado miembro del Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales (Celeam). Sin embargo, sobre este punto no se llegó a un consenso en la ley que aprobó el Congreso, pues continúa denominándolos “desastres naturales”.
¿Qué sigue?
Para Madrigal la normativa es un primer paso en un largo camino que queda por recorrer. Aunque reconoce la importancia de la iniciativa, menciona algunos retos y limitaciones. Por un lado, habla sobre los obstáculos para crear el Registro Único de Desplazados Climáticos.
El abogado explica que, generalmente, en este fenómeno se presenta una multicausalidad, es decir, que pueden darse al mismo tiempo otros factores, como la violencia o el empobrecimiento. “Es muy difícil que las personas que padecen este desplazamiento, es decir, que se mueven de manera forzada por el cambio climático, identifiquen que esa es la razón principal”.
Por otro lado, el especialista subraya que es clave contar con estrategias y delegar responsabilidades ante los desastres. Antes de que ocurran, apunta, se requiere una gestión del conocimiento, acceso a la información y participación de las comunidades en la toma de decisiones. Durante los desastres, señala, es necesario lo básico: alimentación, agua potable y asistencia rápida, efectiva y continua. Y después, dependiendo de la magnitud de cada evento, se debe implementar la reubicación y las garantías para una vivienda digna.
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Sin embargo, Madrigal afirma que la ley no presenta una caracterización en esas distintas etapas, ni establece, de manera clara, las competencias que deben cumplir las autoridades. “El aparato se debe mover de una forma más estructural”, opina el abogado.
En ese proceso es fundamental un enfoque de derechos humanos, tal como lo dispone la Sentencia 123 de 2024 de la Corte Constitucional. El fallo, que muchos calificaron como histórico, reconoció la existencia del desplazamiento forzado por factores ambientales en Colombia, luego de que Ana Librada Niño y José Noé Mendoza, mayores de 60 años, tuvieran que abandonar su hogar, cultivos y ganado en Saravena, Arauca, por las continuas crecientes del río Bojabá.
En abril de 2024, el alto tribunal se pronunció sobre el caso, amparando los derechos fundamentales a la vivienda digna, trabajo, mínimo vital y alimentación de esta pareja. Entre otras cosas, exhortó al Congreso y al Gobierno a desarrollar el marco normativo y poner en marcha la política pública sobre este tipo de desplazamiento.
Madrigal plantea que habría que fortalecer la articulación entre el sistema de gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático. “Tendrían que tener una bisagra, que nos permita que esa política pública no sea solo de atención a las personas para la reparación, que igual es importantísimo. Pero hay que ir al inicio, de una manera preventiva, y hablar de un ordenamiento ecológico del territorio para unas soluciones duraderas y que esto no vuelva a ocurrir. Si no, ese registro (de desplazados climáticos) se va a triplicar en los próximos 20 años”.
Aristizábal, del Celeam, dice que la ley recién aprobada es una oportunidad y un buen mensaje para la región. No obstante, coincide con Madrigal en que conlleva grandes retos. En principio, se refiere a la incertidumbre por quién llegará a la Presidencia y que la política pública pueda responder a lineamientos específicos del gobierno de turno. “Va a obedecer más a una política partidaria que a un proceso colectivo de construcción”, menciona.
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Incluir a las comunidades
Ambos abogados destacan la importancia de la participación de la población civil en estos temas. “Quienes saben cómo se gestiona el riesgo son las personas que, cuando está lloviendo tienen que monitorear el río, o las que pintan sus barrios con señales para que los mayores puedan salir si hay una tempestad, un desbordamiento o caída de rocas”, afirma Aristizábal. “Ellas son quienes realmente nos tendrían que dar luces en torno a cómo realizar esa política pública”.
Pone como ejemplo un caso que desde hace tiempo ha acompañado en el sur de Riohacha, en La Guajira, donde la comunidad wayuu ha sido testigo de la erosión costera que se da, entre otras razones, por el aumento del nivel del mar. La situación ha arrasado, poco a poco, con árboles e incluso con viviendas, y ha comprometido los medios de vida de familias que se han visto obligadas a desplazarse. Allí, Clarena Fonseca Uriana, mujer indígena, ha realizado mediciones con herramientas básicas como un metro, para estimar cuánto han retrocedido las playas de su territorio.
Aristizábal destaca estas formas de ciencia ciudadana e insta a incluirlas en las decisiones. “Cuando se convive con el riesgo, se empiezan a generar protocolos de autocuidado, y estos son una muestra grandísima de lo que puede hacer el Estado para crear algo que responda de manera efectiva”, dice.
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Madrigal lo pone de manera similar: “Desde la gestión comunitaria del riesgo se han generado conocimientos muy potentes y algunas personas de la academia han mapeado, han coproducido información con estas redes. Creo que el foco de la política pública de Colombia y de los pasos a seguir tiene que estar estructurado a partir de esas resistencias. El llamado es a fijarnos en las experiencias”.
En últimas, expresa Aristizábal, tanto los congresistas que impulsaron la ley como los abogados ambientales pueden ser aliados. Subraya, no obstante, la necesidad de tener este tipo de discusiones para sacar adelante una política pública que verdaderamente propicie la protección y la garantía de derechos por parte del Estado a quienes se ven afectados por el cambio climático.
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Por Catalina Sanabria Devia
