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“Anuncio hoy que Colombia, aquí, en el lanzamiento del Índice de Desarrollo Humano, que esta semana Colombia va a firmar el Acuerdo de Escazú, uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región”, dijo el 9 de diciembre de 2019 el presidente Iván Duque durante su intervención en un acto de Naciones Unidas.
Tras varias semanas del Paro Nacional y en medio de unas frágiles conversaciones nacionales con líderes de diferentes sectores, el presidente Duque le prometió al sector ambiental respaldar este acuerdo multilateral adoptado y firmado por 24 países y ratificado por 10 de ellos. El Acuerdo de Escazú en su esencia apunta a que los Estados se comprometan a garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, a través de herramientas que respondan a las prioridades y necesidades de cada país.
Duque cumplió su palabra. De hecho el pasado 21 de julio el proyecto de ley aprobatoria del Acuerdo de Escazú fue radicado con carácter de urgencia ante el Congreso de la República. Desafortunadamente aparecieron tropiezos que nadie esperaba ya en este punto de la discusión. Voceros del partido del Gobierno, el Centro Democrático, durante las últimas audiencias públicas celebradas el 3 y 14 de septiembre en el Senado de República y la Cámara de Representantes manifestaron abiertamente su rechazo al Acuerdo de Escazú.
Los parlamentarios del Centro Democrático por un lado plantearon que el acuerdo podría conducir a una pérdida de soberanía del país y por otro argumentaron que atentaría contra el desarrollo económico del país. Ambos temores sin sustento real.
En la carta que más de 130 organizaciones ambientales enviaron a los congresistas explicaron que el Acuerdo no contiene disposiciones sobre los espacios terrestre, marítimo o aéreo del territorio nacional: “Su implementación se guía por dos principios clave que garantizan la soberanía de los Estados”.
Por un lado, el artículo 3 del Acuerdo menciona los principios de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, e igualdad soberana de los Estados. Y en el artículo 4 queda claro que que las obligaciones del tratado deben ser incorporadas por los Estados según su propia legislación, sin que estas limiten o deroguen otros derechos y garantías más favorables previstas por las legislaciones del Estado que lo ratifique.
“Se trata de un instrumento que le permitirá a Colombia superar las ambigüedades actuales que tiene la legislación ambiental y contar con un marco jurídico unificado y estandarizado que proporcione reglas claras a todos los actores nacionales”, anotaron.
Las organizaciones sociales y ambientales le pidieron al presidente Duque darle una vez más su respaldo al Acuerdo: "Como usted lo señaló en el 2019, en el marco de uno de los talleres Construyendo país: somos todos los que tenemos que construir una visión de presente y una visión de futuro... La ratificación del Acuerdo es un paso hacia la gobernanza democrática”.