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Desde que el Comité Promotor de la Consulta Popular sobre Minería en Cajamarca empezó a movilizarse, a principios de 2016, parecía que todo iba en camino para que en este municipio de Tolima se realizara la primera consulta popular exitosa en el país, que tenía origen ciudadano. A finales de agosto el Concejo del municipio autorizó, con ocho votos a favor y tres en contra, realizar la consulta popular para permitirles a los ciudadanos decidir sobre si querían o no minería en su territorio, y a principios de noviembre el Tribunal Administrativo le dio el visto bueno a la pregunta que debe responderse en las urnas:
“¿Está usted de acuerdo, Sí o No, con que en el municipio de Cajamarca se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación tradicional agropecuaria del municipio con motivos de proyectos de naturaleza minera?”. Una pregunta que, de forma indirecta, busca ponerle freno a La Colosa: el proyecto de explotación minera liderado por la multinacional AngloGold Ashanti, que busca extraer unos 29 millones de onzas de oro.
Sin embargo, la fecha convocada por el alcalde de Cajamarca, William Poveda, para ir a las urnas, podría convertirse en un obstáculo, pero no porque no llegue a realizarse, sino porque está dando menos de seis días para que se organice. A través de un decreto publicado en la página web de la Alcaldía el día 21 de noviembre, Poveda anunció que la fecha en la que debe realizarse la consulta es el próximo domingo 27 de noviembre.
La decisión ha sido rechazada por varias organizaciones, pues seis días no son suficientes para imprimir tarjetones, convocar a un jurado y hacer pedagogía sobre qué se está votando. Incluso, advierte Róbinson Mejía, miembro del equipo promotor de la consulta, no da tiempo suficiente para que las bancadas a favor del Sí y del No se inscriban para hacer campaña.
“Por principio la fecha debía ser concertada con el equipo promotor, porque es una consulta popular que nace de los ciudadanos. Nosotros le enviamos una carta al alcalde para reunirnos, pero él sólo nos respondió hasta hoy, con la noticia de que tiene que realizarse en menos de seis días”, aclaró Mejía a El Espectador. Por esto, el comité promotor de la consulta ha visto en el afán de ir a las urnas una forma de torpedear el proceso.
No obstante, según explicó el alcalde Poveda a este diario, la razón para convocar a la consulta tan pronto se debe más a un tema de vencimiento de términos, pues “según indica la Ley Estatutaria 1757 de julio de 2015, una vez emitido el concepto del Concejo municipal la consulta popular se debe realizar en los siguientes tres meses”. Término que se vencería el 30 de noviembre.
Ante esto, Verónica Muriel, coordinadora de la red por la Justicia Ambiental, quien ha seguido el proceso, aclaró que debido a que la participación ciudadana es un derecho fundamental, debe primar sobre los requisitos legales, siendo seis días muy poco tiempo para que “se alcance a socializar, entender y votar en un proceso de participación que busca garantizar los derechos de las personas. La participación es un derecho que debe ser efectivo y que no sólo se cumpla formalmente. Se debe ser lo más eficaz en pro de cumplir estos derechos”, aclaró.
Así, si la fecha para el próximo domingo sigue en pie, se requerirá que en menos de seis días todo esté listo para que al menos 5.500 personas vayan a las urnas a decidir sobre el futuro de la minería en su territorio.
Pero la fecha, según explicó el alcalde de Cajamarca, no es del todo inamovible, pues en el transcurso del día se iban a reunir junto a la Registraduría los promotores de la consulta y los secretarios de la Gobernación para indagar sobre qué margen de maniobra tienen para proponer una nueva fecha que cumpla todas las garantías. Al cierre de esta edición, todavía no se conocían las sugerencias dadas por los delegados.
Por su parte, AngloGold reiteró que desde su punto de vista, la pregunta aprobada por el Tribunal hace referencia a la minería ilegal, por lo que la empresa se mantendrá respetuosa de “las decisiones o posiciones en contra de la minería, promovemos el diálogo y el debate con argumentos técnicos y datos acordes con la realidad y no sobre supuestos o temores infundados que puedan confundir a la población y llevarla a tomar decisiones en contra del avance y desarrollo de su municipio”.