:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/8FpVV4ZwfSDzUFGNl4hTYu2F7YA=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/6M4G2DAWZZFSDKZ4EWA4GGGVXQ.png)
En el marco de la Conferencia Internacional para el Desarrollo Sostenible, de la Universidad de Columbia, en Nueva York, el presidente Juan Manuel Santos se comprometió a elevar la propuesta del Corredor Atlántico-Amazonas-Andes al presidente de Brasil, Michel Temer. El Corredor AAA cubriría 200 millones de hectáreas de la región del Amazonas, que involucraría a 8 países suramericanos y que sería el corredor ecológico más grande del mundo.
Por su política interna y la enorme extensión de Amazonia que regenta (casi el 50 por ciento) Brasil es el mayor reto para esta iniciativa. El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Jose Saney Filho, hizo público su compromiso con el proyecto en 2016 anunciando el Programa Corredores, justo después de que Brasil se comprometiera a restaurar 12 millones de hectáreas para 2020. Sin embargo, la situación con los ruralistas –que respaldan políticamente al presidente Michel Temer y están a favor de la explotación para el desarrollo– será una de las dificultades que afrontará el Corredor AAA una vez se concrete.
LEA: La última locura para salvar la Amazonia
Una promesa similar fue hecha en el año 2015, cuando anunció que Colombia asumiría el liderazgo de la creación del Corredor, y ordenó al Ministerio de Ambiente, en ese entonces en cabeza de Gabriel Vallejo, y a la Cancillería, en cabeza de Mariangela Holguín, iniciar los acercamientos necesarios con Brasil y Venezuela.
El Corredor AAA abarcaría la Amazonía colombiana en su totalidad, el estado de Amazonas en Venezuela, la región al norte del río Amazonas en Brasil (Estados de Amazonas, Roraima y Amapá), la región del Amazonas ecuatoriano en su totalidad, la región al norte del río Marañón en Perú, vi) la región del Amazonas en Guyana, la región del Amazonas en Suriname, y la región del Amazonas en la Guyana Francesa. Esta iniciativa de protección implica un arduo trabajo diplomático con los gobiernos, las comunidades indígenas que allí habitan, los representes de las áreas urbanas que incluye el proyecto, la sociedad civil, el sector productivo, etc.