Las bases del Plan Nacional de Desarrollo para el cuatrienio 2022-2026 ya están sentadas. Con el nombre “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, el presidente Gustavo Petro presentó esta hoja de ruta en la que los jóvenes son uno de los actores diferenciales para el cambio de país que propone el Gobierno. Puntualmente, se busca que esta parte de la población no haga parte de la guerra, cuente con mayores oportunidades y promueva la paz. (Puede leer: Los indígenas de la Amazonia se toman la cumbre de biodiversidad en Canadá)
En Colombia, según el DANE, la población joven es de aproximadamente 11 millones y presenta amplias brechas sociales, económicas y culturales, así como una marcada exclusión educativa y financiera. A septiembre de 2022, la tasa de desempleo nacional fue de 10,7%, siendo para las y los jóvenes -entre 15 y 28 años-, que hace parte de la fuerza de trabajo, de 18,3%.
En cuanto a la informalidad, de cinco millones de jóvenes ocupados a septiembre de 2022, el 43,6% estaban vinculados a actividades domésticas, por jornal, cuenta propia o en negocios familiares sin remuneración, mientras que el 56,4% restante eran empleados del Gobierno o de particulares, sin certeza del tipo de contratación.
Lo que se proyecta con el Plan es que la sociedad colombiana transite hacia una economía verde e incluyente donde prime la sostenibilidad y sea el territorio el eje de las transformaciones hacia estructuras productivas biodiversas y limpias, con foco en las metas climáticas trazadas para el país en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés). (Le puede interesar: En Estados Unidos encontraron 450.000 hectáreas de árboles muertos, ¿qué les pasó?)
No obstante, aunque una de las temáticas transversales en las NDC es la ‘Transición justa de la fuerza laboral’, la cual se relaciona directamente con una economía resiliente baja en carbono, las bases presentadas no resaltan el papel de los empleos verdes como enlace entre el empleo decente y el desarrollo sostenible, tal como lo concibió la Política de Crecimiento Verde de 2018, instrumento que articuló el camino entre la paz, el uso sostenible del capital natural, la transición energética y el mercado laboral reconociendo este tipo de empleos.
Colombia es de los pocos países de la región que ha adoptado el concepto de empleos verdes, así como la discusión pública y su posicionamiento en el escenario político para su reglamentación y medición; lo cual es un hito frente a los objetivos climáticos, dado que dichos empleos son fundamentales en el escenario actual para una recuperación sostenible. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los empleos verdes son aquellos de tipo formal que se desarrollan en condiciones de trabajo decente, que contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente, y que, además, permiten procesos de producción más respetuosos con el entorno.
La Política de Crecimiento Verde instó a solucionar las fallas del mercado laboral que limitan la formación del capital humano requerido para un crecimiento sostenible; para esto, propuso identificar los empleos verdes, tarea que le fue asignada al DANE, entidad que los está contabilizando desde 2019 en sus cuentas ambientales y económicas. El DANE separa empleos ambientales de verdes al incluir el componente de trabajo decente en estos últimos. Para el periodo 2020-2021 estableció que 43,3% de los empleos ambientales en el país eran verdes, en concreto 81.386 empleos. Sin embargo, estos solo representan el 0,43% de los puestos de trabajo totales existentes, es decir, 18 millones. (También puede leer: Con protestas inició la reunión de la Organización Marítima Internacional en Londres)
De acuerdo con la OIT el potencial de generación de empleos verdes en Latinoamérica es de 15 millones a 2030 y en Colombia, los principales sectores económicos son nichos para este tipo de trabajos, entre estos, agricultura y agroindustria; minero-energético; residuos y reciclaje; ciencia, tecnología e innovación y salud. Además, según MinCiencias, en el país hay un potencial de creación de 2.5 millones de empleos verdes en las actividades relativas a la bioeconomía como el manejo o uso de biodiversidad, biomasa, biocombustibles y biotecnología, con capacidad de aportar un 10% al Producto Interno Bruto -PIB-.
Frente a la formación para el trabajo, sólo un 7% del total de ocupados a nivel nacional asistió a algún curso entre abril y junio de 2022, de los cuales tan sólo un 16,6% lo hizo en áreas de formación relacionadas con sectores con potencial verde, esto es menos de 250 mil personas. Por tanto, es imperativo que se dé prioridad a lo planteado en la Política de Crecimiento Verde mediante la destinación de rubros a los ministerios con responsabilidades en su implementación, particularmente a los ministerios de Trabajo, Educación y Ambiente.
Estos ministerios tienen la responsabilidad de aumentar la capacidad de formación de capital humano en los sectores para la transición justa e igualmente, promover la oferta, gratuita y de calidad, tanto a través del Servicio Público de Empleo como en las instituciones privadas, para incentivar el aprendizaje en áreas técnicas y profesionales afines al crecimiento verde.
Para transitar a una economía verde e incluyente, como lo proponen las bases del Plan, hay que aumentar los esfuerzos y crear las condiciones educativas y laborales para impulsar una fuerza laboral con conciencia ambiental y con interés en sectores económicos justos y resilientes. (Podría interesarle: Un área del tamaño de Grecia está siendo restaurada por 18 países)
Así, el reto es que esta nueva fuerza laboral, los jóvenes, estén capacitados en los sectores y actividades que serán la base del nuevo esquema social y productivo con miras a una verdadera intención frente a la mitigación y adaptación al cambio climático, ya que hoy, sólo un 23,9% se ubican en actividades económicas posiblemente relacionadas con empleos ambientales, los cuales no son necesariamente empleos verdes.
* Socióloga asociada a Transforma