Hay un problema ambiental, que suele pasar de agache en las principales discusiones ambientales y en la cobertura de los medios de comunicación, entre otros escenarios, cuya cuenta de cobro al planeta se acerca al billón de dólares americanos.
Para ser más precisos, la degradación de la tierra, entendida como el cambio en la salud del suelo que lleva a una menor capacidad productiva o una disminución en los servicios que brinda, le cuesta al mundo USD 887.000 millones al año.
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Restaurar la tierra, por el contrario, podría generar unos USD 1.8 billones de dólares al año en beneficio. De hecho, se estima que por cada dólar invertido en restaurar ecosistemas, el retorno económico sería de entre 7 y 30 dólares americanos.
El problema, como lo manifestó la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, en el marco de la COP17 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), que se celebra hasta el 28 de agosto en Ulán Bator (Mongolia), es que la inversión está muy lejos de alcanzar lo necesario.
Al ritmo actual, apuntó Mohammed, el mundo está en camino de invertir unos USD 77.000 millones al año. Esto es menos de una cuarta parte de los USD 335.000 millones que se necesitan.
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Como suele pasar en otras discusiones multilaterales ambientales, como la de cambio climático o la de biodiversidad, el problema en el marco de esta conferencia es de disponibilidad de recursos.
Según Mohammed, más de 70 países del mundo han desarrollado planes nacionales contra la sequía y muchos otros han probado soluciones para recuperar suelos, proteger pastizales o hacer un mejor uso del agua.
La barrera surge al momento de intentar encontrar recursos que permitan materializar esos planes. “No se les debería pedir que elaboren planes nacionales para después dejarlos buscando los medios para ejecutarlos. La financiación tiene que estar disponible para invertir en las prioridades que los propios países han establecido”, señaló la vicesecretaria general de la ONU.
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Ante esta dificultad, Mohammed pidió incorporar la tierra y la resiliencia frente a la sequía a las decisiones económicas, incluyendo los presupuestos y los planes de inversión pública.
Al igual que en las otras conferencias climáticas, la vicesecretaria general de la ONU hizo un llamado a revisar los subsidios dañinos que, en este caso, son aquellos que favorecen prácticas agrícolas insostenibles o un uso ineficiente del agua. En su lugar, estos recursos deberían utilizarse para atraer inversión privada.
“Una tierra sana no es un lujo ambiental. Es capital productivo. El suelo es infraestructura. Las cuencas hidrográficas son infraestructura. Los pastizales son activos productivos”, añadió Mohammed.
Al cierre de su intervención en la conferencia, que finaliza este viernes, la funcionaria recordó que hasta el 40 % de las tierras de todo el planeta ya están degradadas, un panorama que se agrava si se tiene en cuenta que, desde el año 2000, las sequías han aumentado un 29 % en frecuencia y duración. Para mediados de este siglo, concluyó Mohammed, hasta tres de cada cuatro personas podrían verse afectadas por los impactos de la degradación.
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