El último día de marzo, el Banco de la República presentó, después de semanas de controversia, el primer billete de $100.000 de Colombia. Sus imágenes rendían homenaje al expresidente Carlos Lleras Restrepo, abuelo de Germán Vargas Lleras, y al árbol nacional: la palma de cera (Ceroxylon quindiuense). Incluir las imágenes del Valle de Cocora, en Salento (Quindío), era una buena manera de recordarle al país que esas plantas de hasta cincuenta metros de alto poco a poco se han ido agotando. Era, decían, otro intento por protegerlas.
Pero a los ojos de los habitantes de Salento, esos intentos empezaron a diluirse en menos de una semana. Ocho días después de que se presentaran las imágenes que en adelante llevarían los colombianos en sus bolsillos, a los escritorios de la Alcaldía de ese municipio llegó documento que los dejó pasmados. Era una notificación de la Agencia Nacional Minera (ANM) en la que les advertían que estaba en trámite una propuesta para hacer exploración y explotación de oro y platino en un área de 3.182 hectáreas entre Salento, Filandia y Quindío. En caso de que se opusieran, tenían treinta días para decir por qué. Sus argumentos debían estar soportados en “estudios técnicos, sociales y ambientales”.
“Seamos sensatos –dice Tatiana Herrera–. ¿Usted cree que un municipio como Salento, de casi diez mil habitantes, tiene la capacidad para hacer en un mes estudios que desvirtúen esa decisión? La respuesta es obvia”.
Tatiana es la personera del municipio y desde que se enteró de que la ANM estaba contemplando la posibilidad de otorgar títulos mineros en el Valle de Cocora ha emprendido una batalla para tratar de que esas intenciones se queden en el papel. Ella fue quien escribió los ocho párrafos que esta semana circularon en redes sociales y que llamaban la atención sobre los nuevos proyectos que le esperan a Salento.
Aunque el documento del 8 de abril fue el que disparó sus preocupaciones, ya el 17 de febrero había llegado a sus manos la primera alerta: una notificación de la ANM para otorgar una concesión minera de oro y platino en nueve hectáreas. Todas las habían enviado porque, aseguran los voceros de la ANM, querían darles participación a las autoridades locales. Así se los había ordenado una sentencia de la Corte Constitucional y así lo estaban haciendo. “Nunca antes se había incorporado a los alcaldes en el proceso de titulación. Es una consulta de una solicitud, no un título minero”.
El plazo para pronunciarse era el mismo: 30 días, con los respectivos estudios técnicos. Quien firmaba era Eduardo José Amaya Lacouture, vicepresidente de contratación y titulación de la ANM.
Incertidumbre minera
Pese a que es cierto que el hecho de que existan solicitudes mineras en Salento no indica que los títulos estén concedidos, Tatiana quiere evitar que eso suceda y por esto está convocando protestas el 19 y el 20 de mayo. Lo que pasó hace poco en La Macarena le genera algunas dudas. Entre sus miedos, cuenta, está el riesgo que puede correr el potencial hídrico de Salento. “Es la fuente de agua del casi el 70 % del Quindío”. Además, es un destino turístico que solo en Semana Santa atrajo 37 mil vehículos. La mayoría de los visitantes llegaron allí para ver las seis mil palmas de cera del Valle de Cocora.
Y tras esos temores, que se harán visibles este lunes 9 de mayo en una “tuiteratón”, hay tres argumentos que hasta ahora todos creían infalibles. Amanda Tangarife, secretaria de Gobierno, los repite de memoria: “Una reserva forestal central, la creación del Distrito de Manejo Integrado, que prohíbe la minería, y el título de Paisaje Cultural Cafetero que en 2011 le concedió la Unesco”.
En dígitos eso quiere decir que de las 37.500 hectáreas que tiene Salento, según Tatiana, el 98 % tiene alguna figura de protección, bien sea como Área Forestal, Reserva Natural o Distrito de Manejo Integrado, aunque solo 1.632 hectáreas (poco más del 4 %) estén en zona de parque nacional natural.
Por eso le asombra el recuadro que le envió la ANM al municipio días después, donde se lee que siete títulos mineros otorgados en Salento se tropiezan con zona de páramo. De acuerdo con sus cuentas, hoy hay once títulos en trámite y ya están concedidos otros diez.
¿De quiénes son? De eso, hasta el momento, no hay certeza y la ANM no lo había aclarado al cierre de esta edición. Tan solo se sabe que la que está detrás de las más de 3 mil hectáreas de las que Salento se enteró el 8 de abril es una empresa llamada Sociedad Góngora SOM. Hace dos años un fallo ordenó salir a sus trabajadores del Alto Andágueda (Chocó) por estar en territorio indígena embera katío.
De los otros títulos hay quienes sospechan que son de la AngloGold Ashanti. Así lo creen porque en el recuadro de la ANM hay dos que le pertenecen a esta compañía.
