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“La cantidad de especies y el área que cubre el tráfico ilegal de madera está creciendo en Latinoamérica porque estamos abasteciendo a una población que antes no tenía acceso a estos productos y que ahora tiene más poder adquisitivo, especialmente en China”. Con esas palabras la coordinadora regional de Gobernanza Ambiental de la oficina de ONU Medio Ambiente, Andrea Brusco, alertó sobre el serio problema que están viviendo los países latinoamericanos debido a la tala de bosques.
La relación costo-beneficio del tráfico ilegal de madera, apuntó, es “muy alta” porque varias naciones aún no lo han tipificado como delito y apenas castigan a los traficantes, y porque otras actividades delictivas, como el narcotráfico o la trata de personas, “cuentan con toda una red global de persecución”.
Para Brusco, los crímenes ambientales son cada vez más complejos y tienen más conexión con los delitos “de cuello blanco”, como el lavado de dinero, la evasión fiscal y la corrupción, lo que dificulta su seguimiento.
Según explicó, a diferencia de otros delitos en los que hay una gran cantidad de cifras, en el tráfico ilegal de madera apenas hay datos desglosados por región porque es muy difícil de cuantificar y porque muchas veces la madera ilegal va mezclada con la que ha sido extraída de manera lícita.
El 30% de la madera comercializada en el mundo es ilegal
La ONU Medio Ambiente calcula que el 30 % de la madera que se comercializa en el mundo es ilegal y que este delito movió en 2016 entre 50,7 y 152 billones de dólares, frente los 30 y 100 billones de 2014. Los bosques asiáticos son los principales damnificados seguidos de los latinoamericanos, según el organismo internacional.
La experta recordó que en 2014 la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) hizo un operativo en 12 países latinoamericanos y se incautó el equivalente a “20 piscinas olímpicas de madera ilegal”.
El cocobolo, cuya extracción está casi prohibida desde hace unos años en Panamá y en otros países, es un tipo de madera altamente cotizada en Asia y Estados Unidos, que se usa para elaborar muebles e instrumentos musicales y que se saca del Darién, una impresionante selva que hace de frontera natural con Colombia.
La región, según Brusco, tiene también un “importante” déficit en temas relacionados con el uso del suelo y de tenencia de tierras: “Si las comunidades se sienten dueñas de la tierra, pueden contribuir más a resguardar los bosques amenazados”.
Espacio para la esperanza
Sin embargo, a pesar de este escenario, Brusco cree que hay espacio para la esperanza porque “los países de la región están poco a poco tomando conciencia de la gravedad del asunto”.
Varios países, entre los que se encuentran la mayoría de Centroamérica y Brasil, han creado fiscalías ambientales y están implementando sistemas de trazabilidad y control forestal, que permite seguir la trayectoria de la madera mediante dispositivos electrónicos (chips).
“Son delitos que requieren una respuesta sistémica porque son muy difíciles de controlar por la inmensidad de las selvas”, concluyó.