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Han sido varias las reacciones tras la polémica decisión del Tribunal Administrativo del Quindío de invalidar, por medio de una sentencia, el acuerdo municipal que pretendía evitar la explotación minera en esta zona. El proyecto, que había sido aprobado en febrero por el Concejo del municipio de Salento, buscaba defender el patrimonio cultural y ecológico de esa región. (Lea: Tribunal Administrativo del Quindío abre las puertas a la megaminería en Salento)
Ante el fallo, el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio explicó que el Tribunal Administrativo es el ente encargado de decidir si el acuerdo que prohíbe la megaminería en Salento es constitucional o no. "No es el gobierno departamental el que toma esa determinación. Nosotros, inclusive con dinero del departamento, impulsamos varias acciones populares contra la megaminería. Cuando cambió la jurisprudencia, el consejo municipal no quedó con la facultad de impedir en su territorio una excavación", contó el mandatario a El Espectador.
Osorio aclara que todas las medidas y decisiones que se tomen en los consejos de los municipios, deben pasar por la secretaría Jurídica de los departamentos y, es allí, donde se determina si es legal o no. "Aquí cuando pasó a la secretaría Jurídica dijeron "no es facultad del consejo municipal, no puede acordar eso". Estamos en contra de la megaminería, pero esa no es una decisión únicamente del gobernador del Quindío, sino que es de todo un pueblo. La gente tiene claro que no puede haber megaminería", añadió.
El mandatario dijo que la mejor forma que tiene el municipio de defenderse es por medio del acuerdo firmado con la UNESCO, cuando declaró a Salento como Paisaje Cultural Cafetero. "En ese momento, la nación firmó un documento y en una clausula expresa que el Gobierno se compromete a no hacer explotación minera en el territorio. Nos tenemos que apegar más a ese compromiso de la nación que ponernos a hacer normas por ahí pequeñitas que no tienen ninguna validez a nivel nacional", aseguró Osorio. (Puede leer: “La minería a gran escala amenaza el territorio y la vida de los pueblos indígenas de la Amazonia”)
Sobre la sentencia emitida el martes pasado por el Tribunal Administrativo del Quindío, en el que respondía una demanda de la Gobernación del Quindío, Osorio contó que lo hicieron con el objetivo de plantear una revisión al proyecto. "Solo estamos diciendo señores tribunal administrativo, el consejo de Salento manda esto yo le demando que usted nos diga cuál es la verdad. Pero no es porque estemos a favor de la megaminería". Ante el fallo, Osorio se comprometió a pedirle al Estado que cumpla la norma que está pactada con la UNESCO, en la que se establece la no exploración en el Quindío.
Salento, un patrimonio de Colombia
Este municipio tiene en sus montañas el nacimiento del río Quindío y, actualmente, provee en un 70%, agua a Circasia, Armenia, Calarcá y La Tebaída. Además, es el habitad del loro orejiamarillo, una especie en peligro de extinción. Dentro del acuerdo municipal que promueven los habitantes está, también, la protección de la Palma de Cera, el Valle de Cocora y Salento.La principal meta de los habitantes del Quindío es que Salento sea declarado como área protegida. El 98% de la zona tiene alguna declaratoria de protección ambiental. Sin embargo, según la Agencia Nacional Minera para abril de 2018 había 17 títulos, de los cuales 15 se encuentran en proceso de renuncia. (Podría leer: “Minería ilegal mueve cerca de US$1.200 millones anuales”: Mineros)