En su defensa, AngloGold aclara que desde 2014 renunció a todos los títulos que alguna vez tuvo en ese municipio. Sobre Salento, aseguran sus voceros, no hay ningún interés. “La empresa ha realizado todos los trámites necesarios ante la autoridad minera correspondiente (renuncia de contratos y desistimiento de propuestas) de todo título en la zona del Paisaje Cultural Cafetero, que incluye Salento. Reiteramos: no hay interés”.
Su principal interés está, en verdad, a 17 kilómetros de esa pelea, en Cajamarca, Tolima. Allí está la polémica mina de oro La Colosa, de donde planea explotar cerca de 29 millones de onzas de oro. Aunque aún está en fase de exploración, tiene a varios vecinos nerviosos. Uno de ellos es Ibagué, que espera votar una consulta popular para que la actividad no afecte el río Coello. El otro es el municipio de Piedras, que ya votó y dijo que no. Pero, además, tiene alarmados a los botánicos, porque tan solo a cinco kilómetros está el área de Colombia con más palmas de cera. Tiene alrededor de 600 mil. En el Valle de Cocora apenas hay 6 mil.
El riesgo de 600 mil palmas
Rodrigo Bernal, exprofesor de la Universidad Nacional, es uno de los botánicos que más han estudiado la palma de cera en el país. Junto a Gloria Galeano y María José Sanín, fue el autor del “Plan de conservación, manejo y uso sostenible de la palma de cera del Quindío”, publicado el año pasado por el Ministerio de Ambiente. Desde mucho antes de terminarlo, él había advertido de los riesgos que corre el árbol nacional y había insistido porque se protegiera con más rigurosidad. O al menos porque se cumpliera la ley que prohíbe su tala.
Esta vez su llamado es para defender un lugar específico que pocos colombianos conocen: la cuenca del río Tochecito. Ahí, justamente, es donde se ha registrado la mayor cantidad de palmas en el país.
Pero a Bernal le inquieta que solo a 5 kilómetros de esa área, controlada hasta hace cinco años por las Farc, esté esa mina a cielo abierto llamada La Colosa. Inevitablemente, dice, tendrán que talar palmas cuando se concrete el proyecto. Y tener paisajes lunares junto a esa riqueza botánica que, a diferencia del Valle de Cocora, no ha sido devastada por la ganadería, le parece absurdo.
“No logro entender cómo le levantan la veda al árbol nacional que, además, está protegido por ley. Aunque solo el 8 % de La Colosa está sobre esa cuenca, del otro lado de la montaña van a tener que matar centenares de palmas. Podrían decir que las trasladan, pero eso es inviable: no se pueden mover árboles de cuatro toneladas y 25 metros de altura por unas pendientes tan empinadas como esas”.
En respuesta, AngloGold asegura que su actividad no incluye la cuenca del río Tochecito. Además, sus voceros dicen que desde que la multinacional llegó a Cajamarca, ha reforestado 8,39 hectáreas con 15.200 árboles, de los cuales 3.100 han sido palma de cera. “Contamos con un programa de promoción de viveros para la producción de material vegetal con dos instituciones educativas. Se han reforestado 53 hectáreas con especies nativas en zonas degradadas”.
Pero de ser así, Bernal, que es una autoridad mundial en palmas, tiene varios reparos. El primero, como ya se lo había notificado en agosto de 2015 al Minambiente desde el Instituto de Ciencias de la U. Nacional, es la interrupción del flujo genético que ocasionará La Colosa entre las poblaciones de palma de cera entre dos ríos (el Tochecito y el Anaime). “Las poblaciones que hay en la cordillera central tienen la mayor diversidad genética en su rango de distribución desde Colombia hasta Perú. Pero van a quedar separadas, divididas. Y eso imposibilita el cruce genético que siempre ha existido”, explica. En otras palabras, como él mismo dice, es como si crearan dos Coreas. “No hay posibilidad de que haya comunicación entre ellas”.
El otro gran reparo a las medidas de AngloGold consiste en sus programas de reforestación. ¿La razón? De cada diez plántulas germinadas en un vivero y sembradas en el exterior, bajo la sombra, lo más posible es que mueran nueve. Si las siembran en campos abiertos, ninguna sobrevivirá. Hoy en el corregimiento de Toche, las palmas tienen una edad adulta: entre 90 y 100 años.
Y además de estos motivos, hay otro que lo trasnocha. Por las 18 fincas que forman ese territorio está un pedazo del Camino Nacional, una trocha histórica que durante 300 años comunicó a Santa Fe de Bogotá con el occidente del país. Por ahí transitó Simón Bolívar cuando regresó de Quito. Por ahí pasó también, en 1801, el célebre naturista Alexander von Humboldt en compañía de su colega francés Aimé Bonpland. Fue mientras lo atravesaban que se tropezaron con los bosques tupidos de palma de cera. Quedaron deslumbrados.