La nueva ruta del Minambiente para delimitar los páramos

El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, cree que el proyecto de ley  del Plan Nacional de Desarrollo, que se está debatiendo en el Congreso, podría resolver la pregunta que viene frenando la delimitación de páramos en Colombia: Si la minería y la agricultura están prohibidas en estos ecosistemas, ¿que pasará con los campesinos y las compañías mineras que durante años se han beneficiado de ellos?

 

Para Vallejo, los magistrados de la Sala de Consultas del Consejo de Estado desarrollaron una respuesta salomónica, a propósito de la delimitación de Santurbán (Santander), y su propósito es que el Plan de Desarrollo la acoja para que se aplique a los 35 páramos restantes.

 

Cuatro años se tardó la delimitación de Santurbán debido a múltiples dificultades: por un lado, la ley 1382 de 2010 prohibía en los páramos cualquier actividad productiva, pero en este caso ya había actividades económicas en el delicado ecosistema (como minería artesanal y a gran escala y siembras campesinas), que sumadas a la presencia de asentamientos humanos y a la presión social de quienes pedían la protección absoluta de los ecosistemas, dificultaron la tarea.

 

Mientras los ambientalistas y cientos de ciudadanos del país pedían que las líneas del páramo coincidieran con los conceptos científicos entregados por el Instituto Humboldt, encargado de elaborar los mapas, para el Minambiente esas líneas no podrían ser definitivas. Habría que ajustarlas teniendo en cuenta los usos que los campesinos y mineros les habían dado, por años, a esos suelos.

 

Para resolver esa dificultad, en septiembre del año pasado el Ministerio le pidió a la Sala de Consulta del Consejo de Estado que lo ayudara a encontrar una solución para saber qué debería pasar con las personas que viven y se benefician del ecosistema, en el momento de entregar las delimitaciones. 

 

La respuesta llegó el 11 de diciembre, ocho días antes de la presentación de los límites de Santurbán, pero solo fue pública esta semana a través de un comunicado emitido por el Consejo de Estado.

 

En un documento de 70 páginas los magistrados hicieron un análisis de todas las leyes pertinentes, aclarándole al Ministerio que el derecho de todos los colombianos al medio ambiente sano debe, ante todas las cosas, protegerse y la expansión de la minería y la agricultura en páramos se debe seguir prohibiendo. Pero más adelante los magistrados le recuerdan al Ministerio que el Estado les otorgó a campesinos y mineros derechos sobre esos territorios que deberían garantizarse.

 

Para el Consejo, el Minambiente tendría que encontrar un equilibrio entre las necesidades sociales y económicas de las comunidades y su deber de proteger el ambiente. Para lograrlo, el tribunal recomendó que, frente a las actividades de explotación y exploración minera o petrolera que hayan recibido licencia ambiental para operar en páramos antes de que se emitiera la Ley 1382 de 2010, éstas podrán seguir extrayendo materiales hasta que se terminen los contratos de concesión, que no tendrán posibilidad de prórroga.

 

Sin embargo, las explotaciones podrían suspenderse antes de tiempo si las autoridades ambientales identifican graves afectaciones a los ecosistemas e incumplimientos por parte de las empresas. Los magistrados aconsejaron que las autoridades ambientales hagan un seguimiento mucho más riguroso a las actividades que se desarrollen en esos ecosistemas.

 

En cuanto a los campesinos, el alto tribunal cree que deberán entrar en procesos de reconversión de sus prácticas agrícolas y que el Estado no podrá actuar como una autoridad policiva que los obliga a abandonar el páramo, sino como un acompañante que permita emplear a la población en nuevas actividades económicas que no afecten el ecosistema y les garanticen la subsistencia.

Estas posturas del Consejo de Estado fueron vistas por el Ministerio como la ruta clara para resolver los conflictos que ha generado la delimitación entre empresarios, campesinos y Gobierno, debido a los vacíos de implementación que tenía la ley 1382. Fue por eso que le propuso al Gobierno incluir las recomendaciones del tribunal dentro de la nueva ley del Plan Nacional de Desarrollo.

 

De ser aprobada, esta sería, legalmente, la nueva ruta para pensar los páramos del país. La pregunta que queda es cómo recibirán los ambientalistas, campesinos y mineros esta nueva normativa.