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Los cuatro hombres, entre ellos un mayor del Ejército y un oficial militar retirado, fueron detenidos en la “Operación Jaguar”, de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y coordinada por el Ministerio Público.
Pocas horas después de la detención, el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, felicitó a los operadores de justicia por esta acción.
El portavoz del Ministerio Publico, Yuri Mora, dijo a periodistas que los arrestos se produjeron en tres allanamientos simultáneos en las ciudades de Tegucigalpa (centro) y La Ceiba, en el Caribe de Honduras.
La Fiscalía indicó que las capturas están sustentadas en “evidencias probatorias” y fueron dirigidas “contra los presuntos responsables” de la “autoría” del asesinato de Cáceres, identificados como el mayor Mariano Díaz Chávez, el oficial retirado Edilson Duarte Meza, Douglas Geovanny Bustillo y Sergio Rodríguez Orellana, cuyos supuestos roles en el crimen no han sido develados.
El asesinato de Cáceres, quien además era una líder indígena lenca, ambientalista y coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), sucedió en su casa en la ciudad de La Esperanza (oeste).
El único testigo de su muerte es el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien el día del crimen era huésped de Cáceres.
Por orden judicial, Castro permaneció en Honduras durante un mes para que informara sobre el caso, sobre el cual dijo en su momento que la escena del crimen había sido alterada.
La muerte de Cáceres causó conmoción en Honduras y a nivel internacional, además de múltiples reacciones de su familia y organizaciones ambientalistas exigiendo justicia y castigo para los autores intelectuales y materiales.
El presidente hondureño dijo en la Casa Presidencial que felicitaba a los operadores de justicia “que esta mañana, después de largas jornadas, han capturado a cuatro presuntos culpables de la muerte de nuestra conciudadana Berta Cáceres”.
Además, reiteró que su caso “es un duro golpe para el Estado de Honduras”, porque se trata de “una defensora de los derechos humanos del país”.
“Confío en que lo que hoy ocurrió es un evento más de varios que nos deben llevar a hacer justicia y que en Honduras impere eso, la justicia”, enfatizó Hernández.
El mandatario recalcó que ahora espera que los tribunales hagan su parte y que al final de la semana, con base en el procedimiento de la legislación hondureña, se estén produciendo “las primeras audiencias y con eso un indicador claro de hacia dónde vamos”.
“Repito, que esto nos lleve a hacer justicia en el caso de nuestra compatriota Berta Cáceres, como debe ser en cualquier otro caso también”, expresó.
Hasta hoy las autoridades hondureñas han informado muy poco sobre las investigaciones del caso, mientras que la familia de la activista ha reiterado que no confía en lo que están haciendo los cuerpos de investigación y seguridad.
Además, siguen exigiendo la conformación de un equipo técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que participe en la investigación.
Además de la presión política internacional para que se esclarezca el crimen, el Banco Europeo de Inversiones suspendió la semana pasada una financiación de 39 millones de dólares para un proyecto de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el occidente del país, como medida para que se esclarezca el crimen.
Estados Unidos celebró también la captura de los cuatro supuestos implicados en el asesinato de Cáceres y reiteró su apoyo en la investigación.
“Damos la bienvenida al anuncio de las detenciones en el asesinato de Berta Cáceres”, indicó la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa en un comunicado.
Destacó que el Gobierno estadounidense continuará “siguiendo de cerca” el “proceso judicial” de estos detenidos, “así como las futuras detenciones”.
Estados Unidos ha reclamado en varias ocasiones a Honduras una “investigación exhaustiva” para esclarecer las circunstancias del asesinato de la dirigente indígena, recordó la legación diplomática del país del norte en Tegucigalpa.