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El 10 de noviembre del 2022 se publicó video en que se veía cómo una corriente de agua café se metía entre los muros, ladrillos y techo despedazados del barrio El Pacífico y Altos de la Torre, en la Comuna 8 de Medellín. Había sido publicado por el Movimiento Laderas, creado para autogestionar medidas comunitarias de riesgo de desastres, y mostraba algo similar a lo que sucedía en las otras 15 comunas de la ciudad: calles inundadas, quebradas que se salieron de su cauce, casas destrozadas, árboles caídos y alcantarillas desbordadas (Le puede interesar: Playlori, la mujer trans venezolana que luchó por su identidad en Medellín).
Lo que sucedió aquella vez era reflejo de lo que pasa en la capital antioqueña cuando hay fuertes lluvias. El año pasado esa situación condujo a la Alcaldía a tomar una particular decisión: declarar una “emergencia climática”, es decir, tomar “acciones urgentes” para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático y la variabilidad climática. Pero, hoy, un semestre después de que adoptara esa medida, no todos parecen estar conformes con las acciones que han tratado de implementar (Lea también: Una reivindicación de las “locas de pueblo”: la diversidad más allá del insulto).
Según el Movimiento Laderas, hasta el momento no se han implementado las que prometió la Alcaldía. Tampoco, dicen, han asignado un presupuesto claro. “Lo que nosotros pedimos fueron soluciones de fondo y no a corto plazo”, dice Alejandro Ramírez, uno de sus líderes.
Su exigencia tiene una razón de fondo. Aunque las cifras actuales no son muy claras, Sebastián Bustamante, del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad EAFIT (Urbam), asegura que, de acuerdo a los datos oficiales, por lo menos, el 8 % de habitantes en Medellín está en riesgo de deslizamiento. “Pero hemos visto que esa cifra puede alcanzar el 20 % o el 30 %. Quienes habitan en asentamientos precarios tienen mayor vulnerabilidad”, dice.
Uno de los puntos que más discordia ha causado desde que se anunció la emergencia climática tiene que ver con el proceso de construcción del decreto (el 1023 de 2022) en el que quedarían claras las metas para atender las contingencias. Tanto para Ramírez como para la concejala por el movimiento Estamos Listas, Dora Saldarriaga, las organizaciones que estaban participando en su elaboración no contaron con el tiempo suficiente para hacer los comentarios.
En palabras de Ramírez, apenas tuvieron dos días para hacerlos y solo conocieron el resultado final el pasado 9 de mayo en un debate de control político para revisar qué había hecho la Alcaldía desde la declaratoria.
La entidad encabezada por Daniel Quintero señala, por su parte, que siguieron el camino adecuado: publicaron el borrador en el portal institucional y solo recibieron seis recomendaciones. Varias de ellas, aseguran, quedaron en el decreto final.
Como se lee en ese documento, quedaron establecidos siete puntos de acción. En ellos se habla, a grandes rasgos, de crear comités comunitarios para la gestión de riesgo de desastres, adoptar estrategias pedagógicas en la ciudadanía, e implementar una mejor integración del sistema de alertas tempranas que monitorean los riesgos en Medellín.
También se toca un tema fundamental, que es la mejora hidráulica de las cuencas de agua. Eso, en pocas palabras, implica mejorar las condiciones del río y sus más de 300 quebradas; limpiar y remover basuras, y construir estructuras que protejan los cauces. Todo esto para disminuir la vulnerabilidad ante el riesgo de inundación y movimientos en masa de la población que vive cerca a las cuencas de agua.
Pero hay otra crítica en la que coinciden Saldarriaga, Ramírez y Bustamante. Afirman que no se ha destinado un monto exclusivo para llevar a cabo esos siete puntos, como esperaban, sino que se está trabajando con el presupuesto que ya fue asignado para las diferentes entidades que atienden las contingencias en Medellín. Además, añade Saldarriaga, las acciones que se han llevado a cabo “hacen parte del plan de desarrollo original de la Alcaldía. No obedece a los cambios que deben existir cuando se declara una emergencia climática”.
Entre esas acciones, llevadas a cabo por entidades como el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres( DAGRD), está la reactivación de 38 comités comunitarios de gestión del riesgo con la participación de 207 voluntarios; la capacitación de 317.000 personas en materia de gestión del riesgo de desastres entre 2020 y 2023; y la intervención de 8.167 metros lineales de quebradas, cifra que superó la meta de 600 metros proyectada en el Plan de Desarrollo para este periodo. También, durante el período de Daniel Quintero, se han intervenido 187 quebradas, 15 de ellas en 2023.
Actualmente, Isvimed tiene 32 proyectos para mejorar el hábitat y la vivienda en la ciudad, y el DAGRD también le dijo a El Espectador que ha realizado 10.564 inspecciones en hogares que presentan diferentes fenómenos amenazantes, “de las cuales se han emitido 2.978 conceptos de evacuación temporal y 3.059 de evacuación definitiva, todo esto asociado a distintos los tipos de eventos que atiende este equipo”.
