“Es hora de reformar el sector ambiental”

El chocoano Luis Gilberto Murillo fue nombrado el 25 de abril de 2016 como nuevo ministro de medio ambiente por el presidente Juan Manuel Santos. / Óscar Pérez

Foto: OSCAR PEREZ

Luis Gilberto Murillo es el sexto ministro de Ambiente desde que Juan Manuel Santos llegó a la Presidencia. En esta entrevista promete embarcarse en una empresa en la que muchos de sus antecesores fracasaron: reformar el Sistema Nacional Ambiental para responder a los retos de un país en posconflicto, cumplir con los acuerdos de cambio climático y otros tratados internacionales, minimizar las amenazas ambientales y responder a la necesidad de frenar la deforestación, entre otros desafíos.

¿Qué ha sido lo mas difícil de ser ministro de Ambiente?

La cantidad de asuntos críticos. Estábamos retrasados en tomar decisiones porque cualquier decisión que se tome genera impactos y reacciones positivas y negativas. Creo que eso llevó a aplazar muchas decisiones.

¿Entonces cuando le dijo que sí al presidente Santos no se imaginó tantos chicharrones?

No. En el empalme con el ministro Gabriel Vallejo, me dijo que había cerca de 179 asuntos pendientes. Los hemos ido evacuando. Priorizamos 10. Y hemos ido priorizando algunos otros en alianza con las autoridades ambientales regionales. Empezamos con unos de importancia muy alta en la agenda pública, como el Valle del Cocora y el Área de Manejo Especial de La Macarena. En extracción ilícita de minerales se presentó el proyecto de ley. Pusimos a andar Visión Amazonaa. Era una lista bastante grande.

De todos, ¿cuál cree que es el más complejo?

Aquellos en los que se asume que la responsabilidad es nuestra, pero requieren participación de muchas instituciones. Frenar la deforestación es complejo. Ahí nos toca hacer un esfuerzo grande de coordinación. Igualmente con el problema del río Bogotá, la sabana, cerros orientales, áreas de exclusión de minería. Hay muchos intereses.

El impuesto verde de la reforma tributaria no parece tan verde, porque siguen existiendo subsidios fuertes a los combustibles fósiles.

Si lo asume desde una perspectiva incrementalista, es la primera vez que tenemos un impuesto verde. Ahí se está tasando la emisión de dióxido de carbono equivalente. Nunca se había hecho en el país. Y el país va a comenzar a transitar ese camino. Obviamente en el mundo ideal necesitaríamos eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. En Colombia en general no se han usado mucho esos instrumentos económicos. Y estamos teniendo un impuesto adicional que es a las bolsas plásticas. Creo que es muy positivo para el país. Es importante que se empiece a hablar de esto. Además, los recursos adicionales van a permitir hacer inversiones importantes en agricultura sostenible, estabilización de la frontera agrícola, adaptación al cambio climático y conservación de bosques. Ahí hay doble beneficio de ese impuesto.

¿Qué otros impuestos verdes podrían adoptarse en los próximos años?

Propusimos un impuesto al mercurio y progresivamente a este tipo de contaminantes como el asbesto y el plomo. Estamos trabajando en nueva política para los productos de posconsumo.

Hay una promesa de declarar nuevas áreas protegidas, pero al mismo tiempo se han anunciado recortes al presupuesto de Parques Nacionales. ¿Cómo van a hacer para cuidar más con menos plata?

Aspiramos a tener recursos adicionales. Uno de esos es por reforma tributaria. En la adición presupuestal que se haga esperamos poder responder por necesidad de recursos en Parques y otras instituciones.

¿Cuándo va a presentar la prometida ley de cambio climático?

El proyecto de ley está listo. Se revisó. Se recibieron comentarios de las instituciones. En la ley se establece el sistema institucional para responder a las tareas en esa materia y algunos mecanismos importantes como los mercados obligatorios de carbono. Y también creamos el Fondo de Adaptación al Cambio Climático. Ese arreglo institucional nos va a permitir avanzar en cumplimiento de la tarea. Vamos a dar una discusión en enero, febrero y marzo antes de su presentación. Con los comentarios de la sociedad civil se presentaría para que tenga un tránsito más suave en el Congreso. Esa ley es prioridad.Un tema difícil, como usted lo dijo es Amazonia y la deforestación. ¿No cree que estamos siendo muy optimistas con esa meta de cero deforestación para 2020? En Brasil se logró cuando se tomaron medidas más radicales como condicionar transferencias de la Nación a municipios con altas tasas de deforestación.

Es ambiciosa pero se puede lograr. Tenemos que aprender de la experiencia de Brasil obviamente, de lo que ha pasado en Costa Rica y mirar otras experiencias. Para eso nos sirve mucho el esquema que tenemos de acompañamiento tanto de Noruega, Reino Unido y Alemania. Las herramientas de hoy no son suficientes. Tenemos que generar conciencia de que la lucha contra deforestación es prioridad nacional. También que no es una responsabilidad única del Ministerio de Ambiente. Debemos hacer un esfuerzo de coordinación institucional.

