23 Sep 2014 - 5:00 p. m.

Investigadores advierten que agilización de licencias ambientales iría en detrimento del patrimonio

La norma que se expedirá el miércoles reducirá el tiempo de aprobación de licencias de este tipo para proyectos de infraestructura y minería.

Agencia de noticias de la U. Nacional

 Tras el anuncio del gobierno sobre el decreto que busca que los trámites relacionados con licencias ambientales, para proyectos de desarrollo, se reduzcan hasta en cinco meses, muchas han sido las voces a favor, pero también en contra de la medida.

Es el acaso del biólogo Orlando Rangel, profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad NacionaL (ICN) que trabaja el tema del medioambiente en el país, quien no ve con buenos ojos este decreto que agilizaría el trámite de las licencias ambientales, de manera que sean definidas antes de 5 meses.
En su opinión, analizar el mapa de las licencias previas que hay para explotaciones mineras en Colombia genera espanto, pues prácticamente todo el territorio nacional está cuadriculado.

“Si el proceso para iniciar estas explotaciones se acorta y a las licencias se les da un ordenamiento, como si se tratara de reparar una conexión del acueducto o restablecer el fluido eléctrico, el asunto se va a tornar dramático”, explica el docente.

El documento “por el cual se modifica el Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, mediante el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales”, que se expedirá este miércoles 24 de septiembre, establece varios lineamientos para destrabar algunos megaproyectos que se encuentran detenidos o retrasados por dicho requisito.

El experto agrega que, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, concretamente en La Florida, se explotan muchos minerales, pero las empresas deben dejar el espacio como estaba antes de la explotación o por lo menos muy parecido.

“¿Por qué en nuestro país no podemos exigir que las cosas se devuelvan en el estado más cercano a la condición en que estaban?”, se pregunta el biólogo del ICN.
La motivación que tienen ambientalistas y demás expertos del entorno natural es justificada, si se tiene en cuenta que el anuncio del Gobierno desencadenará intervenciones mineras y de infraestructura, para las cuales el país no está preparado.

“En Colombia no hay gente formada para asumir el impacto de los grandes retos que implican las explotaciones mineras y las de hidrocarburos. Entonces necesitamos que parte de las regalías se incorporen a la formación de talento humano que pueda encontrar soluciones a los problemas de la explotación minera”, afirma el investigador.

Hay que solucionar, por ejemplo, qué hacer con las aguas residuales o cómo recuperar los grandes cráteres que han quedado en las cordilleras por la explotación del carbón.

El profesor Rangel también asegura que entre los inconvenientes más urgentes de remediar están las explotaciones de oro y de hidrocarburos, que en algunos casos generan la contaminación de los acuíferos, así como el problema de qué ocurre con el agua en los pozos petrolíferos.

“Podemos encontrar una vía ecológicamente adecuada para devolver esa agua nuevamente al entorno, pero eso solo se logra con investigación, poniendo al servicio del establecimiento las mejores mentes, los mejores grupos”, destaca el investigador.

Asimismo, recalca que el nuevo Ministro de Medio Ambiente, quien en su concepto no tiene un óptimo conocimiento de la situación, ha propuesto agilizar las licencias ambientales, ‘presionado por el sector desarrollista que necesita solucionar este trámite en el menor tiempo posible’.

“En el país se tiende a asegurar que los ambientalistas hacen mucho escándalo, pero si existieran condiciones claras desde el principio no habría problema. Ninguna institución, ninguna entidad, si conoce que hay un ordenamiento territorial que está plenamente justificado, incurriría en fallos contra ese ordenamiento”, finalizó el experto.

 

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