El reto de los bosques en la paz

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El encuentro “Bosques y construcción de paz, una oportunidad para el posconflicto” debatió la gestión del medio ambiente en un escenario sin guerra.

Por ningún lado aparece el tema ambiental en los seis puntos centrales que se discuten en La Habana entre el Gobierno y las Farc. En eso coincidieron algunos panelistas invitados al foro del jueves “Bosques y construcción de paz, una oportunidad para el posconflicto”. Esto resulta paradójico si tenemos en cuenta que un poco más de la mitad del territorio colombiano está cubierto por bosques y que donde se ha librado la guerra en Colombia es donde existe mayor riqueza ambiental.
 
Históricamente la conservación y el uso de los recursos han pasado a un segundo plano en tiempos de guerra. Desde el fin de la II guerra mundial, la mayoría de los sitios más biodiversos del mundo han sido afectados por las balas. Pero, “a pesar de esta evidencia, no hay esfuerzos por entender el impacto de la guerra sobre los ecosistemas y cómo podemos contribuir para la paz”, comentó Julia Gorricho, experta en Amazonia  de WWF.
 
El 90 % de los municipios colombianos priorizados para el posconflicto contienen áreas de bosque. Para Gorricho uno de los retos del sector ambiental en esta coyuntura consiste en exigirle a la mesa negociadora que tengan en cuenta sus consideraciones, promover el diálogo con otros sectores y darle “un giro a nuestro discurso. No podemos seguir hablando de áreas protegidas, sino que debemos ponerles un valor económico”.
 
No obstante, Alexandra Guáqueta, del despacho del ministro consejero para el posconflicto dijo que “es falso que el medio ambiente no aparece en las negociaciones y que no ha habido un proceso de discusión participativo”. Según ella, tanto el capítulo uno (referente a tierras) como el cuatro (sobre drogas) incluyen criterios medioambientales como los planes de zonificación para generar ecosistemas prácticos y la adecuación de suelos en el cambio de cultivos ilícitos.
 
Los retos a los que se enfrenta el país no son pocos. Rafael Zavala, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Colombia, mencionó que “los grandes desafíos que tiene Colombia en una realidad donde conviven conflicto, bosques y gobernanza incipiente, es renovar su marco legal ambiental”.
 
Por esa línea iba el discurso de Manuel Castro, subdirector de inversión pública del Departamento Nacional de Planeación. “Hoy en Colombia no tenemos un conocimiento preciso sobre la vocación y uso del territorio, la propiedad de la tierra y los baldíos, porque no tenemos un catastro actualizado”, confirmó. De ahí que, para Castro, las tareas más urgentes sean ampliar el uso de pagos por servicios ambientales y la escala de la ganadería sostenible.
 
Entonces la actividad silvopastoril se ve como estrategia posible para la paz. El viceministro de Agricultura, Juan Pablo Diazgranados, sostuvo que “actualmente tenemos 5 mil hectáreas dedicadas a esta actividad, pero la meta es llegar a 50 mil. Esto evitaría la ganadería extensiva y nos involucraría en una  más responsable”. 
 
Lo mismo ocurre con el 70% del territorio colombiano, que tiene aptitud forestal y que generan alrededor de 90 mil empleos directos. Según Diazgranados, el país tiene capacidad para 24 millones de hectáreas, de las cuales 17 millones son aptas para maderas comerciales en 18 departamentos con zonas cercanas al posconflcito.
 
Eso significa que los bosques son un activo económico. Para Roque Rentería, representante del Consejo Comunitario del Atrato, “cuando el bosque no es rentable para la comunidad, se cambia la vocación del suelo”.
 
Lo que quedó claro en el encuentro es que los bosques desocupados no tienen sentido. De las 59 áreas protegidas que tiene el país, 37 cuentan con población colona y campesina. Así que ni los bosques son ecosistemas lejanos a las comunidades, ni tampoco son intocables y sirven sólo para respirar.
 
Para esto, la innovación y la ciencia juegan un papel clave. “El conocimiento científico se puede dar el lujo de mirar con formas alternativas el territorio y plantear modelos de gestión que les dibujen un futuro a las comunidades”, dijo Luz Marina Mantilla, directora del Instituto de Investigación de la Amazonia (Sinchi).
 
“Atrevámonos a pensar distinto”, concluyó Rubén Moreno, subdirector de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), “las autoridades ambientales tenemos que tener una nueva mirada. Ser generadoras de desarrollo y no del desplazamiento por la aplicación de las normas”, remató. 
 
En últimas, el posconflicto le deja un reto al país y al sector ambiental. ¿Qué pasará cuando los bosques estén libres de balas? ¿A qué se dedicarán los excombatientes cuando vuelvan a ser civiles? ¿Qué oportunidades tendrán los desplazados que regresan a sus tierras? Eso obliga a pensar en una frase del científico de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) Jeffrey McNeely: “La guerra es mala para la biodiversidad. Pero la paz puede ser peor si no nos preparamos para ella”. 

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