:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/W_IyN7ciBp5pFAmx0c8LrxcyjQQ=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/FTGCPQFWOBASZNB4JH5R7LY6DI.jpg)
La semana pasada, y después de mucho apretar, el Congreso de la República aprobó en último debate la Ley de Páramos, la base de la política pública para proteger estos ecosistemas únicos en Latinoamérica.
Pero un artículo introducido a última hora inquietó al sector ambiental y despertó preguntas para el sector financiero. Se trata del artículo 26, que revive el espinoso asunto de la designación de recursos financieros para la protección ambiental con el dinero del recaudo del Impuesto al Carbono.
El artículo modificaría el Artículo 223 de la Reforma Tributaria, que establece que los recursos recaudados por el Impuesto Nacional al Carbono se destinarán en su mayoría, para la paz, y no para el cuidado de las áreas protegidas, como estaba planteado originalmente. Las ONGs WWF-Colombia, Conservación Internacional Colombia, Wildlife Conservation Society (WCS) y Patrimonio Natural hicieron un llamado a no considerar este artículo un mico, sino una oportunidad para el país.
Pero el artículo sigue despertando inquietudes en el sector ambiental.
Como quedó aprobada por el Congreso, la nueva Ley de Páramos dicta que el 70% de los recursos por el recaudo del Impuesto al Carbono )que según el Ministerio de Ambiente ascienden a los $476mil millones) se destinarían “a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una paz estable y duradera con criterios de sostenibilidad”, un 25% “se destinará al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el manejo de la erosión costera, la conservación de fuentes hídricas y la protección de ecosistemas, entre otras” y un 5 % para el Fondo Herencia Colombia, que busca financiar permanentemente el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia. La plata entraría a través del Fondo Colombia en Paz.
Palabras más, palabras menos: el 70% de la plata se va para el posconflicto, con lineamientos ambientales, y el 30% restante para protección ambiental.
El tema no es nuevo. El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Ambiente se pelean desde febrero de este año por dos párrafos que están en entredicho, y que le quita poder al Ministerio de Ambiente.
El grueso de la pelea, en pocas palabras, es porque el decreto que reglamenta la distribución de los recursos del impuesto al carbono, dice que el 25% del recaudo “se destinará al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible al cumplimiento de metas ambientales” y “el 75 % del recaudo del Impuesto Nacional al Carbono, se destinará a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera con criterios de sostenibilidad”, pero como quedó redactado en el documento que está colgado en la página del Ministerio de Hacienda, dice: “Se destinará al cumplimiento de metas ambientales”, y en el segundo párrafo de conflicto, se eliminan las palabras “con criterios de sostenibilidad”.
Es decir que, sin el Ministerio de Ambiente en el llavero, y con menos especificidad en la inversión, la plata podría terminar en otros contratos que tengan más que ver con el posconflicto u obras de infraestructura que con la mitigación del efecto invernadero o a la protección de los 37 páramos del país.
Este también es la incomodidad de Manuel Rodríguez. Para el ex ministro de Ambiente y profesor de la U. de los Andes, que el 70 % de lo recaudado se destine al posconflicto “con criterios de sostenibilidad” es inquietante porque asegurar recursos para la sostenibilidad ambiental no es lo mismo que asignarlos a la protección ambiental. “Una escuela o una carretera pueden cumplir con esos requisitos”, dijo. Él y otras personas denunciaron en Twitter el artículo como un “mico”. (Lea también: ¿Hubo o no mico en la Ley de Páramos?)
Pero la postura de estas ONG coinciden más con la del viceministro de Hacienda, Andrés Velasco, la acusación sobre el “mico” en la Ley de Páramos es injusta. Velasco insiste en que las críticas son injustas pues ellos están convencidos de que el dinero recaudado debe invertirse con criterios ambientales. “Ahí ya está la plata para el sector. Lo que quedó faltando es precisar que el 100% debe seguir lineamientos ambientales. Eso se puede sacar con un decreto reglamentario tan rápido como la ley sea sancionada”, dijo a El Espectador. (Lea también: "Impuesto al carbono costó mucho y ahora nos dan palo": Ministerio de Hacienda)
“Las organizaciones firmantes instamos a que este Artículo no sea visto como tal, pues consideramos que conlleva, por el contrario, una significativa ganancia tanto para los páramos como para el sector ambiental de nuestro país”, dice la carta que apoya la nueva Ley de Páramos.
Mauricio Cabrera, de WWF, una de las organizaciones que apoya la Ley, teme que le resten importancia a la Ley de Páramos (cuyo debate fue aplazado varias veces en el Congreso hasta que hubo que ejercer cierta presión mediática para que la aprobaran). Alberto Galán, director del Fondo Patrimonio Natural, ya había dicho anteriormente que mas allá de una discusión sobre el manejo de los fondos, la situación exige pensar soluciones creativas que permitan atender los retos de la paz y al mismo tiempo solucionar problemas ambientales. (Lea también: Impuesto al carbono se lo sacaron del bolsillo a MinAmbiente)
No obstante, las organizaciones sí instan a que se definan cuánto dinero recibirá las Corporaciones Autónomas Regionales, Parques Nacionales y municipios con jurisdicción en zonas de páramos por las transferencias del sector eléctrico: “de las 27 corporaciones que reciben transferencias del sector eléctrico, en 11 de ellas hay presencia de paramos e hidroeléctricas”.
Lea la carta completa de las ONG aquí