23 Mar 2021 - 8:49 p. m.

Los reclamos de los líderes ambientales de Arauca ante la JEP

La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un informe que da cuenta de los hechos que afectaron a los líderes y lideresas sociales y ambientales del departamento durante el conflicto armado.

Redacción Ambiente

Medio Ambiente

El día de hoy, a través de una transmisión virtual desde el auditorio de Memoria Histórica de la empresa comunitaria ECAAAS en Saravena, Arauca; Sonia López, presidenta de la Fundación Joel Sierra, presentó un documento en el que se exponen diversas situaciones en las que fueron víctimas líderes y lideresas sociales y ambientales del departamento de Arauca durante el conflicto armado.

En medio de sus luchas por defender el medio ambiente y el trabajo en comunidad, los araucanos afirman que más de dos mil personas en el departamento han estado privadas de su libertad por falsos positivos judiciales.

López aseguró a El Espectador que la entrega de este informe representa un aporte importante en la lucha popular ya que “es fruto de nuestra labor social y compromiso ético y político con nuestro pueblo, con nuestros muertos y por supuesto con los compañeros y compañeras que han pasado por esa tortura de estar encarcelados o perseguidos jurídicamente.”.

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Según el documento, estas detenciones “buscan castigar a los dirigentes sociales, su ejercicio de libertad de expresión y su valor de denunciar los crímenes y atropellos que han llevado al departamento a la crisis humanitaria por la que hoy atraviesa”.

La transmisión inició sobre las 9:20 am con una breve explicación del conflicto que han vivido desde hace varias décadas los habitantes de Arauca con las multinacionales que se dedican a la extracción de petróleo, causando a su paso la contaminación y desviación de fuentes hídricas que usan los campesinos de la zona y, en algunos casos, el desplazamiento de diversas comunidades.

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En el informe que se dio a conocer este martes 23 de marzo denuncian detenciones masivas y selectivas a dirigentes sociales, comerciantes, políticos y particulares.

Los delitos más comunes por los que se han iniciado procesos penales que, en muchas ocasiones ha sido comprobado que se han realizado de manera irregular, son: rebelión, terrorismo y concierto para delinquir.

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Además, los líderes y lideresas denuncian que, de sumarse los datos de los casos que recibieron retenciones administrativas sin llegar a actuación judicial alguna, “el número asciende a una escandalosa cifra que supera las 10 mil personas afectadas o encarceladas injustamente”.

Con la presentación de este informe los integrantes de la Fundación Joel Sierra y las víctimas de estos vejámenes esperan que se asuman y se investiguen las judicializaciones y que se llame a rendir cuentas a los responsables de su ejecución, a los verdaderos autores intelectuales y determinadores de estos graves hechos.

Además, esperan que “una vez se expuesta la verdad y aplicada la justicia, se deje de seguir criminalizando la protesta social, se pare con el genocidio y se garantice que las comunidades sigan ejecutando y materializando sus planes de vida en los territorios”.

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