4 Nov 2020 - 1:36 a. m.

Informe revela que las mujeres corren más riesgo de sufrir violencia en proyectos extractivos

Colombia, Perú, Guatemala y Honduras, donde se instalan empresas que extraen recursos naturales, fueron los países analizados. Según el estudio, este tipo de actividades impactan sobre todo a las mujeres indígenas y rurales y las defensoras medioambientales.

Redacción Medio Ambiente, con información de EFE

Un estudio elaborado por las organizaciones ambientales Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) analizó el riesgo de sufrir violencia en proyectos extractivos en Colombia, Perú, Guatemala y Honduras, países donde se instalan empresas que extraen recursos naturales y los Gobiernos deben ahondar en las medidas que las protegen. (Lea: En medio de la cuarentena, los asesinatos de líderes sociales aumentaron en un 61%)

El informe “Género e industrias extractivas en América Latina: Medidas estatales frente a los impactos diferenciados en las mujeres” informó que las mujeres corren mayor riesgo de sufrir violencia en estos países, en los que su economía depende en gran parte de actividades extractivas y en donde se registra un alto índice de personas defensoras de la tierra y el medioambiente afectadas por proyectos empresariales de este tipo.

Cristina Blanco, investigadora de la DPLF y autora del informe, reiteró que las actividades extractivas impactan principalmente a las mujeres indígenas y rurales y a las defensoras del medioambiente. Añadió que los mayores peligros que enfrentan es la violencia que ejercen algunos trabajadores foráneos de las empresas que se instalan en las comunidades, entre ellos han registrado agresiones contra mujeres embarazadas, violencia contra sus hijos, y el asesinato o la desaparición de las líderes.

Blanco explicó que las lideresas, por su lucha para proteger al medio ambiente, se ven obligadas a elegir entre su familia o su organización. Por ejemplo, en Guatemala, las parejas de algunas defensoras las han puesto en la disyuntiva de seguir con su activismo y promoción de derechos o continuar con la relación sentimental, según recoge el estudio.

Los impactos a su integridad económica es otro de los retos que deben enfrentar. “'Vayan a trabajar en las tareas de hogar' es una de las frases que se utilizan para disuadir el liderazgo de las mujeres”, agregó Blanco. Otra de las barreras es la dificultad de incluirlas en la toma de decisiones y en la participación que contemplan las autoridades para que los proyectos tengan en cuenta a las comunidades en las que se asientan. (Puede leer: Los nuevos líderes contra el cambio climático están dentro de los hospitales)

La investigación también se centra en evaluar qué políticas públicas han adoptado los diversos países para abordar una perspectiva de género en las normativas sobre proyectos extractivistas. Así, Valeria Urbina, investigadora de DAR, celebró que desde finales de los años 90 ha habido un desarrollo normativo al alza de promoción de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, recalcó que en Colombia se creó una Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer; en Perú cuentan con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; en Guatemala hay un Foro Nacional de la Mujer y en Honduras, un Instituto Nacional de la Mujer.

Pero, pese a los esfuerzos de los países en asumir la perspectiva de género en sus leyes, “hay una gran limitación en la aplicación de las medidas y en concretarlas a normativas más específicas”, sentenció Elva Terceros, magistrada del Tribunal Agroambiental de Bolivia.

¿Cómo le fue a Colombia?

En Colombia, durante las últimas dos décadas, se impulsó un modelo económico extractivista en el que se aprovechó el incremento del valor de los bienes primarios. Un modelo que aprovecharon los diferentes gobiernos para focalizar la inversión estatal en el sector minero-energético, que impulsó el número de titulaciones mineras otorgadas. Pasaron de 211 en 1990 a 1547 en 2010. (Le puede interesar: Demandas internacionales y otros mitos sobre el Acuerdo de Escazú)

Sin embargo, con este modelo económico se originaron diferentes conflictos socioambientales, que afectó especialmente a las comunidades campesinas e indígenas. “Como ejemplo de marcos legales que incrementaron estos conflictos, en 2001 se emitió el Código de Minas, diseñado para favorecer la inversión privada extranjera al otorgar títulos de concesión sin mayores consideraciones en materia ambiental. Esto conllevó al incremento de la violencia y graves violaciones de derechos humanos”, señala el estudio.

La ONU, luego de un viaje realizado al país en noviembre de 2018, encontró que la situación de las defensoras en contextos rurales es más crítica que en zonas urbanas. De acuerdo al Atlas de Justicia Ambiental, en Colombia habría 37 casos de conflictos socioambientales que tienen a mujeres y sus organizaciones involucradas en el rechazo a megaproyectos. De ellos, 12 casos están vinculados a proyectos extractivos y uno a proyectos de infraestructura.

Colombia presenta un alto número de amenazas, ataques y asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos. La mayoría de ellos quedan en la impunidad. La Defensoría del Pueblo de Colombia ha señalado que desde 2016 hasta agosto de 2018 se registraron 342 personas defensoras asesinadas.

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