¿Es cierto que está pensando en una reforma al Sistema Nacional Ambiental ?

Creo que definitivamente la próxima decisión es cómo modernizar y fortalecer el Sistema Nacional Ambiental (SINA) para cumplir con una serie de compromisos que tenemos. El Plan Nacional de Desarrollo estableció el modelo de crecimiento verde. Pero adicionalmente tenemos compromisos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cumplimiento de los Acuerdos de París sobre cambio climático, compromisos de acceso a la OCDE. Para garantizar todo eso se requieren arreglos institucionales, la modernización del sector y su sostenibilidad financiera. Las expectativas de los sectores aumentaron mucho, pero no la capacidad del SINA. Le doy ejemplos: el país pasó de 17 millones de hectáreas a casi 23 millones, pero Parques no aumentó su capacidad. Por cada peso que tiene para funcionamiento el sistema ambiental, los otros sectores como infraestructura o vivienda tienen 13 pesos. Licenciar los proyectos 4G ha demandado mucho de ANLA, pero no aumentó capacidad para responder. De hecho, muchos de sus funcionarios son contratistas. Tener decisiones tan importantes en manos de contratistas no es lo ideal. Deberían ser funcionarios de la institución con estabilidad y memoria institucional. Por cada peso de inversión para nosotros, esos sectores tienen 34 pesos. El Ministerio de Ambiente tiene una enorme tarea de reestructurarse. Esperamos tener lista la propuesta hacia febrero. Una vez listo vamos a pensar cual es la mejor vía para tramitar.

Hay tantos temas ambientales pendientes como usted ya lo anotó, que le voy a decir el tema y usted dice cuál es la decisión inmediata que debe tomar. ¿Minería en el páramo de Santurbán?

Esperamos un fallo de la Corte Constitucional sobre la delimitación. Esperamos que dé la posibilidad de mover un poco la línea de acuerdo con realidades sociales, económicas y ambientales. Y establecer el régimen de transición para las comunidades que habitan páramos.

¿La explotación minera de La Colosa a pesar del rechazo social que ha generado?

La próxima decisión es la revisión de la sustracción de reserva forestal.

¿Orinoquia y grandes proyectos agroindustriales?

Fortalecer el componente ambiental del Plan Maestro de Orinoquia y decidir sobre proyectos específicos a través de licenciamiento.

¿Cómo salvar la Ciénaga Grande de Santa Marta?

Próximo paso es conseguir la financiación para la implementación de la hoja de ruta para la recuperación ecológica y económica de la Ciénaga.

¿Contaminación en la Bahía de Cartagena?

Restablecimiento del Comité Ambiental Interinstitucional para la Recuperación de la Bahía de Cartagena. Segundo, acompañar al Fondo de Adaptación en proyecto del Canal del Dique.

¿Cómo avanzar en la limpieza del río Bogotá?

Sacar adelante el proyecto que se planteó al Congreso.

¿Construcción de una subestación naval en el Parque Gorgona?

Lo que hice fue convocar a las distintas partes para escuchar argumentos. El argumento central que escuché es que no se hicieron todos los estudios necesarios para el otorgamiento de la licencia y al parecer los que hay no tienen suficiente alcance. Ahí vamos. Quedamos en volver a convocar a las partes. Si hay que profundizar algo, hay que hacerlo y ver cómo se mejora lo planteado por la Armada Nacional. Es una decisión de la ANLA. A esta altura hay que balancear muy bien las necesidades de seguridad nacional con las ambientales. A mí me parece que por lo que se puede venir se requiere presencia de la Fuerza Pública. Inclusive pensando en la misma protección ambiental frente a pesca ilegal y ese tipo de cosas. Es una discusión que hay que concluir en enero. Mi inclinación es que en esa zona se requiere más protección, incluso de los activos ambientales. Otro problema que se repite y repite por todo el país es que comunidades indígenas, municipios, comunidades campesinas rechazan cierto tipo de proyectos pero se termina decidiendo en contra de esa voluntad.

Hace falta mas diálogo entre los que regulan el uso del suelo y el subsuelo.

Pero es casi imposible los acuerdos porque los intereses son radicalmente distintos.

Me refiero al diálogo interinstitucional. No hay diálogo de autoridades locales y regionales con administradores del subsuelo. Lo único que media eso es la licencia ambiental que nos crea todo el problema a nosotros. Somos los mas interesados en ese diálogo.

¿Cuál cree que pueda ser un debate ambiental que cobre relevancia en 2017?

Un tema nuevo es la presión sobre los ecosistemas marinos y costeros. Todo el tema de puertos va a seguir fuerte. Mucha presión por pesca, ecoturismo, explotación de hidrocarburos en ecosistemas marinos. Eso se viene en debate público. Y el otro gran tema es modernización del sistema ambiental. Se han presentado 19 reformas y todas han fracasado. Imagínese.

¿Y usted piensa lograrlo con la propuesta número 20?

Creo que el país está más listo para ese tipo de reformas.