Organizaciones indígenas, ambientales y de la academia se han pronunciado frente a la decisión del Consejo de Estado de anular el Decreto 1500 de 2018, por medio del cual se redefinió el territorio ancestral de los pueblos indígenas arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Dicha normativa reconoció 348 espacios sagrados para estos pueblos, espacios que se encuentran dentro de la denominada Línea Negra. Sin embargo, como contamos en El Espectador, el Consejo de Estado declaró nulo el acto administrativo, tras considerar probados los cargos de falsa motivación y expedición irregular.
Para las organizaciones indígenas, el fallo del alto tribunal “desconoce décadas de trabajo conjunto entre las autoridades indígenas y el Estado colombiano, que han armonizado el ordenamiento territorial con los sistemas de conocimiento ancestral y han garantizado la pervivencia cultural, espiritual y ambiental de los pueblos originarios de la Sierra”.
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El comunicado fue emitido por el Consejo Territorial De Cabildos De La Sierra Nevada De Santa Marta, la Organización Gonawindua Tayrona, la Confederacion Indigena Tayrona, la Organización Indígena Kankwama y la Organización Wiwa Yugumayun Bunkuanarrua Tayrona.
Además, el pronunciamiento fue apoyado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y grupos ambientales y académicos como Amazon Conservation Team, el Centro de investigación y educación Popular (CINEP), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), entre otros.
En el documento, recordaron que el decreto, que había sido expedido al cierre del segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos, fue resultado del cumplimiento de una orden judicial de la Corte Constitucional y de un proceso de concertación. La delimitación del territorio ancestral, agregaron, fue respaldada por estudios técnicos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), además de normas constitucionales sobre diversidad étnica y cultural y de compromisos internacionales.
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A ojos de las organizaciones, la decisión del alto tribunal anula un instrumento jurídico que sirve para proteger la Línea Negra frente a intervenciones como proyectos mineros, de infraestructura, energéticos y turísticos. “Al hacerlo, deja a las comunidades indígenas que habitan el territorio sin una herramienta legal efectiva de defensa frente a actividades que puedan afectar gravemente su territorio y su sistema ancestral de conocimiento, así como el equilibrio ambiental y espiritual de uno de los ecosistemas más estratégicos del planeta”, subrayaron.
En su comunicado, las organizaciones explicaron que la Línea Negra no se reduce a una delimitación geográfica, sino que se trata de un principio de orden y equilibrio que define el territorio espiritual y cultural de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta.
En ese sentido, invitaron a la ciudadanía, a comunidades, medios de comunicación, universidades, más organizaciones, entre otros actores, a apoyar la protección de la Línea Negra e hicieron un llamado frente a lo que calificaron como un “grave retroceso”.
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Los firmantes afirmaron que lo que ocurre en la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia no es un hecho aislado, sino que afecta el reconocimiento y el cuidado de otros territorios ancestrales en el país, además de que sienta un precedente que impactaría a más pueblos indígenas. “Se ha fallado contra el derecho a existir de nuestros pueblos, pero también contra la posibilidad de que todos podamos vivir en armonía con la naturaleza”, expresó un representante del pueblo Kogui.
Las organizaciones concluyeron con una solicitud puntual al Gobierno: la de cumplir el mandato constitucional e internacional de proteger la Línea Negra. Pidieron escuchar y respetar la palabra de los representantes de este territorio ancestral, así como que se convoque una reunión de alto nivel entre el presidente Gustavo Petro y las autoridades tradicionales de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Este es el comunicado:
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