Lo que dejó el debate de control político sobre la protección de tiburones en Colombia
En el Congreso se debatieron las medidas para lograr conservar las especies de tiburones, rayas marinas y quimeras. Algunos congresistas expresaron sus preocupaciones frente a una reciente resolución que permite nuevamente el aprovechamiento de 11 especies de tiburones y cuatro de rayas que sean capturadas de forma incidental. El Gobierno insiste en que para lograr una pesca sostenible se tiene que trabajar con las comunidades, formalizando sus actividades y fortaleciendo el seguimiento de las autoridades ambientales.
En la Comisión Quinta de Senado se realizó un debate de control político sobre uno de los temas ambientales más polémicos en los últimos meses: la protección y conservación de los tiburones y rayas marinas en Colombia. La sesión fue convocada por la senadora Andrea Padilla (Alianza Verde) en el marco de la debatida resolución emitida por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) que permite nuevamente el aprovechamiento de 11 especies de tiburones y cuatro de rayas que sean capturadas de forma incidental.
En las últimas semanas, la falta de claridad de la resolución, la inclusión de especies que están altamente amenazadas y los cuestionamientos sobre el respaldo técnico de la medida, también encendieron las alarmas entre la comunidad científica y las organizaciones que se dedican a la conservación de estos animales.
Lea también: ¿Recalculando? Lo que debe saber de la última resolución sobre captura de tiburones.
Lo cierto es que, luego de la polémica, el Ministerio de Agricultura se reunió con varios de estos científicos, academia, sociedad civil y organizaciones, como la Fundación Malpelo y la Fundación Squalus, para abordar el tema. Producto de esa reunión, el pasado miércoles, en horas de la tarde, se publicó un nuevo borrador de resolución con el que se busca aclarar las inquietudes y establecer las medidas para “ordenar, controlar y administrar” las capturas incidentales de las 15 especies que menciona la resolución 0119. En otras palabras, aclarar qué está prohibido y qué está permitido en los casos en los que haya capturas incidentales de esos animales.
Dicho esto, siguen algunas preocupaciones en la mesa. De acuerdo con Padilla, los tiburones en el país están en riesgo por factores como la pérdida de hábitat, la erosión costera, la minería ilegal, tráfico ilegal y, sobre todo, la sobreexplotación. “En un informe de 2023 del Ministerio de Defensa, se reveló que las autoridades incautaron, entre 2012 y 2022, más de 334 toneladas de tiburones, rayas y otras especies marinas; la mayoría en la costa pacífica colombiana.”
En contexto: Tras semanas de debate, Gobierno presenta borrador para regular pesca de tiburones.
Por su parte, la senadora argumentó que la nueva resolución se expide a pesar de que hay otro decreto (281) de 2022 que excluyó de la categoría de recurso pesquero a 50 especies de peces cartilaginosos, “por lo que estamos ante una situación normativa irregular porque se expide una resolución que van en contravía de un decreto, con superior jerarquía”. Por su parte, Padilla aseguró que en la resolución se utilizó información desactualizada de la vulnerabilidad de especies de tiburón, así como de los volúmenes de pesca. Además, aseguró que el uso de las fuentes científicas estuvieron “amañadas”.
Para conocer el panorama y los riesgos que enfrentan las especies de tiburones en el país, Sandra Bessudo directora de la Fundación Malpelo entregó cifras sobre la disminución de estos individuos en el país. “Para el tiburón martillo, una de las especies icónicas de la Isla de Malpelo, hemos encontrado del 75 % del avistamiento, está en peligro crítico de extinción”
“Si realmente vamos a cuidar nuestra gente, primero hagamos unos proyectos que realmente los beneficien y que saquen de la miseria a las comunidades, no lo hagan a costa de los tiburones, que en los próximos años puede que no haya. Y ahí, ¿qué se le dirá a las comunidades?”, anadió Bessudo.
La respuesta del Gobierno
Uno de los principales argumentos que esbozó el Gobierno Nacional es la pesca de las especies sigue estando prohibida, a pesar de haber pasado a ser recursos pesqueros. Por su parte, se indicó que el objetivo central de las medidas es que las políticas de conservación se desarrollen de la mano de las comunidades. “Esto no es un debate entre prácticas tradicionales y cuidado ambiental, eso no es constructivo. La pregunta es cómo trabajamos de la mano con los que trabajan en el territorio, con el sistema ambiental, con un objetivo común: proteger la vida y la biodiversidad”, indicó la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.
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Muhamad, en particular, indicó que la resolución surgió de la preocupación de la comunidad sobre una normativa “impositiva frente a las capturas incidentales”, y que busca mejorar la gobernanza de todos los actores involucrados, logrando, por ejemplo, mejores prácticas de pesca y un mejor acompañamiento por parte de las autoridades. Por su parte, manifestó que se debe seguir fortaleciendo el sistema ambiental para lograr una mejor protección de los ecosistemas marinos.
“El problema que creo el decreto 281 (plan de manejo) es que la Aunap dejó de monitorear y perdimos la trazabilidad [de la pesca de especies]. Estoy de acuerdo con que la información disponible a nivel nacional no es suficiente, ni corresponden a un manejo serio de la biodiversidad. Hay que decir para abordar esa situación, pero con la información disponible también hay que tomar decisiones”, indicó Muhamad.
Por otra parte, el Ministerio de Ambiente entregó cifras sobre el desarrollo del Plan de Ambiental para la protección y conservación de tiburones, así como de las acciones de control y vigilancia en los territorios, con operativos de incautación y golpes contra el tráfico de ilegal de estas especies.
Finalmente, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, reiteró que “la pesca deportiva, industrial, dirigida y comercial de estas especies está prohibida, y esto no tiene ninguna discusión. Estas decisiones se tomaron con elementos técnicos y concertados con el objetivo de garantizar medidas para las prácticas de las comunidades pesqueras sean sostenibles, así como la formalización de estas actividades”.
“Lo que consideramos es que la respuesta no es militarizar y poner un policía a las 60 mil personas que viven de la pesca en la costa Pacífica. Lo que creemos, y es un cambio de paradigma, es que hay trabajar con ellos. Ahora, cuando se conocieron los informes sobre las estructuras criminales relacionadas con el aleteo y comercio ilegal de estas especies, yo misma fui a la Fiscalía a preguntar que investigaciones tenían al respecto, y aún no tengo respuesta sobre eso”, expresó Mojica.
Acá puede revivir el debate de control político:
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En la Comisión Quinta de Senado se realizó un debate de control político sobre uno de los temas ambientales más polémicos en los últimos meses: la protección y conservación de los tiburones y rayas marinas en Colombia. La sesión fue convocada por la senadora Andrea Padilla (Alianza Verde) en el marco de la debatida resolución emitida por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) que permite nuevamente el aprovechamiento de 11 especies de tiburones y cuatro de rayas que sean capturadas de forma incidental.
En las últimas semanas, la falta de claridad de la resolución, la inclusión de especies que están altamente amenazadas y los cuestionamientos sobre el respaldo técnico de la medida, también encendieron las alarmas entre la comunidad científica y las organizaciones que se dedican a la conservación de estos animales.
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Lo cierto es que, luego de la polémica, el Ministerio de Agricultura se reunió con varios de estos científicos, academia, sociedad civil y organizaciones, como la Fundación Malpelo y la Fundación Squalus, para abordar el tema. Producto de esa reunión, el pasado miércoles, en horas de la tarde, se publicó un nuevo borrador de resolución con el que se busca aclarar las inquietudes y establecer las medidas para “ordenar, controlar y administrar” las capturas incidentales de las 15 especies que menciona la resolución 0119. En otras palabras, aclarar qué está prohibido y qué está permitido en los casos en los que haya capturas incidentales de esos animales.
Dicho esto, siguen algunas preocupaciones en la mesa. De acuerdo con Padilla, los tiburones en el país están en riesgo por factores como la pérdida de hábitat, la erosión costera, la minería ilegal, tráfico ilegal y, sobre todo, la sobreexplotación. “En un informe de 2023 del Ministerio de Defensa, se reveló que las autoridades incautaron, entre 2012 y 2022, más de 334 toneladas de tiburones, rayas y otras especies marinas; la mayoría en la costa pacífica colombiana.”
En contexto: Tras semanas de debate, Gobierno presenta borrador para regular pesca de tiburones.
Por su parte, la senadora argumentó que la nueva resolución se expide a pesar de que hay otro decreto (281) de 2022 que excluyó de la categoría de recurso pesquero a 50 especies de peces cartilaginosos, “por lo que estamos ante una situación normativa irregular porque se expide una resolución que van en contravía de un decreto, con superior jerarquía”. Por su parte, Padilla aseguró que en la resolución se utilizó información desactualizada de la vulnerabilidad de especies de tiburón, así como de los volúmenes de pesca. Además, aseguró que el uso de las fuentes científicas estuvieron “amañadas”.
Para conocer el panorama y los riesgos que enfrentan las especies de tiburones en el país, Sandra Bessudo directora de la Fundación Malpelo entregó cifras sobre la disminución de estos individuos en el país. “Para el tiburón martillo, una de las especies icónicas de la Isla de Malpelo, hemos encontrado del 75 % del avistamiento, está en peligro crítico de extinción”
“Si realmente vamos a cuidar nuestra gente, primero hagamos unos proyectos que realmente los beneficien y que saquen de la miseria a las comunidades, no lo hagan a costa de los tiburones, que en los próximos años puede que no haya. Y ahí, ¿qué se le dirá a las comunidades?”, anadió Bessudo.
La respuesta del Gobierno
Uno de los principales argumentos que esbozó el Gobierno Nacional es la pesca de las especies sigue estando prohibida, a pesar de haber pasado a ser recursos pesqueros. Por su parte, se indicó que el objetivo central de las medidas es que las políticas de conservación se desarrollen de la mano de las comunidades. “Esto no es un debate entre prácticas tradicionales y cuidado ambiental, eso no es constructivo. La pregunta es cómo trabajamos de la mano con los que trabajan en el territorio, con el sistema ambiental, con un objetivo común: proteger la vida y la biodiversidad”, indicó la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.
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Muhamad, en particular, indicó que la resolución surgió de la preocupación de la comunidad sobre una normativa “impositiva frente a las capturas incidentales”, y que busca mejorar la gobernanza de todos los actores involucrados, logrando, por ejemplo, mejores prácticas de pesca y un mejor acompañamiento por parte de las autoridades. Por su parte, manifestó que se debe seguir fortaleciendo el sistema ambiental para lograr una mejor protección de los ecosistemas marinos.
“El problema que creo el decreto 281 (plan de manejo) es que la Aunap dejó de monitorear y perdimos la trazabilidad [de la pesca de especies]. Estoy de acuerdo con que la información disponible a nivel nacional no es suficiente, ni corresponden a un manejo serio de la biodiversidad. Hay que decir para abordar esa situación, pero con la información disponible también hay que tomar decisiones”, indicó Muhamad.
Por otra parte, el Ministerio de Ambiente entregó cifras sobre el desarrollo del Plan de Ambiental para la protección y conservación de tiburones, así como de las acciones de control y vigilancia en los territorios, con operativos de incautación y golpes contra el tráfico de ilegal de estas especies.
Finalmente, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, reiteró que “la pesca deportiva, industrial, dirigida y comercial de estas especies está prohibida, y esto no tiene ninguna discusión. Estas decisiones se tomaron con elementos técnicos y concertados con el objetivo de garantizar medidas para las prácticas de las comunidades pesqueras sean sostenibles, así como la formalización de estas actividades”.
“Lo que consideramos es que la respuesta no es militarizar y poner un policía a las 60 mil personas que viven de la pesca en la costa Pacífica. Lo que creemos, y es un cambio de paradigma, es que hay trabajar con ellos. Ahora, cuando se conocieron los informes sobre las estructuras criminales relacionadas con el aleteo y comercio ilegal de estas especies, yo misma fui a la Fiscalía a preguntar que investigaciones tenían al respecto, y aún no tengo respuesta sobre eso”, expresó Mojica.
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