21 Feb 2018 - 3:08 a. m.

Diversidad de ideas verdes entre mujeres al Congreso

Paloma Valencia admite que no en todas partes debe haber explotación de recursos y Susana Muhamad pide acción contra las economías ilegales. Angelica Lozano, coordinar las inversiones del posconflicto con la protección ambiental.

Redacción Medio ambiente

A veces, pareciera que la derecha del país no puede ponerse de acuerdo en nada con la izquierda. Pero ayer, en el auditorio Félix Restrepo de la Universidad Javeriana, Paloma Valencia, candidata al Congreso por el Centro Democrático se sentó a la derecha de Victoria Sandino, representante de las FARC, y estuvieron de acuerdo en un punto clave de la agenda nacional: el medio ambiente.

Junto a ellas estaban Hilduara Barliza, una mujer de la etnia wayuu que aspira a una curul de circunscripciones especiales para pueblos indígenas. El panel lo completaban Angélica Lozano del Partido Verde, y Susana Muhamad, de la lista Decentes, que acompaña a Gustavo Petro. Cinco candidatas que representan el amplio abanico de colores políticos en unas elecciones cruciales para el país.

María Adelaida Farah, directora del Instituto de Estudios Ambientales de la U. Javeriana, les dio la bienvenida resaltando que el objetivo del evento, convocado por el Foro Nacional Ambiental, era “visibilizar y reconocer la diversidad de voces femeninas” y al tiempo invitó a las candidatas a “dejar de ver la naturaleza como algo ajeno a todos nosotros”.

Susana Muhamad comenzó recordando que en los territorios ocupados por las Farc quedó un vacío de poder que está siendo aprovechado por la economía ilícita: minería, coca y acaparamiento de tierras. “Hay que investigar desde el Congreso esas economías ilícitas”, afirmó. En ese sentido, Angélica Lozano planteó “engranar” las inversiones del posconflicto con la protección ambiental e Hilduara Barliza propuso “rescatar la sabiduría ancestral sobre manejo de la naturaleza de los pueblos indígenas”. Paloma Valencia llamó la atención sobre la necesidad de repensar el ordenamiento territorial: “hay sitios en donde no se deben construir obras ni hacer explotación de recursos, para protegerlos”. Victoria Sandino insistió en la necesidad de “armonizar el modelo económico con el cuidado de los ecosistemas”.

Las preguntas lanzadas por Carolina Urrutia, directora de Semana Sostenible y moderadora del panel, dejaron entrever que en materia ambiental son más los puntos de encuentro que las contradicciones. Todas las candidatas coincidieron en reorganizar y controlar los excesos de las corporaciones autónomas regionales, que se convirtieron en fortines políticos que perdieron su vocación de cuidado ambiental.

Paloma Valencia planteó la necesidad de definir mejor las reglas de juego para otorgar licencias ambientales, redistribuir los porcentajes de regalías, volver más técnicas las corporaciones autónomas y afrontar un tema crucial como el tratamiento de aguas residuales en todo el país.

Angélica Lozano insistió en balancear el desequilibrio de información que existe entre empresas y comunidades a la hora de debatir cualquier intervención en su territorio, nombrar a los directores de las CAR por concurso de méritos, así como garantizar el derecho al agua y un mínimo vital.

Victoria Sandino fue insistente en la necesidad de armonizar la institucionalidad con los acuerdos de paz, respetar la voluntad de las comunidades y evitar un modelo económico basado en megaminería.

Susana Muhamad, exdirectora de la Secretaría de Ambiente de Bogotá, planteó la necesidad de mejorar la gobernanza en las áreas protegidas, una nueva ley forestal, una ley de páramos y ecosistemas estratégicos. “Cuando no hay confianza entre gobernando y gobernados, nada va a funcionar”, argumentó al referirse a que la solución a muchos de los problemas de Colombia en materia ambiental no depende tanto del diseño institucional como de un pacto social.

Por su parte, Hilduara Barliza recalcó el valor de los pueblos tradicionales, la necesidad de replantear el papel de la megaminería en departamentos como La Guajira y defendió la consulta previa como uno de los principales instrumentos para garantizar la autonomía en los territorios indígenas.

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