Parques Nacionales Naturales de Colombia publicó este martes 17 de febrero la Resolución 091 mediante la cual ordenó el cierre del Parque Nacional Natural Tayrona, una de las áreas protegidas que más visitantes recibe cada año en el país.
La medida, según se lee en la resolución, se tomó con el fin de minimizar los riesgos a la vulneración de los derechos constitucionales y fundamentales a la vida, la integridad física, psíquica y moral, así como la seguridad y libertad de los guardapartes y del personal que labora en el área protegida, los turistas y demás personas que se encuentren al interior del área.
Según explicó la entidad a través de un comunicado, las condiciones de seguridad empezaron a deteriorarse el miércoles 11 de febrero cuando, en el sector de Cañaveral, se adelantó “una intervención institucional orientada a hacer cumplir medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro del área protegida, así como a apoyar actuaciones judiciales relacionadas con el uso indebido de zonas de especial importancia ecológica”.
Tras la intervención, continúa PNN, a través de redes sociales comenzaron a circular amenazas contra el personal del parque. En las zonas de accesos, denuncia la entidad, se presentaron actos de intimidación, se impidió el ingreso de funcionarios y se les solicitó no portar sus uniformes.
Este lunes 16 de febrero, “se presentaron bloqueos en el ingreso de El Zaino y posteriormente en otros accesos como Neguanje. En estos puntos se reportaron cobros no autorizados e ingresos irregulares de visitantes sin las garantías establecidas por la entidad, lo que obligó al retiro del personal y generó un escenario que impide asegurar condiciones mínimas de seguridad dentro del área protegida”, detalla PNN.
Por estos hechos, así como por el contexto de riesgo advertido por las autoridades competentes en el territorio, el Gobierno Nacional priorizó la protección de los derechos fundamentales y adoptó las medidas que permitan restablecer el control institucional antes de reanudar la operación turística.
“Por esta razón, se suspende temporalmente el ingreso al área protegida mientras el Estado fortalece de manera articulada su presencia institucional en la zona. Asimismo, se mantendrán abiertos los espacios de diálogo con comunidades y actores locales para avanzar en acuerdos que permitan superar las tensiones y facilitar el retorno progresivo a la normalidad”, agregó la entidad en el comunicado.
Ante este escenario, no hay una fecha clara en la cual el parque reabrirá sus puertas. De acuerdo con el tercer artículo de la resolución, la medida se mantendrá vigente “hasta que se evidencie la mejora de la gobernanza y la seguridad al interior del Área Protegida”. Esto deberá quedar consignado en un concepto técnico favorable que será expedido por la Oficina de Gestión del Riesgo.
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