¿Dónde quedó la biodiversidad en el Plan Nacional de Desarrollo?

 

El Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta para los próximos cuatro años, presenta oportunidades para mejorar la gobernanza del agua y de los ecosistemas. Estas son: la estrategia de crecimiento verde, de pagos por servicios ambientales y de cambio climático, la creación del Consejo Nacional del Agua, el desarrollo y fortalecimiento de los POMCAS, el compromiso de reducción de la deforestación, el incremento de las áreas protegidas y la restauración de bosque degradado.

Adicionalmente al PND, hay otras iniciativas positivas del gobierno en términos jurídicos para fortalecer la política y legislación ambiental como la gestión de una nueva ley de cambio climático y un reglamento de las tasas por uso de agua.

Sin embargo, también hay grandes retos que superar. En primer lugar, hay que fortalecer la conservación y valoración de ecosistemas críticos para la regulación del agua como los páramos, humedales y bosques alto andinos.

Segundo, el eje transversal de crecimiento en el PDN es un gran logro para el país, pero el reto depende de cómo transformar el modelo económico dependiente de los recursos extractivos por uno que promueva la energía renovable e innovación en las actividades productivas.

Tercero, la protección de lugares únicos en el mundo por su biodiversidad como el Amazonas y el Choco Biogeográfico que pueden verse gravemente impactados con el desarrollo de actividades extractivas sin una esquema efectiva de ordenamiento.

Finalmente, hay que fortalecer la inversión financiera en el sector ambiental y la gestión de la ¨infraestructura verde¨, es decir, los ecosistemas naturales del país.

 

 

Al país y al medio ambiente les fue muy mal en el PND. Es una burla que se diga que este PND es del crecimiento verde. Este PND es un plan de minería como sea. Esto no es radicalismo ambiental sino sentido común. La mitad de los páramos del mundo están en Colombia. El 60% de licencias están en los municipios que tienen páramos. ¿Por qué no hacen la minería en los 650 municipios restantes?

 

Este gobierno no ha entendido una cosa elemental: no vamos en contra de la economía de mercado, sino que debemos desarrollar nuestras ventajas comparativas. Somos la séptima riqueza del mundo en agua, la número 19 en petróleo y la 24 en oro. ¿Cuál es entonces el recurso estratégico que debemos producir y patrocinar?

 

 

El capítulo de crecimiento verde es una clara manifestación de la voluntad del Ejecutivo para asumir las recomendaciones de la OCDE y llevar el tema de la gestión ambiental a diversos sectores productivos y sociales. La limitación es que muchos de estos propósitos no tienen metas precisas ni recursos financieros asignados para avanzar en el cumplimiento de lo propuesto.

 

En referencia a los páramos, la ley del PND permite que los mineros con título y licencia ambiental anterior a 2010 y las de hidrocarburos anteriores a 2011 adelanten sus proyectos de explotación. La propuesta del Consejo Nacional de Planeación es que se suspendan todas las explotaciones de recursos no renovables en los páramos.

El gran riesgo es que la minería en los páramos tome fuerza. El reto es demostrar que el derecho al agua es fundamental.

 

Un contenido negativo del PND son las llamadas licencias exprés, que definitivamente no deben ser aplicables para proyectos complejos, pues los tiempos establecidos no permiten que los estudios se revisen con suficiente juicio.

 

El artículo 192 del PND genera un gran desequilibrio para que las comunidades puedan participar de manera efectiva en las decisiones sobre protección a un ambiente sano y a sus cuencas hídricas amenazadas por minería.

 

El Ejecutivo debe asegurar una completa transparencia en el uso de los recursos públicos asignados en el PND a la gestión ambiental y así contribuir a una efectiva y eficiente presión ciudadana.

 

 

Sería una irresponsabilidad decir que el crecimiento verde dentro del plan no es un logro. El plan incorpora metas cuantificables para mejorar la gestión ambiental de los sectores y orientaciones para que su desarrollo se planifique sobre la base de los retos que plantea el cambio climático.

 

El plan da un mandato a los sectores de la economía para que implementen planes de acción sectoriales para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático. Por primera vez el país habla de metas cuantitativas para reducir estas emisiones, las cuales deberán ser acordes con la contribución nacional que Colombia anunciará al mundo como su aporte al nuevo acuerdo climático global que se firmará a finales de este año.

 

Los sectores deberán implementar planes de adaptación al cambio climático. Esto permitirá prevenir daños y pérdidas relacionados con los impactos de este fenómeno en los sectores de salud, vivienda, industria, energía, minas, transporte e infraestructura.

 

El plan prioriza la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad a través de metas concretas para combatir su pérdida. El país se ha propuesto reducir de 121.000 a 90.000 hectáreas la tasa anual de deforestación a 2018 y de iniciar el proceso de restauración en 210.000 hectáreas de ecosistemas degradados adicionales a las 90.000 que se lograron el cuatrienio pasado. El objetivo a 2020 será reducir a cero la deforestación neta en la Amazonia y a 2030 evitar la pérdida de bosques naturales en el país.

 

En los páramos se mantiene la prohibición de hacer minería: sobre el área de referencia para la delimitación de páramos no se podrán otorgar títulos mineros. El plan legisla claramente sobre qué ocurre con los títulos mineros que contaban con autorización ambiental partiendo de que la licencia ambiental previene, mitiga, corrige o compensa los daños sobre el ecosistema.

 

En el plan se parte de la necesidad de asegurar la conservación de los páramos y garantizar los servicios ecosistémicos que estos proveen, permitiendo alternativas de vida para sus pobladores.