Un problema anunciado
Las contingencias no son una novedad en Medellín. Son un viejo problema acrecentado por las características de su territorio, con altas pendientes y más de 300 fuentes hídricas. Su formación como ciudad comenzó con construcciones alrededor del río y entre los años 50 y 60 sus laderas empezaron a ser lugar de asentamiento para migrantes de otros territorios colombianos: el conflicto empezó a desplazar a los campesinos del campo, y la persecución entre liberales y conservadores se recrudeció. Muchos también llegaron con la esperanza de que Medellín se convertiría en un epicentro industrial: la promesa de un futuro boyante, próspero, con el nacimiento de grandes empresas textiles como Coltejer y Tejicóndor (Lea también: Los líos del 95 % de infraestructura educativa no son el único problema en Medellín).
El Museo Casa de la Memoria cuenta que muchas familias construyeron sus casas con los instrumentos que tenían a la mano. Otras se asentaron en la orilla de las quebradas que tenían cerca y, poco a poco, lo que comenzó como convite se trasformó en barrio. El crecimiento fue de tal magnitud que, después de los setenta, se puso sobre la mesa la posibilidad de formalizar esas viviendas y apenas en los noventa se hizo parcialmente efectiva.
El resto de Medellín tampoco es diferente: el Museo de Antioquia ha documentado cómo las quebradas se cubrieron con pavimento para construir grandes avenidas y cómo muchas otras se secaron con propósitos similares. El río Aburrá, más conocido como río Medellín, también fue canalizado y se construyó en algunas de sus zonas verdes que, se suponía, eran para la inundación natural. Ahora la ciudad está ampliamente edificada: grandes urbanizaciones, casas e infraestructuras le cubren las laderas y el valle, y esto, según Urbam, ha ocasionado el fenómeno de la impermeabilización, que ocurre cuando llueve y el agua no puede ser absorbida de manera natural por la tierra. En cambio, el líquido se acumula en calles y andenes hasta llegar al río para colmar cañerías y desagües. Muchas inundaciones comienzan así.
Pero esto que ocurre en Medellín no es solo cuestión de planeamiento territorial y construcción. Yerson Ospina, docente de Biología y Ecología de la Universidad CES, dice que también tiene que ver con la variabilidad climática, donde entran el fenómeno de El Niño con temperaturas cálidas y el de La Niña con temperaturas más frías. El cambio climático que se vive a nivel mundial puede hacer que ambos fenómenos se vivan de manera más intensa.
El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) están de acuerdo con Ospina. “El cambio climático supone modificaciones a largo plazo del clima de nuestro Distrito”, dicen ellos. “También hay mayor probabilidad de que sucedan cambios en la intensidad y frecuencia de aparición en los fenómenos del Niño y la Niña”.
Es por eso que Bustamante dice que las viviendas en las laderas y cerca de las cuencas de agua corren un riesgo permanente. “Ese es el caso de la zona nororiental, la comuna 8 y la 13. Ahí también es donde más asentamientos hay”, explica Bustamante.
¿Qué camino seguir?
Hoy la situación de muchas personas no es nada fácil. Hasta ahora, han sido 2.715 familias las que, tras enfrentar algún riesgo, desastre o evento natural en su vivienda, tuvieron que mudarse. Es una situación que el Isvimed ha tratado de apoyar ofreciendo un Arriendo Temporal que, como su nombre su dice, es una solución temporal que cubre el costo de estadía de las familias mientras encuentran vivienda definitiva. Para eso se destinaron $22.746 millones de pesos en 2023, mientras que en 2022 fueron $18.798.414.625.
Pero Bustamante es crítico de esa medida. “Eso se va a convertir en una daga presupuestal que va a ser difícil sostener económicamente”, afirma. “Por ahora, el problema se ha concentrado más que todo en las laderas, pero en el futuro muchos más barrios van a ser afectados”.
Bustamante lo ideal es que ese presupuesto se destine a acciones a largo plazo. Con él coincide Saldarriaga. “Ese dinero podría invertirse en proyectos de vivienda, porque hoy en día muy pocas personas pueden tener casa propia en Medellín, pero esta administración ya no lo hizo”.
Por ahora, son muchas las instituciones que atienden los diferentes escenarios que ocasionan las crisis ambientales. Además del DAGRD e Isvimed, también está la Secretaría de Medio Ambiente, el Departamento Administrativo de Planeación (DAP) y otros. Pero para Saldarriaga “no hay una cabeza que aglutine las funciones respecto a la crisis climática. En la alcaldía hay profesionales muy buenos que a veces no están integrados entre sí. En cambio, los movimientos sociales han funcionado de manera integral durante años y han cubierto ellos mismos sus propias necesidades”.
El Movimiento Laderas, por ejemplo, tiene establecido el plan 8 por la 8, con medidas de mitigación de riesgos que sus mismos habitantes implementan: desde el manejo de aguas lluvias y escorrentías, hasta la limpieza de cunetas y quebradas, la búsqueda y sellamiento de grietas, la recolección de aguas lluvias y mantenimiento de sus hogares. “Pero necesitamos de un ingeniero para aplicar todo esto de manera adecuada”, explica Ramírez.
Para Saldarriaga, justamente, el próximo punto que se plantee para la emergencia climática en Medellín debe tener en cuenta a las comunidades.
Por ahora, la Alcaldía le aseguró a El Espectador que espera conformar un Panel Distrital de Expertos sobre Cambio Climático, que estará compuesto por seis personas pertenecientes a grupos de investigación de instituciones de educación superior, dos personas representantes del sector privado, dos personas representantes de ONG ecológicas y dos personas representantes de movimientos sociales o grupos de ciudadanía activa. Próximamente, explicará cómo se conformará.
Por Luisa Fernanda Orozco
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