¿Usted pagaría por las emisiones de CO2 que realiza a diario? El cálculo de su deuda ambiental incluiría el tipo de carro que utiliza, el kilometraje que recorre en él durante un mes, el tipo de servicios públicos de su hogar, el número de veces que viaja en la ciudad y las ocasiones en que se transporta en avión.
La cuenta de cobro se sumaría en toneladas de CO2 anuales y con el dinero que usted consigne por sus impactos al ambiente se le pagará una familia campesina por cuidar un máximo de tres hectáreas de bosque en el oriente antioqueño.
Esta es la propuesta de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Negro y Nare (Cornare) de Antioquia con el BanCO2, un programa que busca crear un sistema de compensaciones de la huella de carbono de las empresas, las instituciones públicas y los ciudadanos para la conservación de los ecosistemas boscosos de 26 municipios de la jurisdicción, como San Carlos, San Rafael, San Roque, Concepción y Alejandría.
La huella de carbono se entiende como el cálculo de cuántas hectáreas de bosque se necesitan para absorber el CO2 que a diario emite una persona o una empresa y que los árboles convierten en oxígeno.
Para generar estos “sumideros de carbono”, como se les conoce a los bosques, la autoridad ambiental elegirá 34 familias de Antioquia que se beneficiarían con los primeros pagos.
En promedio, si el gasto anual de una persona equivale a cinco toneladas, pagaría cerca de $40.000. Estos pagos no serán obligatorios. Los ciudadanos y las compañías que quieran asumir el costo de sus impactos ambientales podrán hacerlo voluntariamente adquiriendo tarjetas de hasta $160.000. Con el BanCO2 se espera que cada familia campesina reciba unos $600.000 mensuales.
María Camila Escobar, de la vereda El Popal de San Luis, asegura que con este pago dejará de “arrasar con el monte”. Durante seis años taló semanalmente 60 varas de madera que vendía por $50.000 o $70.000. En su finca, de 10 hectáreas, aspira a mantener no sólo las tres de conservación, sino dedicarse al cultivo de la huerta casera. Con las primeras 34 familias, Cornare calcula que alrededor de 800 hectáreas serán preservadas.
Según Alveiro Lopera Henao, coordinador del proyecto, otro de los compromisos es permitir que funcionarios de la corporación, así como investigadores de universidades, puedan hacer estudios y monitoreo del estado de los bosques. También se estableció en la iniciativa que el 60% de la compensación se entregará en dinero y el 40% se mantendrá en un ahorro para proyectos autosostenibles de cada familia.
El banco también espera recibir aportes de veinte empresas y nueve municipios del Oriente antioqueño. Carlos Mario Zuluaga, director de Cornare, confía en que el proyecto incluya el cuidado del territorios que comercialmente valen poco (por ser áreas de protección), para que los campesinos que los poseen también puedan recibir retribuciones.
Sin embargo, la corporación ambiental acepta que a muchas familias no les interesa adherir a estas iniciativas porque la comercialización de madera, tanto legal como ilegal, les trae mayores beneficios económicos.
Grupos ambientalistas, como la Corporación Penca de Sábila, han criticado este tipo de iniciativas diciendo que equiparan los valores económicos con lo ecológicos, pues se busca recuperar con dinero lo que ambientalmente se está perdiendo en otras áreas.
Sin embargo, el coordinador del BanCO2, Alveiro Lopera, defiende la iniciativa argumentado que las áreas de conservación se eligen de acuerdo con su conectividad con los corredores biológicos o las áreas productoras de agua.
El ingeniero forestal Juan Esteban Calle afirma que este proyecto, más que impactar los indicadores de emisiones de CO2, los cuales se tienen que evaluar con investigaciones más detalladas, se convierte en una alternativa para concientizar a la población local de los impactos de la tala y contribuir a que se mantenga el paisaje de la zona.
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