Humedales: la agenda pendiente

Colombia cuenta con cerca de 31.000 humedales ubicados en 1.094 municipios, que suman alrededor de 25 millones de hectáreas. / Archivo El Espectador

Colombia es un tesorero de la biodiversidad. La riqueza natural colombiana es estratégica para el mundo y fundamental para la mitigación y adaptación al Cambio Climático, con impactos regionales y globales. En este contexto, se destaca que Colombia es un territorio de humedales y es considerado por algunos expertos como un “país anfibio”. Este patrimonio natural requiere de especial atención y medidas efectivas de protección.

El país tiene un largo camino por recorrer en materia de conciencia ciudadana sobre la importancia de los humedales. Un humedal es una zona de tierra, generalmente plana, cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitente. ​ Al cubrirse regularmente de agua, el suelo se satura, quedando desprovisto de oxígeno y dando lugar a un ecosistema híbrido entre lo puramente acuático y lo terrestre.

Los humedales prestan una serie de servicios ecosistémicos determinantes para la salud ambiental. No olvidemos que estos ecosistemas albergan una gran diversidad que ha sido protegida por las comunidades étnicas y locales. Estos entornos son el hogar de una gran variedad de fauna acuática, terrestre y de aves; regulan procesos como los ciclos hidrológicos y de carbono; almacenan agua, depuran nutrientes, retienen sedimentos, así como contaminantes, y estabilizan las condiciones climáticas, especialmente la lluvia y temperatura.

Según los registros de expertos, el territorio nacional cuenta con cerca de 31.000 humedales ubicados en 1.094 municipios, que suman alrededor de 25 millones de hectáreas. Esta es una enorme riqueza, fundamental para la mitigación y adaptación al Cambio Climático y al tan necesario y cacaraqueado Desarrollo Sostenible. Sin embargo, esta riqueza natural ha estado bajo la permanente amenaza de fenómenos de degradación.

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Se debe resaltar que, en reconocimiento a la importancia de los humedales, la comunidad global adoptó la “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional”, que se conoce en forma abreviada como “Convenio de Ramsar”, ciudad de Irán, situada a orillas del mar Caspio, donde se firmó en 1971, y de la cual, entre otras cosas, Colombia sólo ratificó 27 años después, en 1998. Ese mismo año se designó el primer humedal de importancia internacional o “sitio Ramsar”: La Ciénaga Grande de Santa Marta. En la década del 2000 se designaron adicionalmente cuatro sitios/humedales Ramsar, el último en 2008.

Ahora bien, las áreas protegidas y con estrategias de conservación legalmente establecidas son determinantes para garantizar el buen estado de los humedales. Está demostrado que esos ecosistemas estratégicos sufren mucho menor deterioro cuando están bajo una categoría jurídica de protección, que sin ella. De allí que en el gobierno anterior del presidente Juan Manuel Santos, se retomó la agenda de humedales, empezando este nuevo capítulo con la normativa de protección especial a través del artículo 172 de la Ley 1753 de 2015 o Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

Se amplió sustancialmente el sitio Ramsar/Laguna del Otún, en el Eje Cafetero y Tolima. Se pasó de cinco a 12 nuevos humedales Ramsar, es decir de 580.000 a cerca de dos millones de hectáreas. Entre los humedales elevados a sitios Ramsar se destacan: La Estrella Fluvial del Inírida, en Guainía; los Lagos de Tarapoto (el primero en la Amazonía y “casa” de los delfines rosados); la Ciénaga de Ayapel, en Córdoba; la Ciénaga de Zapatosa, en Cesar; el río Bita, en Vichada; y el complejo de 11 humedales urbanos de Bogotá, único sitio Ramsar urbano en América Latina. Con estas medidas se reconoció el gran valor de los humedales, no sólo para el país, sino para la humanidad en su conjunto.

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Es preciso decir que la decisión del Gobierno Nacional de actualizar la política de humedales es un paso en la dirección correcta. Pero no puede ser a costa de la agenda pendiente en esta materia, que está relacionada con decisiones que quedaron listas y se han paralizado; por ejemplo, la designación de nuevos sitios Ramsar, entre ellos los marino-costeros, y la adopción de la regulación normativa del mapa de humedales, que, entre otras cosas, ha encontrado una enorme resistencia de la mayoría de los gremios del sector agropecuario. La delimitación y protección de los humedales requiere de un balance adecuado entre continuidad y cambio de políticas y regulación. Se debe retomar la agenda pendiente.

 * Fellow Investigador, Universidad American, Exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible