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El proyectado ecohotel Los Ciruelos, en el Tayrona, está más cerca de morir que de ser una realidad. A la decisión anunciada ayer por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), de suspenderle la licencia (otorgada en 2009) hasta que Parque Nacionales Naturales emita un concepto vinculante sobre su impacto en el ecosistema de la zona (que seguramente reiterará que el proyecto no es viable ambientalmente), se le suma una cadena de irregularidades en la adquisición del predio donde sería construido.
Julio Sánchez Trujillo, propietario original del terreno donde la empresa Reserva Los Ciruelos S.A.S. pretende construir, vendió en diferentes oportunidades partes de su lote. Paradójicamente, mientras en el terreno aparentemente disminuía su superficie, en el papel el lote aumentó de tamaño hasta cuatro veces, situación que viene a quedar en evidencia justo en momentos en que la proyectada obra es objeto de polémicas por su impacto ambiental.
En 1964, antes de que se declarara el Parque Natural Nacional Tayrona, a Sánchez Trujillo se le asignaron 400 hectáreas. Hoy, sus herederos dicen tener cerca de 1.600 y nadie, ni las autoridades competentes, se explica el verdadero origen de la propiedad que, al parecer, serían tierras del Estado.
En este aspecto, los tropiezos del proyecto ecoturístico Los Ciruelos se salen de lo ambiental, para entrar al terreno de la tradición jurídica del lote donde se quiere construir.
En diciembre de 2011 la Superintendencia de Notariado y Registro y Parques Nacionales firmaron un convenio interadministrativo para determinar la situación en que se encontraba el Parque Tayrona desde el punto de vista registral. La conclusión: los propietarios de las cerca de 15 mil hectáreas del parque son en un 7% privados; 3% baldíos de la Nación; 9% está siendo verificado por el Instituto Agustín Codazzi y el 84% son propiedades en discusión. Es decir, no se sabe de quién es la mayoría del parque.
El caso del predio Villa Concha —en el que se pretende realizar el proyecto— es uno de esos de los que no se sabe quién es el dueño, ni cómo lo adquirió y mucho menos cuál es la extensión real del lote.
Según consta en las oficinas de instrumentos públicos de Santa Marta, del predio original se tiene registro desde 1964, a través de una decisión del Juzgado Civil de Santa Marta a favor de Julio Sánchez Trujillo, que ratifica la posesión sobre un terreno del que no se tenía clara su extensión.
El tamaño del terreno se conoció mediante una sentencia de agosto de 1971, proferida por el Consejo de Estado, en la que claramente se indicó que el predio conocido como Villa Concha tenía una extensión de 400 hectáreas. A partir de este momento empiezan a aparecer las inconsistencias relacionadas con el tamaño del predio.
La primera la encontraron en la escritura 1326 del 29 de diciembre de 1975, en la que se hablaba de un predio de casi 1.390 hectáreas. Posteriormente, a través de la venta de 968 hectáreas a la empresa Agrocolombiana del Desarrollo Ltda., se habla de un predio de cerca de 1.600 hectáreas.
De acuerdo con la Superintendencia de Notariado y Registro, “por si fuera poco es importante destacar que las áreas transferidas exceden enormemente el área prescrita”. Además, que el señor Julio Sánchez avaló las ventas citando como antecedente de dominio la sentencia de un juzgado de Santa Marta que había sido modificada por el Consejo de Estado, con lo que burló varias decisiones gubernamentales.
Sucesión y arrendamiento
En 1980 el predio Villa Concha lo heredaron los hijos de Julio Sánchez Trujillo: Mercedes y Julio Sánchez Sierra. En junio de 2010, treinta años después, ante la imposibilidad de vender el predio por estar en un parque nacional natural, acudieron a la figura del arrendamiento para entregar el dominio y el manejo de la propiedad a Reserva Los Ciruelos S.A.S., una sociedad que se constituyó justo dos meses antes del negocio.
Entre las particularidades que quedaron consignadas en la escritura de arrendamiento se encuentra que este negocio se pactó a 150 años, por un valor de $514 millones. Además, entre las condiciones acordadas por las partes quedó establecido que la empresa desarrollaría allí un hotel ecoturístico y que se encargaría de la defensa de los derechos de propiedad de los dueños del predio. Al analizar las cláusulas del contrato de arrendamiento se puede inferir que en el papel los titulares son unos pero los dueños son otros.
Una cadena de tropiezos
El pasado lunes el presidente Juan Manuel Santos lo reiteró: “Los Ciruelos no van”. Explicó, además, que en 2009, cuando se expidió la licencia ambiental que aprobaba la construcción de un proyecto ecoturístico en Bahía Concha, Parques Nacionales Naturales no tenía la información sobre el bosque seco tropical que cubría esa zona y que resultó ser uno de los ecosistemas más vulnerables del parque. “Se estaba recogiendo la información (...) y se descubrió que ahí había un bosque seco y que por consiguiente no puede desarrollarse un proyecto que lo afecte”, dijo el primer mandatario.
