Glencore, con sede en Suiza, es la mayor comercializadora del mundo en la compraventa de materias primas como cobre, cinc, plomo y carbón. Cuenta con operaciones en más de 50 países, casi 200 mil empleados y 150 minas y sitios de producción. En Colombia la multinacional lleva casi 20 años de maniobra y su foco ha sido la minería de carbón en el norte del país. Actualmente es dueña del 33% de Cerrejón (La Guajira), Prodeco S. A., Carbones la Jagua, Consorcio Minero Unido y Carbones El Tesoro, que concentran su actividad principalmente en el departamento del Cesar.
Su huella se extiende hasta Chile, donde opera la mina de cobre de Collahuasi; en Perú, con sus intereses en el complejo minero de Antamina; en Bolivia, con las minas de Sinchi-Wayra, y en Argentina participa con la minera Alumbrera.
Las organizaciones Pensamiento y Acción Social (PAS) y el Grupo de Trabajo Suiza – Colombia (ASK) le siguieron la pista al gigante minero por cuatro años. La investigación arrancó en 2010 y cerró en 2014, y durante ese tiempo detectaron problemas escandalosos. Como contó Rafael Figueroa, abogado que fue parte del estudio, existe una distancia sustancial entre los datos reportados en los informes de sostenibilidad de Glencore y los datos reales.
Esos informes comenzaron a hacerse desde el 2010 desde su casa matriz en Suiza bajo los criterios del Global Reporting Iniciative (GRI). Luego publicaron dos reportes más desde su sede en Colombia (Prodeco). Entonces, a través de la recopilación de documentos y folios dispersos de trámites ambientales, sanciones y procesos laborales, las dos organizaciones se propusieron lanzar el documento que lleva por nombre: Informe Sombra de Sostenibilidad de las Operaciones de Glencore en Colombia.
Uno de los descubrimientos del documento se refiere a que la compañía habla de que el 30% del precio del carbón se queda en el país en regalías, impuestos o inversión en responsabilidad social empresarial. Sin embargo, una auditoría independiente observó que en 2012 Glencore aportó sólo el 9% en impuestos y regalías, y, si se compara esa cifra con sus ventas brutas, no llega ni al 2%.
Su estructura organizacional es dudosa para los autores. Glencore opera en Colombia a través de Dalima Holdings S. A. S. y controla las cuatro agencias mencionadas líneas arriba mediante contratos con cláusulas diferenciadas y precios de carbón distintos pese a tener operaciones integradas. Como muestra el reporte, cada empresa es independiente en su contabilidad, lo cual es ilegal porque debe evidenciar sus cifras consolidadas. “Solamente Prodeco supera las 5 millones de toneladas y paga regalías, el resto distribuye su producción y paga menos”, comentó Figueroa.
Glencore responde a esta crítica diciendo que el “el registro de control común de varias entidades, en sí, no da lugar a la obligación de unificar las entidades con fines de legislación laboral”. Aseguran que, en efecto, Prodeco ha sido considerado por el Ministerio de Trabajo como la filial dominante debido a la ausencia de una relación de asociación y subsidios entre las otras tres.
De hecho, este año la Contraloría confirmó una sanción a la multinacional porque el Estado colombiano dejó de percibir $60 mil millones en regalías. “El aporte a la economía colombiana es casi ninguno por descuentos que el Gobierno les aplica”, remató Figueroa. Incluso, las gráficas del documento demuestran que las utilidades del grupo empresarial son más altas que las de los otros, pero paga en impuesto mucho menos. “Y eso se explica porque tiene malos manejos financieros, supuestas deudas, costos y gastos”, según le explicó a este diario el abogado Rafael Figueroa.
En el tema ambiental, dice el informe, se incluyen “graves y reiteradas infracciones a la legislación nacional”. Por ejemplo, los tapones a caños o la desviación de cuatro ríos sin autorización de la autoridad competente. Fue el caso del río Calenturitas, que desemboca en el río Cesar y más tarde en la ciénaga de la Zapatosa, que se salió del trazado permitido que era de 13.5 kilómetros, según confirmó el abogado entrevistado y lo descrito en el proceso sancionatorio de la Autoridad Nacional de Liciencias Ambientales (Anla). Sumado a esto, el informe de sostenibilidad ambiental de Glencore mostraba una inversión del 10% para el ambiente, pero el estudio asegura que es un poco más del 4%.
Los reasentamientos a las poblaciones son otro elemento en la lista de problemas. Desde 2010 las comunidades de El Hatillo, Plan Bonito y Boquerón (corregimientos del Cesar) presentaron altos índices de contaminación atmosférica y debieron ser reasentadas. Sin embargo, de las 98 familias que la empresa reconoce haber reubicado de Plan Bonito, como mostró el mismo Glencore en Suiza, 19 siguen debajo del umbral de pobreza extrema.
Finalmente, más de 60 quejas y sanciones laborales se han presentado por parte del Ministerio de Trabajo por situaciones como persecución sindical, violación a la seguridad industrial y un hecho escalofriante y casi inaudito que su personal llama “Guantánamo”: un contenedor sin ventilación donde los trabajadores sindicales, declarados con alguna incapacidad, permanecen 8 horas seguidas de brazos cruzados porque no son reubicados en otra función. Eso, según lo dicho por las fuentes que realizaron el informe.
Al final de las 236 páginas del informe Glencore responde a las críticas, capítulo a capítulo, hechas por los autores y concluye que: “Rechazamos las afirmaciones hechas en el informe porque, aunque los autores se basan en fuentes válidas de información, muchas de las acusaciones resultan desinformadas, malinterpretadas, descontextualizadas y carentes de entendimiento”.
Mire la respuesta oficial de Prodeco al informe aquí.
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