25 Feb 2013 - 10:00 p. m.

Los páramos huérfanos

Aunque la minería está prohibida en estos ecosistemas desde 2010, las empresas que obtuvieron títulos antes pueden explotarlos. Pisba, en Boyacá, es uno de los más afectados.

Viviana Londoño Calle

Si hoy una compañía quisiera tramitar un título minero en alguna zona de páramo en el país, no podría hacerlo: desde febrero de 2010 estas zonas están excluidas de actividades como la minería. Otro era el panorama hace tres años: aunque desde la Ley 99 de 1993 se estableció que los páramos debían ser protegidos, la prohibición sólo empezó a ser efectiva en 2010, con la reforma al Código de Minas.

En resumen, antes de ese año, pedir un título para extraer oro o carbón de zonas de páramo era como hacerlo en cualquier otro terreno. Bajo esa política, que de estos ecosistemas dependiera el agua que consumen millones de colombianos, no era razón para negar un título minero.

Así fue como desde 1993 y hasta 2010, el Gobierno entregó 404 títulos mineros en veinte zonas de páramos, entre los que se destacan los páramos de Guerrero, Santurbán y Pisba. Títulos que siguen vigentes porque fueron obtenidos antes de la prohibición y que ahora están blindados por tener derechos adquiridos.

Aunque no todos podrán continuar, pues sólo tendrán el aval los títulos que ya tengan una licencia ambiental y un Plan de Trabajo y Obras —como señala Catastro y Registro Minero—, el malestar y el rechazo de los pobladores aledaños a los páramos, con los que tienen luz verde, sigue creciendo.

El caso del páramo de Pisba

El páramo de Pisba, escenario durante décadas de la minería informal de carbón, hace parte de la lista de los páramos que fueron titulados en el país. En 2009 el Gobierno le entregó a la empresa Hunza Coal tres títulos para extraer carbón en la zona (que suman más de 500 hectáreas) y desde el pasado 11 de febrero la empresa llegó al páramo, con la maquinaria necesaria para empezar las labores de exploración. Ese mismo día, decenas de campesinos caminaron hasta la vía de acceso del páramo y aún continúan bloqueando el camino para impedir que la empresa empiece a explorar.

El asunto allí es bastante complicado. Por un lado, está la comunidad pidiendo que se revoquen los títulos, pues de este ecosistema depende el agua que consumen los cerca de 10 mil habitantes del municipio. “Vamos a permanecer aquí hasta que se revoquen los títulos, porque está en juego el agua de todo el municipio”, le dijo a El Espectador Mauricio Reyes, uno de los voceros de la manifestación.

Pero por el otro lado está el gerente de la compañía , José Manuel Cely, quien ha insistido en varias oportunidades que no van a abandonar el proyecto, porque la empresa cuenta con la documentación legal en mano.

Más cuestionamientos

Pese a que la comunidad reconoce que la empresa cuenta con los títulos antes de la prohibición, no entiende por qué, en 2012, cuando era clara la exclusión de estas zonas de la minería, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) modificó las licencias, ampliando así las posibilidades de la minera en el páramo.

Ricardo López, director de la Corporación (que tiene la competencia en la zona), reconoce que antes de que él ocupara el cargo, sí hubo algunas modificaciones para adicionar un centro de acopio para el material y para otorgarle a la minera una concesión de aguas. Todo esto en momentos en que ya era clara la prohibición de la minería en estos ecosistemas.

Según López, “la comunidad tiene la razón, porque la extracción se haría en pleno corazón del páramo y aunque esta empresa tiene la licencia ambiental, el daño será supremamente grande”. Sin embargo, reconoce que es poco lo que puede hacer, debido a que la empresa tiene los papeles en regla.

Lo mismo señala el alcalde del municipio de Tasco, John Freddy Cristancho, “estamos a punto de declarar una alerta, nos enfrentamos a una problemática realmente difícil, la empresa tiene todos los papeles en regla, pero la comunidad defiende el derecho al agua. Estamos pidiendo la presencia de las autoridades ambientales para conformar unas mesas de diálogo en las que podamos encontrar una solución.

La situación que se vive en Pisba, donde además de los títulos de Hunza Coal se entregaron por lo menos otros 70, es la misma que puede replicarse en los demás páramos que están titulados legalmente, como Santurbán. Aunque la única solución sería revocar los títulos, debido a que prevalece el derecho al medio ambiente sano, como coinciden varios expertos en Derecho Ambiental, según Catastro y Registro Minero, por ahora seguirán vigentes hasta su vencimiento, pero no podrán ser prorrogados. Lo más preocupante es que varios de estos tienen vigencia por 30 años más.

Tres décadas en las que los páramos pueden transformarse completamente por cuenta de una política tardía. Sin embargo, hoy nadie explica por qué el Gobierno permitió que se entregaran durante más de 15 años títulos en los páramos. La respuesta del director de Corpoboyacá resume la falta de claridad al respecto: “Esa es la misma pregunta que me hago yo”.

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