Este ha sido el mismo argumento que Parques Nacionales ha reiterado desde el pasado 9 de enero, cuando se hizo pública la decisión que había tomado en diciembre la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de darle vía libre al proyecto, que estuvo suspendido un año por problemas con dos exploraciones de pozos de agua subterránea en áreas no autorizadas.
El pronunciamiento emitido ayer por la ANLA deja claro que la última palabra sobre el futuro de Los Ciruelos la tiene Parques Nacionales, cuya directora, Julia Miranda, ha dicho en repetidas ocasiones: “Yo no voy a permitir que se tale ni un solo árbol”.
Constructora dice que no hay irregularidades
Consultada la Reserva Los Ciruelos S.A.S. sobre los cuestionamientos por la tradición del lote donde se construiría el proyecto, negaron la existencia de irregularidades y afirmaron que han cumplido la ley al pie de la letra.
¿Ustedes conocían de las irregularidades que tiene la propiedad?
La propiedad no tiene irregularidades. Los Ciruelos contrató varios estudios de suelos sobre el predio y todos indican que no existe ninguna irregularidad en el área donde se va a desarrollar el proyecto.
¿Por qué hacer un contrato de arrendamiento por 150 años?
Es la forma de darle estabilidad a una inversión muy cuantiosa con limitaciones para su explotación propias del lugar donde se encuentra. Además, el interés del proyecto siempre ha sido el de preservar la zona y así se garantizaba que toda el área a su alrededor quedara bajo la protección. Ni la ley ni la jurisprudencia de la Corte sobre este particular tienen limitaciones de ninguna naturaleza.
De acuerdo con el contrato de arrendamiento, Los Ciruelos tienen la obligación de defender los derechos de propiedad. ¿Qué acciones se están adelantando en este sentido?
Ni los propietarios ni Los Ciruelos como arrendatario han recibido notificación del inicio de procesos administrativos o judiciales relacionados con este tema. En cuanto a las acciones a que tenemos derecho, aún no hemos pensado adelantar ninguna, porque tenemos elementos de juicio, basados en los estudios contratados, para considerar que una vez se concluya el estudio, el Gobierno va a encontrar que no hay irregularidades respecto del área en cuestión.
‘De las 15 mil hectáreas 11 mil tienen líos de tradición’
El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, quien lidera la entidad que junto al Incoder y el Agustín Codazzi realiza un estudio sobre el Parque Tayrona, asegura que 11 mil hectáreas tienen problemas de tradición en esta zona.
¿Qué irregularidades encontraron en el predio donde se pretende desarrollar el proyecto Los Ciruelos?
En la zona donde se iba a desarrollar ese proyecto encontramos que el Consejo de Estado ratificó la propiedad que tenía una familia Sánchez sobre 400 hectáreas, que más adelante y con varias artimañas jurídicas se convirtieron en 1.500 hectáreas. Por esa razón estamos determinando, con el Incoder y el Agustín Codazzi, si los predios donde se quiere hacer el proyecto Los Ciruelos son del Estado o de la familia Sánchez.
En la tradición del predio hay 12 hectáreas que son de la urbanizadora Villa Concha, que terminaron en estupefacientes, ¿cómo es esa historia?
No la sé en detalle. Sólo sé que esas 1.500 hectáreas de las que le hablo están divididas en 24 predios, y uno de esos, de cerca de 12 hectáreas, está en estupefacientes y estaba a nombre de la familia Dávila Armenta, señalada por tráfico de drogas y paramilitarismo.
¿Qué medidas va a tomar la Superintendencia de Notariado en el caso de Los Ciruelos, ahora que el presidente Juan Manuel Santos dijo que el proyecto no va?
Las medidas ya se tomaron. Desde el mes de agosto del año pasado están bloqueados todos los folios en el parque y no se puede negociar ningún predio. Esto hasta que se termine el estudio que estamos haciendo.
En términos generales, ¿cuál es el diagnóstico del Parque Tayrona?
Cuando se declaró Parque Nacional en los años sesenta, se hablaba de 8 mil hectáreas, hoy sabemos que son más de 15 mil. Lo cierto es que tenemos dudas del 86 por ciento de los predios del parque y seguimos analizando si son del Estado o de privados. Cerca de 11 mil hectáreas tienen problemas de tradición.
¿Qué relación encuentra entre Los Ciruelos y el hotel Arrecifes de la empresa Six Senses?
La misma intención de usufructuar una propiedad cuya naturaleza es la de un parque nacional.