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Como lo reconoció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “muchas de las demandas de las protestas sociales guardan estrecha relación con los desafíos estructurales que subyacen a la profunda desigualdad social y la violencia histórica en el país, con especial afectación en las personas pertenecientes a los grupos étnico-raciales”.
En efecto, el ambiente sano no ha sido ajeno a la protesta social pues diversos sectores de la sociedad han sumado a las reivindicaciones su preocupación ante los graves impactos y daños ambientales, sobre todo aquellos derivados de la implementación de políticas y proyectos extractivos, agroindustriales y energéticos en detrimento del ambiente sano, del clima, la democracia y la justicia ambiental. El panorama se agrava con los impactos que ya experimenta el país por la crisis climática y la gran vulnerabilidad que esto representa en términos de garantía de derechos, especialmente para las y los más vulnerables.
Dicho contexto evidencia la importancia de incluir en el diálogo nacional la necesidad de hacer efectiva la protección y garantía del ambiente sano a través del fortalecimiento de la democracia y la gobernanza ambiental. Cada vez es más urgente que el ambiente sano sea visto como un derecho humano que debe garantizarse a todas las personas, tanto en la dimensión individual como colectiva; como una condición indispensable para la garantía y goce efectivo de otros derechos, tales como la alimentación, la salud y el agua, esenciales para la existencia humana, como lo ha reconocido la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Para contribuir al diálogo y a la búsqueda de soluciones estructurales en este asunto, debemos reconocer que Colombia tiene desde hace varios años un alto grado de conflictividad socioambiental y escenarios de injusticia ambiental y climática evidentes. Dicho marco puede caracterizarse de la siguiente manera:
Falta de reconocimiento de las comunidades étnicas, campesinas y rurales y de su identidad cultural diversa: Pese a que Colombia se reconoce como un Estado multicultural, las comunidades étnicas experimentan una insuficiente garantía de sus derechos etnoterritoriales, manifestada muchas veces en el desconocimiento de su derecho a la consulta previa, libre e informada y en el traslape de proyectos económicos con territorios étnicos o en proceso de formalización. Además, estas comunidades han sido muchas veces víctimas de exclusión y discriminación en decisiones que impactan el ambiente y que desconocen sus propias y diversas construcciones del mundo.
Déficit de democracia ambiental: En relación con los derechos de acceso en asuntos ambientales y pese a la robusta normatividad que existe al respecto en el país, los obstáculos para su garantía efectiva son múltiples. Por ejemplo, acceder a gran parte de la información pública ambiental es una tarea extenuante y muchas veces costosa. Asimismo, la Corte Constitucional colombiana ha reconocido un déficit de protección de la participación ciudadana en materia ambiental, lo que se manifiesta también en la falta de aprobación comunitaria de algunos proyectos. Por último, pese a una prolija jurisprudencia en asuntos ambientales, muchas de las medidas ordenadas para remediar los impactos y garantizar la protección de derechos no se cumplen, evidenciando desafíos importantes en materia de acceso a justicia (Sentencia Amazonía, sentencia Arroyo Bruno, Sentencia delimitación del páramo de Santurbán).
Inequidad en la distribución de cargas y beneficios: Se manifiesta en distintos casos a lo largo del país, afectando principalmente las condiciones de vida de poblaciones en condición de vulnerabilidad. Los ejemplos incluyen: el caso de los Departamentos de Cesar y La Guajira, donde la minería de carbón legal y a gran escala ha generado graves impactos ambientales, sociales, culturales y climáticos y no ha contribuido a mejorar las condiciones socioeconómicas a nivel local; la situación de comunidades indígenas y campesinas afectadas por la deforestación masiva en la Amazonía; el caso de las comunidades impactadas por la aspersión de glifosato; el alto riesgo que experimentan sobre todo los habitantes de varias localidades de Bogotá (Puente Aranda, Kennedy y Fontibón) ante los problemas de la mala calidad del aire y el cambio climático; y la situación de riesgo de comunidades por la construcción y operación de la represa Hidroituango, entre otros.
Ausencia de garantías y contexto de alto riesgo para quienes defienden el ambiente: Según el informe de Global Witness Defender el Mañana, en 2019 fueron asesinadas 64 personas defensoras ambientales en Colombia, siendo el país con el mayor número de muertes en el mundo. Además, en su informe sobre el país, el Relator de la ONU sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos manifestó que entre las personas defensoras que enfrentan mayor riesgo están quienes defienden la tierra, los derechos de los pueblos étnicos y el ambiente. Esta situación se ha profundizado en el contexto de la pandemia y en el marco de las protestas sociales. Para 2020, la cifra de asesinatos de líderes ambientales, sociales e indígenas sería de 200. En el marco de las protestas sociales, a junio de 2021, se han registrado 75 asesinatos, 1832 detenciones arbitrarias, 83 víctimas de violencia ocular y 3.486 casos de violencia policial. A ello se suman los 83 líderes asesinados, según el registro de INDEPAZ.
Ante esta coyuntura, se hace imperioso el fortalecimiento de la gobernanza ambiental. El respeto al Estado social y ambiental de derecho y al principio democrático por parte del Estado es esencial para el cuidado del planeta, para garantizar los derechos humanos y para buscar salidas con justicia ambiental y climática a la crisis que enfrenta el país. Dicho fortalecimiento requiere además de un diálogo social y de mecanismos de participación ciudadana efectivos e inclusivos en los cuales se escuche a la ciudadanía en temas de vital importancia.
Esos asuntos incluyen por ejemplo la ratificación del Acuerdo de Escazú para el fortalecimiento de los derechos de acceso y de las garantías para las personas defensoras ambientales; soluciones a la crisis climática, que incluyan transición energética y perspectiva de derechos y que pongan a la gente en el centro; el cierre minero justo; el respeto a las consultas populares como mecanismos de participación ciudadana; la debida diligencia ambiental y el cumplimiento cabal de los principios de prevención y precaución en proyectos que puedan generar impactos ambientales, como la gran minería y el fracking; el fortalecimiento de las garantías para los y las defensoras ambientales; y el reconocimiento y respeto de la vida y los derechos de las comunidades étnicas.
*AIDA es una organización internacional sin fines de lucro que usa la ley para proteger el ambiente en el continente americano.