Tras conocerse la decisión del Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Málaga (Santander), que sancionó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por incumplir una orden judicial sobre la delimitación del páramo de Almorzadero, la cartera encabezada por Irene Vélez Torres emitió un comunicado en el que buscó precisar el alcance de la medida y señalar que no se trata de una sanción personal contra la ministra.
El 25 de agosto, el juzgado declaró en desacato a Vélez Torres y a dos directivos del ministerio: Delio Mendoza Hernández, director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, y Mauricio Cabrera Leal, funcionario del Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental. La decisión impuso a cada uno una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, por no haber dado cumplimiento a una orden del Tribunal Superior de Bucaramanga de 2019.
En septiembre de 2019, el Tribunal Superior de Bucaramanga ordenó al Ministerio expedir en el plazo de un año una nueva resolución de delimitación del páramo de Almorzadero. Esa decisión debía ajustarse a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-361 de 2017, que exige un proceso de participación ciudadana amplio y deliberativo.
Según el fallo del Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Málaga, el Ministerio no acreditó ni la expedición de la resolución ni la realización de un proceso de participación en los términos requeridos. Aunque presentó informes sobre reuniones internas y coordinaciones administrativas, el juzgado consideró que tales gestiones no constituyen cumplimiento real de la orden. Por esa razón, declaró el desacato y aplicó la sanción económica.
De manera más reciente, este 27 de agosto, el Ministerio de Ambiente publicó un comunicado en el que buscó precisar los alcances de la sanción. Allí afirmó que la multa “proviene de un incidente de desacato, una medida procesal prevista en el Decreto 2591 de 1991, cuya finalidad es garantizar el cumplimiento de una tutela, no castigar a personas ni generar antecedentes disciplinarios o penales”.
La entidad subrayó que el desacato recae sobre el Ministerio como institución y no sobre la ministra Irene Vélez Torres a título personal. Recordó además que la orden de 2019 fue emitida cuando la cartera estaba dirigida por Ricardo Lozano Picón, por lo que se trata de una responsabilidad institucional acumulada en varias administraciones, no atribuible únicamente a la actual dirección.
El comunicado también recalcó que la decisión del juzgado no está en firme, pues debe ser revisada en grado de consulta por el Tribunal Superior de Bucaramanga. Según la cartera, en esa instancia se aportarán pruebas sobre los avances técnicos alcanzados en el proceso de delimitación.
Una deuda histórica
El Ministerio señaló que este caso refleja una deuda histórica del Estado colombiano con la protección y delimitación de los páramos. En el comunicado reiteró su compromiso de avanzar en un proceso “legítimo, participativo y sostenible” que garantice tanto la protección de los ecosistemas de páramo como los derechos de las comunidades vinculadas.
La aclaración se produjo en respuesta a las versiones difundidas en medios que presentaban la sanción como un castigo directo contra la ministra Vélez. Con el pronunciamiento oficial, la entidad buscó recalcar el carácter procesal de la medida y la continuidad del proceso judicial.
La sanción de multa contra la ministra y los dos funcionarios no es definitiva. Será el Tribunal Superior de Bucaramanga el que determine si se mantiene o se revoca. Hasta entonces, el Ministerio insiste en que seguirá aportando pruebas y avanzando en las acciones técnicas necesarias para cumplir con la delimitación del páramo de Almorzadero.
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