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Minambiente declara reserva de casi un millón de hectáreas en Sierra Nevada de Santa Marta

El Ministerio de Ambiente declaró una reserva temporal de más de 940.000 hectáreas de extensión en la Sierra Nevada de Santa Marta. La medida, con la que se busca proteger la integridad ecológica y biocultural del territorio, tendría una vigencia de dos años.

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05 de abril de 2026 - 11:24 p. m.
La declaratoria de la reserva, apuntó Irene Vélez, hace parte de la apuesta del Minambiente de ordenar el territorio alrededor del agua.
La declaratoria de la reserva, apuntó Irene Vélez, hace parte de la apuesta del Minambiente de ordenar el territorio alrededor del agua.
Foto: Santiago Ramírez
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A través de la resolución 280 del 27 de marzo de 2026, el Ministerio de Ambiente declaró una reserva de recursos naturales renovables de carácter temporal en la Sierra Nevada de Santa Marta. La decisión, según comunicó la ministra encargada, Irene Vélez Torres, busca asegurar el papel de este sistema, que regula el agua de muchas de las cuencas que abastecen al Caribe colombiano.

“Reconocemos su significado vital para las comunidades que lo habitan y lo cuidan, avanzando en garantías de gobernabilidad ambiental para la integridad de la Línea Negra”, aseguró Vélez, quien agregó que la medida hace parte de la apuesta de la cartera de ordenar el territorio alrededor del agua.

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Con la declaración de la reserva, que tiene una extensión de 942.005,16 hectáreas, se pretende salvaguardar la integridad ecológica, climática, hídrica y biocultural del territorio. La medida se mantendrá vigente por un término de dos años a partir de la expedición del acto administrativo o hasta que se defina la figura definitiva de protección o de manejo ambiental que corresponda.

Esto implica que no se podrán otorgar nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación, ni cualquier otro tipo de contrato sujeto a regímenes especiales. Tampoco se permitirá continuar son el trámite de solicitudes en curso para la exploración o explotación de minerales en la reserva.

“En consecuencia, la Agencia Nacional de Minería no podrá otorgar nuevas concesiones, suscribir contratos ni habilitar nuevas áreas para el desarrollo de actividades de exploración o explotación minera dentro del área”, se lee en la resolución. “Durante la vigencia de la declaratoria de reserva temporal, las autoridades ambientales no podrán otorgar permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales”.

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No obstante, el Minambiente se refirió a una serie de actividades específicas que estarían permitidas:

  • Los proyectos de explotación minera que cuenten con título minero, instrumento técnico minero aprobado e instrumento ambiental vigentes, los cuales podrán continuar su ejecución hasta su terminación, sin lugar a prórroga.
  • Las autorizaciones temporales para el aprovechamiento de materiales de construcción requeridos para obras públicas, en los términos del artículo 116 de la Ley 685 de 2001.
  • Las figuras de formalización de pequeña minería para materiales de arrastre previstas en la Ley 2250 de 2022.

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, se pronunció sobre la medida, asegurando que se trata de una de las reservas más grandes en la historia del país. “Así cuidamos a las comunidades indígenas, a la humanidad y la vida desde el corazón del mundo”, agregó el mandatario.

Cabe apuntar que la declaratoria llega poco más de un mes después desde que el Consejo de Estado decidió declarar nulo el Decreto 1500 de 2018, por medio del cual se redefinió el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo) y que reconocía 348 espacios sagrados dentro de la denominada Línea Negra.

En ese momento, organizaciones indígenas, ambientales y de la academia calificaron la decisión del alto tribunal como un “grave retroceso”, que las dejaba sin una “herramienta legal efectiva de defensa frente a actividades que puedan afectar gravemente su territorio y su sistema ancestral de conocimiento”.

El decreto, argumentaron, era el principal instrumento jurídico que amparaba ese gran territorio ancestral frente a intervenciones externas, como proyectos de infraestructura, mineros, energéticos o de turismo.

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Mientras se adelantan los debidos procesos institucionales, técnicos y participativos para una medida de protección definitiva, el Minambiente optó por esta declaratoria, de carácter no solo transitorio, sino también preventivo. Según el acto administrativo “permite evitar la consolidación de nuevas presiones antrópicas sobre el territorio, en aplicación del principio de precaución y en concordancia con la obligación del Estado de garantizar la protección de los recursos naturales renovables y del ambiente”.

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