7 Sep 2014 - 2:00 a. m.

'Necesitamos reglas claras'

José Miguel Linares critica la última publicación de la Contraloría, en la que salen mal librados, y la falta de claridad que hay para hacer minería en Colombia.

Sergio Silva Numa / Angélica María Cuevas

Pocas compañías mineras en Colombia han sido tan cuestionadas en los últimos meses como la Drummond. El vertimiento de carbón a finales de 2013 y el paro de trabajadores la convirtieron en blanco de críticas que aumentaron a raíz de la publicación del último tomo de la investigación Minería en Colombia, financiada por la Contraloría, el cual exponía que la mala negociación de uno de los contratos de la minera (el de La Loma, en Cesar), realizada hace más de 25 años, le había dejado al Estado millonarias pérdidas.

En diálogo con El Espectador, José Miguel Linares, presidente de la compañía, responde a los cuestionamientos de la publicación y reprocha los métodos utilizados por los científicos del ente de control para realizar el informe. Además asegura que en los últimos años el Estado colombiano les ha cambiado las reglas del juego a las mineras y se muestra en desacuerdo con que se convoquen consultas populares contra la minería.

Primero fue el escándalo de las barcazas, luego el paro de trabajadores y ahora viene el informe de la Contraloría que pide evaluar el contrato de la mina de La Loma, Cesar. ¿Cómo ve la situación de Drummond en el país?

Llegué hace un año a la presidencia y no voy a poner el espejo retrovisor y culpar a los de atrás porque he trabajado para la empresa desde que llegó al país. Claro que se han cometido errores. Pero estoy seguro de que aquí la empresa nunca ha hecho nada indebido ni incorrecto. Pero el tema va más allá de lo que pase con Drummond. Creo que hay que pensar en qué quiere el país con la minería. Más que una política de gobierno, requerimos una política de Estado que indique si el país quiere minería, dónde la quiere y dónde no.

¿Le parece fácil definir un equilibrio entre conservación y desarrollo en un país megadiverso como este?

Ambas cosas son totalmente compatibles. Lo importante es que el Gobierno defina reglas absolutamente claras. Pero mientras no se sepa qué es páramo y qué no y las autoridades entreguen licencias mineras sin haber definido las áreas donde hay zonas protegidas, no habrá buenas señales para atraer inversionistas.

¿Cuál es su postura frente a las movilizaciones sociales que rechazan los proyectos mineros y que cada vez son más fuertes en Colombia?

Generalmente los inconformes son los que mejor se movilizan, y tienen sus razones. A esos hay que prestarles atención. Pero soy un convencido de que en este país son muchos más los que apoyan y se benefician de la minería que los que no.

Pero en municipios de Casanare y Tolima cientos de personas han gestado consultas populares para oponerse a los proyectos extractivos. ¿Dónde queda la licencia social?

Establecer unos parámetros de medición para una licencia social me parece difícil. No olvidemos que los recursos del subsuelo le pertenecen a la Nación. No le pertenecen al dueño de la finca ni al municipio. A mí el término de licencia social no me gusta mucho porque pareciera que cada comunidad, individualmente, le dice al minero si puede o no hacer minería. Y quien decide eso es el Gobierno.

Pero el último pronunciamiento de la Corte sobre el tema indica que si una empresa quiere entrar a una zona debe haber una negociación entre el Gobierno Nacional y el municipal...

Lo que había entendido es que la Corte aclaró que sobre los recursos del subsuelo decide la Nación. Si están pidiendo más negociaciones, pues eso suma más falta de claridad para los inversionistas. Acá todos están listos para reclamar por sus derechos, pero olvidan que tienen obligaciones.

¿Cómo ve los informes que ha publicado la Contraloría sobre minería en estos últimos años?

De los primeros libros que publicó la Contraloría sacamos un contrainforme que mostraba muchas de las cosas que decía la entidad no eran ciertas. Además, no es la Contraloría la que hace esos informes sino que los contrata con personas externas que tienen un sesgo. Pregunto: ¿la Contraloría debe vigilar cómo se manejan los recursos del Estado o tiene que definir una política minera y ambiental?

Igual, si le corresponde o no, son informes que parten de información pública...

Ahí tengo mis dudas y voy a hablar de los dos últimos informes. Uno trata el tema contractual y de regalías y el otro el tema ambiental. Respecto a lo ambiental, cuando los funcionarios llegaron a la zona les indicamos que la forma como estaban tomando las muestras era equivocada. El muestreo fue muy selectivo. Los geólogos querían hacer mucho más relevante la presencia de metales pesados. De hecho, contratamos un contramuestreo y encontramos algunas diferencias sustanciales en la presencia de algunos metales.

¿Y qué opina del último libro de la Contraloría, en el que se critica el contrato de La Loma?

Hay una falla grande cuando usted pretende criticar hoy lo que se hizo hace más de 20 años. Eso no tiene ningún sentido. Este es el único caso que he visto con un proceso de responsabilidad fiscal donde nos acusan por cumplir con el contrato. A Drummond, que asumió el 100% de la inversión y del riesgo, le tocaba construir un puerto y desarrollar un sistema de transporte. Lo que está diciendo la Contraloría es que el Gobierno negoció muy mal un componente de la fórmula del transporte. Claro: muchas personas pueden tener idea de cómo se debe negociar una fórmula, pero en ese momento a todos los implicados les pareció que era un contrato justo. Y Drummond cumplió con lo que se firmó.

¿Es cierto que la empresa no les permitió a los funcionarios de la Contraloría acceder a toda la información que necesitaban?

No sé a qué se refieren. Se les ha entregado todo lo que han pedido. Pero han empezado a pedir una serie de información donde, por ejemplo, dicen que necesitan que en el término de cinco días les enviemos una comunicación del 3 de abril de 1994, cuando ese documento se entregó a la autoridad minera en su momento y la ley dice que a nadie le pueden pedir documentos que reposan en las oficinas del Estado.

La Contraloría pidió que se revise y ajuste el contrato de La Loma pues dice que en la forma como está firmado el país dejó de recibir más de US$1.000 millones. ¿Qué opina?

Es una propuesta muy poco conveniente porque se envía el mensaje a los inversionistas de que en el país no hay estabilidad jurídica. Si yo firmé un contrato hace 20 años y lo cumplí, por qué ahora me van a cambiar las reglas.

Los investigadores del informe dicen que con esos US$1.000 millones se hubiera financiado otro plan de viviendas gratis...

Pues están haciendo cuentas alegres. Yo le puedo decir que si Drummond hubiera pagado el 20% y no el 15% de regalías de pronto hubiéramos pagado gran parte de la deuda externa de este país. Pero ese ejemplo de las viviendas no tiene ninguna base lógica.

El contrato de La Loma vence en 2019. ¿En qué van los trámites para prorrogarlo?

La solicitud de la prórroga la presentamos en 2007 y el proceso está quieto. La Contraloría dice que no tenemos derecho a prórroga, pero tenemos la opinión de diversos abogados que nos dicen que sí.

La Contraloría asegura que han intentado aprobar de forma subrepticia la prórroga...

Eso es totalmente falso. Nosotros jamás hemos hecho nada a escondidas ni en reuniones privadas. Todo ha sido público.

Cuando llegue la hora cero de la negociación de esa prórroga, ¿estarán dispuestos a reformular el contrato?

Claro que habrá temas que tendremos que renegociar. En este momento estamos a la expectativa de ver qué es lo que nos piden. Anticiparnos es muy difícil. Pero si van a poner unas condiciones imposibles no va a ser atractivo para la Drummond sino para cualquier otro inversionista.

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