Durante los últimos días de agosto, el Ministerio de Minas y Energía firmó una nueva resolución que había sido anunciada como parte del paquete de medidas del Gobierno para acelerar la transición energética en el país. El documento establece las reglas para que dos proyectos del sector minero-energético puedan coexistir en una misma área.
En términos generales, explica un documento del Minminas sobre la regulación, “se busca evitar conflictos, la parálisis indefinida de proyectos y garantizar el interés general (desarrollo energético, uso eficiente de recursos y seguridad jurídica)”. En otras palabras, los lineamientos tratarán de resolver los conflictos que pueden surgir, por ejemplo, cuando el área de una mina y un proyecto de generación de energía se superponen.
Aunque no se trata de una resolución enfocada únicamente en proyectos de energías renovables, sí tiene beneficios particulares para la construcción de varias iniciativas de ese sector. SER Colombia, el gremio de las empresas de energías renovables, la incluyó en su más reciente informe como una de las normativas necesarias para resolver los cuellos de botella que han ralentizado la transición energética en el país.
“Hemos identificado al menos 16 proyectos en los que, por conflictos de coexistencia, no se han podido iniciar las obras o se han retrasado los procesos de factibilidad, principalmente, de parques solares”, explica Alexandra Hernández, presidenta de ese gremio. Los procesos de coexistencia en el sector minero-energético ya se habían regulado en 2022, sin embargo, no existían parámetros claves sobre qué hacer cuando las empresas entraran en conflicto. (Vea: Colombia ya produce el 10 % de su energía con renovables)
Este documento define varios puntos claves, como los tiempos que pueden tardar las empresas en llegar a un acuerdo de coexistencia y las salidas que tendrían en caso de no lograrlo. De acuerdo con Hernández, estas nuevas reglas de juego podrían “desestancar” hasta 500 megavatios en proyectos de energías renovables, que podrían abastecer alrededor de un millón de personas anualmente.
La coexistencia de proyectos
Los problemas para que coexistan dos proyectos mineros o energéticos en Colombia empiezan a aparecer cuando sus áreas se sobreponen. María Camila Aponte, consultora sénior de Holland & Knight, una firma de abogados que asesora proyectos de este sector, lo explica con un ejemplo: “cuando a un proyecto petrolero se le asigna un área de exploración, esta suele ser mucho más grande que el área que finalmente utiliza para explotar el recurso”.
Es decir, mientras la Agencia Nacional de Hidrocarburos puede entregar un área de 1.000 hectáreas para que una empresa busque yacimientos de petróleo, finalmente pueden encontrar que solo hay un pozo viable para la explotación, por lo que solicitan una licencia ambiental que ocupa 200 hectáreas. El resto del terreno no es intervenido, pero sigue haciendo parte del bloque de hidrocarburos. ¿Qué pasa si otra empresa quiere hacer un parque solar allí?
Para esto se crearon los acuerdos de coexistencia, pero la normativa expedida en 2022 no establecía un tiempo máximo para llegar a un acuerdo. “Normalmente, el proyecto entrante es el que tiene la iniciativa para buscar un acuerdo, pero no existía ningún incentivo para que el proyecto existente respondiera a esa solicitud. Entonces tenemos casos de procesos que duran años sin ningún avance”, afirma Hernández. Ese proceso cambió en varios puntos con la reciente resolución.
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En primer lugar, se establecieron plazos claros. Después de la notificación para buscar un acuerdo, las empresas tienen 15 días hábiles para citar a una primera reunión. Después, el período de negociación puede tomar hasta 30 días hábiles, que pueden prorrogarse por 30 más. Finalmente, de llegar a un acuerdo, tendrán cinco días para enviarlo al Minminas y a las autoridades ambientales.
Si la negociación falla, también hay un procedimiento detallado. Las empresas pueden acordar la contratación de un perito, o el Ministerio puede asignarles uno, que evaluará las condiciones en las que podrían o no coexistir los proyectos. Si el concepto que emite esta persona o empresa afirma que los proyectos pueden operar en la misma área cumpliendo algunas condiciones, deberán suscribir un acuerdo bajo esos términos. Este proceso tomaría máximo cuatro meses.
Contar con cronogramas claros, dice Hernández, “es fundamental para los proyectos de energías renovables, que muchas veces están comprometidos a empezar a operar en un año específico y se ven afectados por este tipo de retrasos”.
Además de definir límites de tiempo para llegar al acuerdo, Aponte considera hay otro cambio clave en este proceso. “Se hace una distinción clara entre área superpuesta y conflicto de coexistencia. Esto quiere decir que no todos los proyectos que compartan un área van a tener un conflicto y, entonces, tampoco tendrá que darse una negociación”, explica la abogada.
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Según la resolución, habría varios escenarios en los que no se necesitaría que los proyectos lleguen a un acuerdo. Por ejemplo, si el proyecto entrante no requiere de una licencia ambiental, como es el caso de los proyectos de energías renovables por debajo de los 10 megavatios. Tampoco tendrán que firmar un acuerdo en los casos en los que no se compruebe que sea incompatible el funcionamiento simultáneo de los dos proyectos sin una negociación. Por ejemplo, cuando las zonas de operación están tan alejadas que no interfieren entre sí, o cuando los impactos ambientales de ambos proyectos afectan zonas distintas y no requieren un manejo conjunto.
Para tener esto claro, el Minminas le ordena a varias instituciones, como el Servicio Geológico Colombiano, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería, recopilar las coordenadas de todos los proyectos del sector minero-energético. Las empresas deberán reportar cada seis meses si la ubicación de sus proyectos tendrá modificaciones, con el fin de tener información actualizada que permita saber si la entrada de nuevos proyectos a una misma área requeriría de una negociación.
Según Hernández, desde el gremio esperan que la puesta en marcha de esta resolución acelere la entrada en operación de esos 500 megavatios que estaban a la espera de un acuerdo de coexistencia. “Esto, además, puede incentivar nuevas inversiones”, añade, pues cree que habrá empresas interesadas en plantear proyectos en áreas mineras o de hidrocarburos ahora que hay normas claras para entrar a estas.
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
