Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Procuraduría y la Defensoría realizaron un informe para evaluar el avance del Gobierno en cuanto al cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que tiene como objetivo avanzar en la delimitación de este ecosistema.
El Informe Nacional: Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio en Colombia, como detallan las entidades en un comunicado, “refleja una serie de preocupaciones y situaciones críticas que han afectado gravemente la ejecución de las disposiciones de la Corte, las cuales buscan garantizar la protección de este ecosistema estratégico y los derechos de las comunidades que dependen de él”.
De acuerdo con las entidades, el Ministerio de Ambiente, por tercera vez, se dio a la tarea de elaborar y presentar un cronograma para avanzar en la delimitación del páramo en las jurisdicciones de Santurbán y Berlín. Sin embargo, según advierten, la cartera ha incurrido “en un evidente incumplimiento de este cronograma”.
En la sentencia, se le otorgaba al ministerio un plazo de año para la emisión del acto administrativo de delimitación. Sin embargo, como detalla el informe, ya han transcurrido siete años desde la emisión del fallo judicial y no se ha avanzado en la labor.
Hasta el momento, se tenía previsto llevar a cabo 30 mesas de trabajo, las cuales estaban previstas para el presente periodo en el cronograma. Pero, solo se realizó una, que fue en el municipio de Suratá. “Esto equivale a un avance del 3.33% respecto a lo programado”, advierten las entidades.
A los ojos de las entidades, el bajo nivel de cumplimiento del cronograma, además de vulnerar los derechos de las comunidades, se traduce en un incumplimiento de los compromisos adquiridos ante la Corte Constitucional.
Otra de las alertas emitidas en el informe se centra en la situación ambiental registrada en la zona y que está marcada por la minería ilegal y la contaminación por mercurio de estas fuentes hídricas. En la actualidad, se ha superado hasta 40 veces los límites internacionales permitidos, resalta el informe.
Frente a esta situación, la Procuraduría y la Defensoría le pidieron al Tribunal Administrativo de Santander no otorgarle al Ministerio de Ambiente más extensiones y que las actividades del cronograma final se puedan desarrollar en los tiempos acordados.
Cabe recordar que en el Auto de apertura del incidente de desacato del 22 de noviembre de 2024, la cartera propone un nuevo cronograma que extiende, por un año adicional, el plazo para la emisión del acto administrativo de delimitación.
Ambas entidades también le hicieron un llamado urgente al Tribunal “para que se tomen medidas inmediatas y efectivas que aseguren el cumplimiento de las órdenes judiciales; recomendando además, imponer plazos estrictos, un seguimiento riguroso y la evaluación de la adopción de medidas sancionatorias por el incumplimiento reiterado del cronograma propuesto por el ministerio”.
🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