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Colombia no se ha caracterizado por ser un país exportador de maderas ni de sus manufacturas. Sin embargo, el desarrollo de este sector no puede estar ligado a la deforestación. Actualmente, se calcula que un 47 % de la producción de este material, proveniente de los bosques naturales, es ilegal. Es por ello que gran parte de los comerciantes no tienen otra opción que importarla desde otros países de la región, lo que impacta además en la industria nacional.
Las estadísticas lo demuestran. Desde 1961 se ha registrado una caída del consumo per cápita de madera. Los altos costos de producción y la falta de políticas que apoyen la innovación en el sector limitan las exportaciones. Eso sin contar con “la falta de maquinaria moderna y la carencia de capacidades para su transformación”, explica Miguel Pacheco, especialista forestal de WWF.
La suma de estos factores ha implicado, además, que se fabriquen productos de poca calidad que no son competitivos en el mercado. Los malos resultados se han reflejado en la balanza comercial, que ha sido negativa en los últimos años. Adicionalmente, ha convertido a Chile en la principal fuente de importaciones de madera para Colombia.
“Las características de calidad y las condiciones en las que llegan los productos chilenos han permitido su posicionamiento en el mercado, generando una fuerte preferencia por el consumidor”, añade Pacheco. A diferencia de la madera local, la de Chile la venden lista para usar.
Por sectores, el de la construcción es uno de los principales consumidores de madera. Según Pacheco, los productos de mayor demanda son los tableros de partículas, que se usan para las puertas, acabados, muebles y que son elaboradas con madera de plantaciones forestales.
Por un aprovechamiento responsable
En un esfuerzo por impulsar el mercado colombiano y dinamizar la economía alrededor de este sector, en el país está permitido el aprovechamiento sostenible de madera proveniente de los bosques naturales. Eso sí, bajo estrictas condiciones de legalidad (entre ellos los respectivos permisos), buscando además hacerles frente a actividades ilícitas.
Sin embargo, el panorama no es el mejor. Una investigación de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por su sigla en inglés), llamada “Condenando el bosque”, da cuenta de las condiciones que favorecen el comercio ilegal de madera en el país. Sumado a un mercado negro para obtener permisos, el informe advierte sobre corrupción de funcionarios encargados de ejercer vigilancia y un vacío en la gobernanza. “Existe una mafia que trafica flora y fauna, y algunos funcionarios están involucrados en ella”, indica la EIA.
Reseña, además, que la cuenca del río Yaguas, en la frontera entre Colombia y Perú, es uno de los principales focos del cedro que se trafica en el país. Según los investigadores, los comerciantes ilegales recogen madera de campesinos e indígenas, a cambio de bienes y productos.
No obstante, de poco ha servido. Solo en 2018, de acuerdo con el Ideam, cerca de 197.000 hectáreas de bosque nativo fueron deforestadas. Los cultivos ilícitos, la minería ilegal y la ganadería extensiva son algunas de las causas. “El aprovechamiento del recurso forestal no debe ser visto como una amenaza para los bosques. El manejo forestal sostenible asegura que se conserven mientras se les saca provecho en una forma ambientalmente amigable, socialmente benéfica y económicamente viable”, dice Pacheco.
Para salvar los bosques del Amazonas o el Chocó, —los más amenazados—, se requiere impulsar el manejo forestal sostenible, que apunta a la regeneración natural. Además, la tala de bajo impacto permite la autorregeneración del bosque y su consumo legal garantiza la conservación de estos ecosistemas. El desafío apenas comienza.