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Dada la importancia que tiene el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en materia de biodiversidad, hoy se expide un decreto para reglamentar el manejo ambiental y el desarrollo sostenible de la Reserva de la Biosfera Seaflower. El Plan de Ordenación y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera (Pomiuac) será el único instrumento encargado del manejo, el ordenamiento y la planificación ambiental en el departamento.
“Esta reserva le permite al país proteger especies marinas que están bajo extrema amenaza, de ahí la importancia de dar lineamientos en una zona tan importante en materia de biodiversidad y conservación, tanto terrestre como marina”, explicó el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo.
El departamento posee un poco más del 77 % de las áreas coralinas del país, por lo que es uno de los sistemas de arrecifes más extensos del hemisferio occidental y alberga más de 407 especies de peces, 157 aves y 102 corales, tanto duros como blandos.
La idea con el plan es articular los instrumentos de planificación ambiental que existen en el territorio, con el fin de agilizar los procesos. Los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (Pomcas), los planes de zonificación de los manglares, el plan de manejo de acuíferos y aguas subterráneas y los planes de manejo de áreas protegidas serán tratados de manera simultánea.
Esta tarea quedará en cabeza de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina (Coralina), que recibirá apoyo técnico y científico del Ideam, Invemar y el Instituto Alexander von Humboldt. La autoridad ambiental tendrá cuatro años para formular el proyecto y hacer que empiece a andar.
De acuerdo con la Procuraduría, en un informe presentado el año pasado, en Seaflower no ha habido responsabilidad institucional sobre la protección de los recursos naturales y el ambiente del territorio, la administración pública no garantiza el goce pleno del ambiente sano ni la protección de la reserva de la biosfera; tampoco hay procesos estructurados en temas de planeación, ni la suficiente participación por parte de la comunidad en la gestión ambiental; no se ha protegido la identidad étnica de la población raizal, ni existen buenos niveles de sostenibilidad ambiental y desarrollo.
“Dadas las condiciones demográficas, el nivel de desempleo, el costo de la vida, el bajo nivel de ingresos laborales y las condiciones de baja cobertura de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, hacinamiento producido por la escasez y el costo de las viviendas, son indiscutibles pero no justificables todas las presiones ejercidas sobre el medioambiente de la zona insular y consecuentemente en la ZRB Seaflower”, señala el documento.
Según la entidad, Coralina tiene una baja eficacia para materializar proyectos, en parte porque cuenta con personal insuficiente y un bajo presupuesto, pero también porque “desconoce la normatividad ambiental sobre la cual se deben sustentar sus decisiones”.
La situación es tan crítica que la Procuraduría le pidió al gobernador crear una evaluación ambiental estratégica para conocer las condiciones económicas, sociales y ambientales de Seaflower.